La realidad llama a la puerta de Zapatero

La realidad de los hechos, que no la realidad virtual de las encuestas que es una estimación de lo que percibe la gente pero en modo alguno una constatación de lo ocurrido. Esa realidad es la que se traduce en las dificultades que empieza a haber en toda España a la hora de adquirir determinados bienes. La gasolina empieza a escasear, y los camiones dificultan -cuando no impiden por completo- el tráfico rodado allí donde estiman que pueden causar mayor trastorno. Aunque la peor parte, de momento, se la han llevado las dos primeras víctimas de esta huelga: un “piquete” atropellado mortalmente en Granada, y una persona herida por el incendio -intencionado- de su camión en Alicante, cuando se hallaba pernoctando dentro de él. La tensión aflora. Son muchos los nervios de los ciudadanos tomados como rehenes, en una huelga que comienza a adquirir visos de descontrol. Sean cuales sean los beneficios a obtener, no pueden enmascarar la gran cantidad de perjuicios ocasionados hasta el momento.

Por citar una comunidad autónoma, en Galicia hay tres sectores especialmente afectados: automoción, ganadería y apicultura. Peugeot Citröen, en Vigo, ha tenido que parar gran parte de su cadena de montaje por la ausencia de suministros. Las granjas lecheras ven cómo su producción láctea se pierde por no tener quien la recoja y procese. Y Coren, la primera empresa avícola del país, que gestiona más de 250.000 aves diarias, se halla en una situación delicada de abastecimiento. Esto es extensible al resto de la geografía nacional, donde las estanterías de supermercados y tiendas de alimentación cada vez aparecen más despobladas. Y todo ello, por la actitud de unos huelguistas que, independientemente de la justicia o no de sus reivindicaciones, pierden la razón ante una forma de actuar semejante. Hay quien dice que una protesta ha de llegar al ciudadano para que adquiera notoriedad, ya que si no, pierde fuerza. Siendo discutible tal afirmación, sí es cierto que hay modos y modos de manifestarse, sin trastocar el devenir cotidiano de un país entero. El Gobierno podrá tener más o menos flexibilidad negociadora, pero lo que no puede es conculcar la ley. Y aceptar la principal demanda de los transportistas sería hacerlo, pues la tarifa mínima obligatoria es ilegal según la normativa comunitaria. Por tanto, inviable. No obstante, lo que debe hacer el Gobierno es procurar poner fin al conflicto lo antes posible, y sobre todo, garantizar el derecho a la libre circulación de personas y mercancías. Gobernar es también eso.