Trias niega malversación en el pago del alquiler del "banco expropiado"

El presidente de grupo municipal de CiU, Xavier Trias, ha comparecido ante la prensa para comentar la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía de Barcelona para averiguar si cometió un delito de malversación por pagar a la inmobiliaria propietaria de la finca el alquiler del local ocupado, que ascendía a 65.500 euros al año.

"Todo lo que está pasando nos está dando la razón", ha señalado el exalcalde en relación al conflictivo desalojo del local, que ha originado ya varias noches de disturbios en Gràcia, y ha explicado que su gobierno tomó la decisión de pagar un año de alquiler "para ganar tiempo para buscar una solución que no llevara a esta situación de violencia de estos días".

"Era la solución menos mala", ha apuntado Xavier Trias, ya que los informes, ha dicho, indicaban que el desalojo, previsto para finales de 2014, sería "muy conflictivo por lo emblemático del local" (una antigua oficina de un banco rescatado con fondos públicos) y por las simpatías que generaba en su entorno y en el movimiento okupa.

Trias ha ofrecido "máxima colaboración para aclararlo todo" a la Fiscalía y ha eludido especular sobre porque ha abierto una investigación ahora, cuando los hechos ya eran conocidos. En este sentido, se ha limitado a comentar que el tema ahora se ha convertido en "mediático" y que algunos políticos "hablan con ligereza" y "usan expresiones equivocadas".

El exalcalde ha asegurado que, en ningún caso, se pensaba alargar el contrato de alquiler mas de un año y que la fórmula fue "provisional, excepcional y limitada en el tiempo", porque es un grupo okupa que no causa molestias al vecindario, tiene una buena integración y es un edificio emblemático.

Ha justificado que no se informase a los okupas de que el ayuntamiento pagaba un alquiler por el inmueble "porque no era un decisión a favor de ellos" y ha indicado que lo hizo en julio pasado, después del cambio de gobierno municipal, porque entonces la resolución del conflicto había dejado de ser responsabilidad suya.

También ha reconocido que no consiguió la interlocución que pretendía con los ocupantes del "banco expropiado" porque, en su opinión, el mundo okupa no la admite y solo se pueden tener contactos indirectos con estos grupos "con la participación discreta de personas ajenas".

Sobre el precio del alquiler, 5.500 euros mensuales, el alcalde ha señalado que es el que se pudo pactar, pero que responde a los criterios técnicos de patrimonio y que el expediente de contratación es "impecable técnica y jurídicamente".