El Gobierno y el PSOE pactan un déficit autonómico del 0,6 % para el 2017

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la nueva senda de consolidación fiscal para los próximos años y un objetivo de déficit autonómico del 0,6 por ciento del PIB para 2017, con el voto en contra de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, este órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha dado también el visto bueno al techo de déficit autonómico para este año, que se sitúa en el 0,7 por ciento.

Además, para el 2018 el tope de déficit de las comunidades será del 0,3 por ciento, según han informado a Efe fuentes presentes en la reunión.

Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria son fruto de una acuerdo previo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, según han confirmado a Efe fuentes socialistas, que han vinculado con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría además una subida del salario mínimo interprofesional, entre otros temas.

También se está hablando en el Consejo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, y en este sentido, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que se estrena en este tipo de reuniones, ha emplazado a los consejeros a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo mes de enero, aunque por ahora sin fecha precisa.

Algunas comunidades, especialmente las gobernadas por el PSOE, han insistido en que se acometa esta tarea con "urgencia" para asegurar una adecuada financiación y prestación de los servicios públicos esenciales, que es algo que requiere una reforma "profunda" y no sólo medidas específicas, como la subida del techo de déficit de año que viene al 0,6 por ciento.

Acuerdo Gobierno-PSOE

El Ejecutivo y el PSOE habían acordado fijar el objetivo de déficit de las autonomías en el 0,6 por ciento para 2017, porcentaje que será aprobado este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pese a que algunas comunidades socialistas apuestan por elevarlo al 0,7 por ciento. Fuentes socialistas han confirmado este acuerdo, que han vinculado con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría además una subida del salario mínimo interprofesional, entre otros temas.Las mismas fuentes han recalcado que la aceptación de este porcentaje, así como el acuerdo en torno al aumento del salario mínimo interprofesional, no anticipa ningún pacto o acercamiento sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni sobre el techo de gasto. Es más, los negociadores socialistas han trasladado al Gobierno en las últimas conversaciones que, si el Ejecutivo no altera el techo de gasto previsto, su voto será en contra.

Así que, tras varias reuniones, el Gobierno, representado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propondrá que las comunidades se ajusten el año que viene a un déficit del 0,6 por ciento del PIB, lo que supone varios miles de millones de euros más en las arcas autonómicas.

Las comunidades gobernadas por el PSOE se abstendrán en la votación, lo que garantiza que la cifra vaya en próximas fechas al Congreso para que se apruebe. Los gobiernos autonómicos, además, contarán con el referente principal para hacer sus presupuestos del año que viene. Cada comunidad dispondrá de más dinero en 2017 (algunos consejeros como los de Castilla-La Mancha, Andalucía o Asturias la han concretado), que destinarán a políticas sociales, especialmente a Sanidad.

Las fuentes consultadas han recordado que el 0,6 por ciento del PIB es el umbral de déficit que ha ofrecido el Gobierno al no poder concitar el pacto en el 0,5 por ciento, que era su propósito inicial. Al mismo tiempo, el PSOE ha aceptado el 0,6, porque tampoco podía atraer el consenso a su idea: situar el déficit en el 0,7. De hecho, como han explicado consejeros de los gobiernos socialistas antes de acudir al Consejo, el planteamiento del PSOE consistía en que las dos décimas de flexibilización que había autorizado la UE recayeran íntegramente en las comunidades, cuyos presupuestos son los que más han acusado la época de crisis.

Se consigue así "un acuerdo razonable" vinculado al aumento del salario mínimo interprofesional. Acuerdo que se ha fraguado en la víspera del Consejo después de varias reuniones de Montoro con el PSOE y con los presidentes y consejeros autonómicos. Tal y como han subrayado estos días fuentes gubernamentales, el objetivo pasaba por llegar al Consejo con un acuerdo cerrado.

Aunque las comunidades del PSOE, antes de la reunión, seguían insistiendo en la idoneidad de un déficit colocado en el 0,7 por ciento del PIB, diversas fuentes de las consejerías autonómicas daban por hecho que la cifra que saldría sería la del 0,6.

Consejo de Ministros

Con esto, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el techo de gasto del Estado y los objetivos de déficit del año que viene, así como algunas de las medidas fiscales con las que espera cuadrar las cuentas de 2017, que incluyen ahorros en la administración, un mayor control del fraude y subidas de impuestos.

Este conjunto de medidas constituye la estructura sobre la que se armarán los Presupuestos Generales del Estado, cuyo límite de gasto para 2017 será previsiblemente similar al gasto final de 2016, que rondará los 118.000 millones de euros, 5.000 millones menos de lo que se presupuestó inicialmente para este año.

Las medidas permitirán que las administraciones públicas alcancen el año que viene el déficit conjunto del 3,1% del PIB comprometido con Bruselas, una meta que para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,6% del PIB, que supone una décima más de margen frente a lo inicialmente estipulado.

Para contribuir al objetivo de déficit, el Ejecutivo llevará a cabo una reforma del Impuesto de Sociedades -eliminando bonificaciones y ensanchando bases- que proporcionará ingresos adicionales de alrededor de 4.500 millones, a los que se sumarán otros 200 millones procedentes de la subida de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, y de la adopción de un nuevo gravamen a los refrescos azucarados.

También se pondrán en marcha un conjunto de medidas para luchar contra el fraude en el IVA que permitirán recaudar otros 1.500 millones y que incluyen la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo, la puesta en marcha del sistema de información inmediato del IVA y el endurecimiento de los aplazamientos.

Además, el Ejecutivo prevé recaudar otros 1.000 millones para la Seguridad Social a través previsiblemente de la eliminación del tope a la cotización máxima, han contado fuentes parlamentarias.

A ello se unirá el ahorro de 900 millones del plan de transformación de la Administración Pública, anunciado ayer por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

En total son más de 8.000 millones de ajuste que deberían servir para que el Gobierno cumpla holgadamente los compromisos que tiene con Bruselas, adonde enviará la semana que viene una actualización del proyecto presupuestario que remitió en octubre y que incluirá todas estas iniciativas, ha confirmado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El gasto y los ingresos previstos para el próximo año se enmarcarán en un nuevo cuadro macroeconómico, después de que el propio De Guindos avanzara hace dos semanas una revisión al alza que eleva la previsión de crecimiento para este año al 3,2 % y para el año que viene al 2,5 %.