La alcaldesa se ha reunido la tarde de este jueves con todos los grupos municipales para compartir la información de que dispone, que ha dicho que no era mucha, sobre la operación que la Guardia Civil lleva a cabo en Cataluña en las últimas horas y en la que ha detenido al exteniente de alcalde Antoni Vives (CDC) y al exgerente del ayuntamiento en la época de Xavier Trias, Constantí Serrallonga.

La alcaldesa de Barcelona ha rehusado hacer una valoración política de la operación y ha manifestado su respeto por la actuación judicial.

Además, ha asegurado que si se confirman acusaciones formales que impliquen al Ayuntamiento de Barcelona, este se personará en la causa, como ha pedido la CUP, y no ha descartado crear una comisión de investigación, como pide C's, siempre que no comporte interferir con la judicial.

Ada Colau ha asegurado que "carece de elementos" para poder relacionar la operación policial con el caso del 9N y ha manifestado respeto por la actuación y la independencia judicial y por el secreto de sumario y ha reiterado su disposición a la máxima colaboración con la justicia.

La reunión de la alcaldesa con los grupos se ha centrado mucho en facilitar los datos de que disponía Colau, aunque son escasos ya que el ayuntamiento no ha recibido ninguna información de la causa ni requerimiento, hasta el momento, sino sólo la empresa municipal BIMSA, a la que la Guardia Civil ha requerido cuatro expedientes del mandato pasado.

Varios dirigentes de la 'época Mas', en dependencias de la Guardia Civil

Por otra parte, al menos seis de los detenidos en la operación Pika sobre el caso del 3% han sido trasladados a comandancia de la Guardia Civil en Tarragona, entre ellos el tesorero de CDC, Andreu Viloca, y el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, si bien la mayoría de los 18 detenidos en la operación de este juevers han quedado en libertad, al menos seis de ellos están a la espera de pasar a disposición del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que mantiene el caso bajo secreto de sumario.

Además de Viloca y Vives, los otros detenidos que han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Tarragona son el exresponsable de asuntos jurídicos de CDC Francesc Sánchez y el exdirector general de Infraestructuras Josep Antoni Rosell, que fue destituido en el cargo tras su primer arresto por esta causa, en 2015.

Otros detenidos que también han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil son el exdirectivo de Copisa Francesc Xavier T. (imputado por la Audiencia Nacional por el supuesto pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola) y el delegado en Cataluña de Oproler, Josep Manel Bassols.

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