En un informe sobre los efectos económicos del envejecimiento, la agencia calcula que -de no tomarse medidas- el gasto se elevaría al 22 % del producto interior bruto (PIB) si se suma a las pensiones la parte del gasto sanitario y en dependencia que acarrea la mayor edad de la población.
Esta situación se producirá en un contexto en el que la población en edad de trabajar bajará del 66,9 al 53,4 %, mientras que los mayores de 65 años supondrán un tercio de la población total frente al 17,9 % actual.
Según S&P, si la caída de la fuerza laboral no se contrarresta con un aumento de la productividad, el crecimiento económico a largo plazo podría verse afectado. Para frenar los efectos del envejecimiento progresivo, la agencia propone medidas como eliminar exenciones a la cotización a la Seguridad Social, acometer cambios en el sistema impositivo o adelantar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad -prevista para 2019- que ajustará la pensión inicial a la esperanza de vida.