Daños colaterales de la huelga

Poco a poco, la calma se va adueñando de tiendas y mercados, tras el paro que han protagonizado algunos transportistas, paralizando medio país. Técnicamente, no ha sido una huelga strictu sensu, ya que muchos de los camioneros eran propietarios de su camión y cotizaban como autónomos; por tanto, empresarios. Es importante hacer este matiz, porque no resulta justo meter en el mismo saco a conductores asalariados, que conducían porque ese era su trabajo, el cual no pudieron desempeñar libremente por causa la labor “informativa” de ciertos piquetes. Dicha labor, en más de un caso, fue llevada a cabo con ardor y violencia extrema, como atestigua el camionero quemado vivo por sus compañeros.

¿Y ahora, qué? Los transportistas han obtenido del Gobierno promesas y concesiones encaminadas a paliar su situación, pero la resaca de estos días ya ha empezado a pasar factura. Por lo pronto, las estanterías de supermercados y tiendas de alimentación empiezan a llenarse de nuevo, pero los precios de los productos perecederos se han disparado. En la industria del automóvil, las consecuencias han sido igualmente nefastas. Cadenas de producción paradas por falta de suministros, y EREs -expedientes de regulación de empleo- a la vista, debido a las pérdidas que la inactividad ha ocasionado. Este último aspecto es cuestionado desde los sindicatos, pero de lo que no cabe duda es que se trata de un problema originado por los transportistas y sus movilizaciones. En el sector hortofrutícola, puntero en nuestro país, se han echado a perder toneladas de fruta y verdura. A esto hay que añadir que los clientes no servidos han acudido a países que son competencia de España, con lo que el perjuicio es aún mayor. Y a título anecdótico, exposiciones, conciertos y demás eventos culturales cancelados o retrasados por el mismo motivo. ¿Era necesario todo esto? Nadie ponía en duda muchas de las reivindicaciones de los transportistas, pero las consecuencias de sus protestas han causado un daño excesivo a todo el país. Ahora es momento de que cada uno asuma sus responsabilidades. El Gobierno tiene que reflexionar sobre si su actuación se produjo demasiado tarde, cuando el daño estaba ya hecho. Y el colectivo de transportistas involucrados debe entender que, para obtener mejoras propias, no pude causarse tanto perjuicio colectivo. Y de paso, asumir las consecuencias legales que se deriven de sus acciones.