El pasado mayo el barcelonés barrio de Gracia se convirtió en un auténtico escenario de guerra con la batalla campal entre los Mossos d’Esquadra y un nutrido grupo de okupas, apoyados por cientos de manifestantes antisistema. Los disturbios, que se saldaron con numerosos heridos, pusieron de manifiesto que Gracia es un epicentro del movimiento okupa que actúa cada vez con mayor violencia. Desde que los okupas fueron desalojados de la sucursal bancaria que habían tomado, manifestaron su intención de volver a “okuparla”. Ahora, en medio de las fiestas de Gracia, han vuelto a la carga.
El colectivo que se autodenomina Banc Expropiat acaba de asentarse en otra antigua sucursal, a escasos metros de la que fueron desalojados, y que consideran su ubicación provisional, pues amenazan con volver al espacio primitivo. Ante este nuevo desafío okupa, el Ayuntamiento de Barcelona ha reaccionado con la comprensión que le viene caracterizando respecto a un movimiento que no solo actúa contra la legalidad sino que es fuente de problemas y altercados allí donde se instala. El Consistorio barcelonés ha dicho que su papel no es hacer de juez y que esperará a ver cómo evolucionan las cosas, subrayando la importancia del diálogo para solucionar la cuestión.
Nos preguntamos si el Ayuntamiento se refiere al tipo de “diálogo” que practican los okupas cuando dan una patada en la puerta y entran violentamente en el lugar que les viene en gana conculcando el derecho constitucional que consagra el respeto a la propiedad privada. No es casual que Barcelona sea un destino predilecto de los okupas. Su alcaldesa, Ada Colau, ha hecho siempre gala de su tolerancia frente a ellos. Esta permisividad de Colau que no solo consiente a estos grupos antisistema, sino que de alguna manera les ampara -la alcaldesa ha llegado a decir que tienen reivindicaciones legitimas y les facilita locales municipales-, supone que se establezca una inseguridad jurídica que, entre otras nefastas consecuencias, aleja las inversiones y lo que estas implican de progreso y puestos de trabajo.
La oposición municipal del PP y de Ciudadanos ha exigido tolerancia cero para los okupas. Pero ante la postura de Colau y de su equipo claman en el desierto. Lamentablemente para Barcelona que va camino de ser la capital de la okupación, gracias a Colau, el “ada” de los okupas.
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