Bolivia dividida

El pasado domingo, el departamento boliviano de Tarija aprobó en referéndum un nuevo estatuto autonómico, que otorgará una amplia libertad a la región, especialmente en la gestión de sus recursos económicos y naturales. Con este referéndum se cierra el ciclo de consultas promovidas por las regiones de la “media luna” que comprende Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija: en los últimos meses, estos territorios han aprobado de forma unilateral sus autonomías. Además, las provincias rebeldes han creado un nuevo órgano, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia.

Hasta el momento, la actitud del gobierno ha parecido dubitativa: mientras queda pendiente, inevitablemente, el referéndum de ratificación de la nueva Constitución, el presidente Morales ha convocado un “referéndum revocatorio” para el próximo 10 de agosto. El objetivo de esta consulta gubernamental es demostrar que el Presidente sigue poseyendo el respaldo de las urnas y por lo tanto, estaría legitimado a operar la profunda reforma institucional contenida en la nueva Constitución. Sin embargo, los prefectos “rebeldes”, juntos al de Cochabamba (que ha convocado un referéndum para septiembre) no parecen dispuestos a participar en esta nueva consulta.

La tensión entre dos diferentes visiones del país va subiendo y, poco a poco, el Presidente boliviano está perdiendo el apoyo territorial. Mientras los gobernadores opositores quieren firmar un “acuerdo de reconciliación nacional”, que reconozca sus autonomías, el gobierno apuesta por una consulta revocatoria, que certifique su mayoría. Sin embargo, la postura del gobierno parece poco decidida, no oponiéndose a la celebración de los cuatro referendos autonómicos consecutivos, a pesar de considerarlos ilegales y separatistas. El próximo referéndum de agosto podría convertirse en un nuevo desafío para el Presidente: sobre todo, no podrá permitir que en más de la mitad del país no se celebre. En caso de victoria, Morales podrá proceder de forma expedita a la aprobación de la polémica Constitución. Al contrario, en caso de fracaso del referéndum (como resultado o como participación), habrá que convocar nuevas elecciones generales. Sin embargo, es posible que el resultado plebiscitario no altere significativamente la correlación de fuerzas imperante en Bolivia. Frente a un alto riesgo de polarización política sobre base territorial, la solución a la crisis pasa por el dialogo.