Cesiones y concesiones del Gobierno

Ha sido esta una semana extraordinaria, testigo de uno de esos episodios en que la trama normal de los asuntos humanos se quiebra y en la ruptura se aparecen las miserias ocultas tras del trasiego cotidiano. Los transportistas han visto mermar sus beneficios, en ocasiones hasta esfumarse, con la imparable subida del carburante. Una parte de ellos ha decidido lanzarse al cierre patronal, y han mirado al Gobierno para que les ofrezca soluciones. Es la primera de las miserias, porque el Gobierno no debería estar para enjugar las pérdidas que se derivan de los avatares del mercado. Beneficios y pérdidas son, ambos, parte del juego del mercado. Son señal de éxito y error, recompensa y castigo de las empresas, en función de su capacidad de atender adecuadamente y sin costes muy onerosos para la sociedad.

Pero aún hay más, porque el cierre patronal se ha acompañado de la violencia. Y si el Gobierno no está para salvar empresas o sectores en ruinas, sí es su deber velar por el libre ejercicio de los derechos (entre ellos, la libre circulación de los ciudadanos) y reprimir los comportamientos violentos. Y optó por la inacción; por la dejación de sus funciones. Pero, por desgracia, aún tendríamos que ver más comportamientos inadecuados. Pues Rodríguez Zapatero, que había desaparecido en los peores momentos, tenía que comparecer ante las cámaras el jueves, en compañía del presidente mexicano Felipe Calderón, y para entonces no quería aparecer con las carreteras cortadas, los mercados desabastecidos y el descontrol como marca del Gobierno. Tras tres días de inacción, Rubalcaba sacó a los policías a hacer cumplir las leyes. Y Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, tenía que llegar con celeridad a un acuerdo que se había resistido en los días previos. Y la prisa socava al negociador.

Todo ello explica las cesiones -unas razonables, otras claramente sesgadas- que ha hecho el Gobierno a este sector empresarial, como bonificaciones muy importantes en los impuestos sobre actividades económicas o sobre las primas de seguros o en el pago a la Seguridad Social. El único punto importante en que el Ejecutivo ha hecho gala de no haber cedido es en el reconocimiento de una “tarifa mínima”. Pero, si bien por un lado no podría haberlo concedido porque va contra la letra de las leyes europeas, por otro ha hecho una concesión semejante, ya que el Gobierno prevé que se incluya una cláusula de revisión obligatoria de la tarifa acordada entre las dos partes en función del aumento de los costes del carburante.

El Gobierno no se ha manejado bien en este asunto y ha ofrecido una mezcla de indecisión y debilidad que desanima al ciudadano común y alienta a los grupos particulares que pueden pensar que con presión y violencia se consigue inclinar a su favor el desbordante poder del Ejecutivo.