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LA LEY ELECTORAL

martes 05 de julio de 2016, 11:00h
Sin modificar una coma, reproducimos a continuación el artículo que con este título publicó Luis María Anson en...
Sin modificar una coma, reproducimos a continuación el artículo que con este título publicó Luis María Anson en El Imparcial el 23 de enero de 2008, hace ocho años y medio. Tras este artículo, reproducimos dos “canelas finas” publicadas en El Mundo los días 16 de junio y 13 de octubre de 2015.


“Con una ley electoral como la francesa, Carod Rovira no habría pasado de ser un estudiante de preuniversitario pegando carteles incendiarios e independentistas en los muros catalanes. Con la ley anticuada y tórpida que padecemos, el líder de ERC no sólo ha condicionado la política catalana sino también, con un porcentaje ridículo de votos nacionales, la española.

En 1977, el sistema proporcional adoptado tenía sentido porque, tras cuarenta años de dictadura, había que dar juego a las distintas voluntades políticas. Después debió establecerse un sistema por circunscripciones como en Inglaterra o mayoritario a doble vuelta como en Francia. No fue así. A partir de 1983, dediqué yo numerosas portadas del ABC verdadero a exigir la reforma de la ley electoral. Aquella campaña caló profundamente pero no tuvo éxito por el cerrilismo de algunos políticos y no precisamente de la izquierda.

Hoy es ya un clamor general la idea de que, para la estabilidad de España, resulta imprescindible la reforma de la ley electoral. Eso exige el pacto entre el PP y el PSOE y no parece que ni Rajoy ni, sobre todo, Zapatero estén dispuestos a dar facilidades en una cuestión clave para el bien común de los españoles”.

DOBLE VUELTA
(16 junio 2015)

“Ciudadanos y Podemos, bonitos motes, nuevos grupos que intentan chupar del bote”. La sabiduría popular se había anticipado al verdadero objetivo de los partidos de Albert Rivera y Pablo Iglesias. Estamos asistiendo en vivo y en directo a la radiante integración de Ciudadanos y Podemos en los entresijos de la clase política española y de la casta sindical. De Podemos se siguen ya, por añadidura, las huellas fugitivas de impetuosos casos de corrupción; de Ciudadanos, la penosa impresión del chantaje político. Un sector de las nuevas generaciones, asqueadas por la podredumbre de los grandes partidos políticos y de las centrales sindicales, ha votado con entusiasmo descriptible a Podemos o a Ciudadanos con la esperanza de regenerar el sistema. Lo que han conseguido es instalar en la vida autonómica y municipal una alarmante inestabilidad que paralizará, muy probablemente, una parte de la prosperidad española.

Por doloroso que sea afirmarlo así, el responsable de la actual situación es el Gobierno del PP, que ha acertado en la gestión económica y se ha equivocado en la acción política con errores tremendos entre los que no es el menor la lenidad para reformar la ley electoral. Está claro que si se quería mantener la estabilidad del sistema era necesario modificar la fórmula de elección en España. Desde hace dos años, somos muchos los que hemos advertido de lo que podía pasar -que es lo que ha pasado- si se mantenía el sistema actual, a la vista del asco con que las nuevas generaciones distinguen a la clase política y la casta sindical. El sabio Pedro Arriola y su discípulo predilecto Rajoy dijeron que sin consenso no se debía mejorar la ley electoral y que, además, no había peligro de que se fragilizara la estabilidad porque los de Podemos eran unos frikis y los de C’s, insignificantes.

Desde la mayoría absoluta, sin consenso o con él, ahora está bien claro que Rajoy debió modificar la ley electoral, no estableciendo que gobierne el partido que gane porque frente a una mayoría de concejales o de diputados es muy difícil hacer una gestión eficaz. La situación española estaba pidiendo a gritos el establecimiento de la segunda vuelta, del balotaje que funciona en numerosas naciones y que es el más democrático de los sistemas electorales.

Si en las recientes elecciones autonómicas y municipales hubiera sido obligatorio acudir a una segunda vuelta, la ciudadanía habría votado entre los dos partidos vencedores y el mapa de España sería hoy mucho más estable y democrático. Pero desde la altivez de la mayoría absoluta se produjo la ceguera del Gobierno Rajoy, que mostró su desdén a modificar la ley electoral. Y ahí están los resultados. Si el ciudadano medio no reacciona a tiempo, las elecciones generales podrían reproducir lo ocurrido en las autonómicas y municipales. Y lo peor no es el descalabro del PP, al que hemos asistido en otras ocasiones como corresponde a la alternancia democrática. Lo peor es el resquebrajamiento del PSOE que, salvo que se recupere a tiempo, no será alternativa, ya que en un hipotético Frente Popular ampliado, aunque lo presidiera, estaría dominado por Podemos. La agrupación del inteligente y zumbón Pablo Iglesias es el nuevo partido comunista del siglo XXI, que ha fagocitado al histórico, enmascarado en Izquierda Unida, y que se dispone a zamparse ahora a mesa y mantel al PSOE”.

EL BIPARTIDISMO, AMENAZADO
(13 octubre 2015)


“Hace tres años, Mariano Rajoy debió proceder a la reforma de la ley electoral en consenso con el Partido Socialista Obrero Español. No lo hizo porque quería establecer el principio de que gobierne el que gane y los socialistas no estaban de acuerdo. El presidente popular pudo aceptar la fórmula del sentido común que es la doble vuelta para las elecciones autonómicas y municipales. No lo hizo por consejo de Pedro Arriola, que es hombre muy seguro en sus errores. Y el batacazo de la primavera pasada fue de primera magnitud. El Partido Popular lo perdió casi todo porque el vencedor de las elecciones no es el que gana sino el que gobierna. Con la doble vuelta, Mariano Rajoy hubiera conservado el 60% del poder autonómico y municipal; el PSOE estaría en el 30% y Ciudadanos y Podemos habrían desaparecido.

En lugar de eso hemos asistido al chantaje implacable que los dos partidos minoritarios han ejercido sobre los dos mayoritarios. Y lo que es más grave para PP y PSOE: tanto Podemos como Ciudadanos van a jugar un papel relevante en las elecciones generales del 20-D. Los “frikis” de Podemos y los “insignificantes” de Ciudadanos, según la arriólica definición, se disponen a escalar altas cotas de poder.

Y todo ello en medio de una consideración general sobre la bondad del multipartidismo y la conveniencia de aplastar el bipartidismo, ese bipartidismo que ha dado a España tres largas décadas de libertad y prosperidad. La experiencia democrática del último siglo demuestra a las claras en las democracias occidentales, salvo alguna excepción menor, que la gobernabilidad de una nación está en función de la alternancia de dos grandes partidos. Charles De Gaulle estableció la doble vuelta para superar el caos de la IV República, que se hizo ingobernable. La ley d’Hondt se ha establecido para favorecer a los dos partidos mayoritarios y evitar el colapso producido por la atomización de los resultados electorales. Es verdad que en las últimas elecciones generales al PP le costó 40.000 votos el diputado y a IU, 300.000. Pero la ley D’Hondt es una fórmula que facilita la gobernabilidad aunque ofenda a los minoritarios. En Grecia, incluso, se otorga al partido vencedor la prima de 50 diputados para garantizar una gobernación estable.

En las grandes naciones, desde Estados Unidos a Alemania, desde Japón al Reino Unido, el bipartidismo es un hecho. Ciertamente existen terceros partidos que condicionan los posibles abusos de los vencedores, pero está claro que un sistema proporcional sin correctivos termina por hacer imposible gobiernos razonables y estables.

Gane quien gane las próximas elecciones, se impone, según la opinión de muchos, una reforma de la ley electoral que robustezca el bipartidismo e impida por lo menos a escala autonómica y municipal los chantajes corrosivos a los que hemos asistido en los últimos meses. Hoy por hoy no es políticamente correcto decir esto porque la voracidad económica y las corrupciones tanto del PSOE como del Partido Popular han provocado en la opinión pública el asco generalizado. Sin embargo, la Historia ha dado suficientes lecciones a lo largo del siglo XX y España no debe caer en la trampa de la estéril fórmula proporcional”.