En defensa del castellano

El artículo 3 de la Constitución dice en su párrafo primero que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. “Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Acaba el citado artículo añadiendo que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Es éste uno de los preceptos más impecablemente redactados de entre los que componen nuestra Carta Magna, y también, uno de los más conculcados. La sinrazón nacionalista -con la inexcusable complicidad socialista- es la responsable de que los niños catalanes, vascos y gallegos no puedan ser escolarizados en la lengua oficial del Estado al que pertenecen. Ellos son los penalizados porque, desgraciadamente, al resto de los cuatrocientos millones largos de hispano-hablantes la astuta política nacionalista de “que se fastidie el capitán, que no como rancho”, les inquieta poco.

Persiguen el castellano con un furor inquisitorial. En Cataluña, por ejemplo, existe un cuerpo de delatores a sueldo, que se encargan de visitar tiendas y comercios y, allí donde detecten una referencia en castellano sin su homóloga catalana, sanción. Son funcionarios al servicio de la Generalidad de Cataluña, con un modo de proceder que recuerda sobremanera a los “familiares” del Santo Oficio o, para poner un ejemplo más cercano en el tiempo y al tema en cuestión, parecido a la vergonzosa política lingüista del franquismo. Eso sí, se han dado casos de rotulación en chino, inglés o urdu, pero tales acciones no son punibles a ojos del tripartito. Un importante grupo de intelectuales se ha rebelado contra semejantes prácticas, reclamando, por ejemplo, que la rotulación de calles, direcciones e instituciones se haga en dos idiomas, y no solamente en el autonómico, marginando al castellano. Teniendo un patrimonio cultural tan rico como es nuestra lengua, hablada en medio mundo, resulta difícil de entender determinadas conductas obtusas. Máxime, cuando tales conductas excluyentes y totalitarias atacan a derechos fundamentales de las personas. Y el derecho a expresarse en el idioma oficial del Estado es uno de ellos. La ignorancia es atrevida pero además –y conviene que los nacionalistas lo sepan- la discriminación lingüística es una de las conductas más rancias y reaccionarias con que nos enfrentamos. Como en todo en democracia, son los ciudadanos que no los territorios quienes tienen derechos.