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LA AUDIENCIA NACIONAL NIEGA LA SUSPENSIÓN DE LA CONDENA

La antigua cúpula de Novacaixagalicia, a la cárcel

Los exdirectivos de Novacaixagalicia Gregorio Gorriarán; el excopresidente Julio Fernández Gayoso; el exdirector general José Luis Pego; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada; y el abogado Ricardo Pradas, en el banquillo de los acusados durante el juicio por las indemnizaciones millonarias que se concedieron antes de abandonar la entidad bancaria.
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Los exdirectivos de Novacaixagalicia Gregorio Gorriarán; el excopresidente Julio Fernández Gayoso; el exdirector general José Luis Pego; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada; y el abogado Ricardo Pradas, en el banquillo de los acusados durante el juicio por las indemnizaciones millonarias que se concedieron antes de abandonar la entidad bancaria. (Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
lunes 16 de enero de 2017, 21:01h
La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia Banco condenados a dos años de cárcel por las prejubilaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad bancaria y que ascendieron a 14 millones de euros.

De esta manera, la sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la suspensión de la condena, confirmada por el Tribunal Supremo el pasado septiembre, por lo que se determina el primer ingreso en prisión para cumplir condena de antiguos responsables de una caja de ahorros.

La Audiencia Nacional ha valorado la gravedad de los hechos y que el propio Supremo, en su sentencia, considerara benévola la pena de dos años impuesta a los exdirectivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, así como al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y al asesor jurídico, Ricardo Pradas.

Además, para acordar el ingreso en prisión la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta también que los condenados no han devuelto el dinero que se fijó en sentencia y que tienen todavía causas pendientes con la justicia.

Para el Supremo, la pena de dos años de prisión resultaba "desproporcionada", no por su exceso al alza como alegaban las defensas sino "por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas a la que se ha hecho referencia".

No obstante, las prejubilaciones, que ellos mismos decidieron, se aprobaron en plena crisis económica y en el seno de un grupo que recibió más de 9.000 millones de euros en ayudas públicas y costó el contribuyente más de 8.000 millones.

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