Desde el Brexit no han dejado de sucederse acontecimientos en Reino Unido en contra de los inmigrantes. Dentro de esta larga cadena de sucesos para frenar la inmigración se encuadra el reciente anuncio por parte de la ministra del Interior, Amber Rudd, -quien había defendido con ahínco la permanencia de Reino Unido en la UE- de un endurecimiento de las condiciones a las empresas para contratar trabajadores extranjeros, en aras de asegurar que no quiten empleos que podrían ser realizados por los ciudadanos británicos.
Se apuesta así por una inmigración selectiva centrada en cubrir los posibles nichos del mercado laboral. Nada más. Las medidas incluyen incluso la obligación para las empresas de tener que publicar el número de trabajadores extranjeros que emplean y para los estudiantes extranjeros la necesidad de tener que pedir visados, complicándose su concesión cuando la solicitud se hace a unas universidades que no son punteras en Reino Unido. Ello no solo pone en peligro la gran industria educativa en el país sino que pone en entredicho la viabilidad de los centros universitarios que no pertenecen a la élite de la educación en Reino Unido.
No menos importante es que para que estas medidas no queden en palabrería o en una mera declaración de buenas intenciones, ello va acompañado de una dotación de 140 millones de libras para un “fondo de control de la migración”.
Recordemos que el sistema de visados para trabajadores no europeos ya se había endurecido con anterioridad, cuando la cartera de Interior la ocupaba la propia Theresa May y ahora parece estar dándose un paso más en esa misma dirección de cerrar la entrada de inmigrantes en Reino Unido, a sabiendas de que uno de cada cuatro se traslada allí para estudiar, gracias a haber recibido una formación sólida y aceptable.
Hay que aplaudir que las medidas anunciadas hayan provocado una rápida y enérgica reacción entre universidades y empresarios, incluidas cámaras de comercio británicas, dejando claro el distanciamiento con May, sobre todo, por sus poco racionales planes de ruptura con la UE que, quiere poner en marcha durante la primavera de 2017.
A la vista de estos acontecimientos, las universidades se han visto obligadas a recordar que el alumnado internacional es esencial para la competitividad global de los centros y que los estudiantes no comunitarios contribuyen en términos netos a la economía británica con 8.000 millones de libras (9.300 millones de euros) y su presencia genera cerca de 140.000 empleos en todo el país. Los estudiantes extranjeros suponen 167.000 de los 600.000 nuevos inmigrantes que llegan cada año.
Cabe plantearse seriamente si todas estas medidas pueden ser tachadas no sólo de antieconómicas sino, lo que es peor, de xenófobas. En mi opinión, se trata de planes draconianos que, con razón, han sido criticados por la oposición laborista e incluso por la Comisión Europea por fomentar “la xenofobia y el racismo”.
Me parece realmente peligroso y signo de la equivocada dirección que tomó el discurso de Theresa May, el hecho de que éste fuese ensalzado desde Francia por la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, quien se quedó prendada con una de las frases que estremece recordar: “Si crees que eres ciudadano del mundo, eres ciudadano de ninguna parte”. Detrás de este gélido mensaje, en realidad, se encuentran los dos millones de ciudadanos de otros países de la UE que residen actualmente en Reino Unido.
Mucho más razonable resulta ser la posición de Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista, o del diputado laborista Paul Blomfeld, cuando defienden a los inmigrantes y rechazan este discurso del odio y de la xenofobia que termina por culpabilizar a los extranjeros de todos los males de Reino Unido. Pensemos en las declaraciones del ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, quien por su parte anunció una serie de medidas para reducir la dependencia del servicio nacional de sanidad de trabajadores extranjeros.
Puede ser legítimo el intento de reducir el número de inmigrantes netos que llegan a Reino Unido de los 327.000 actuales a 100.000 pero lo que no se puede es estigmatizar al inmigrante como si él no fuera parte de ese motor de crecimiento del país.
Theresa May debería reflexionar sobre sus planes y tomar en serio el aviso hecho por la canciller alemana Angela Merkel de que el acceso de Reino Unido al mercado único tras el Brexit vendrá condicionado por la aceptación del principio de la libertad de movimientos. Lo que es cierto es que a día de hoy nadie cree ya en las promesas de Theresa May a favor de lograr “un Reino Unido global”.
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