El Tribunal Supremo de Venezuela ha confirmado la condena a 13 años y nueve meses de prisión de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado tras un juicio farsa y una sentencia disparatada. En realidad, la sentencia y el juicio solo pueden comprenderse desde la lógica perversa de un régimen totalitario como el que padece Venezuela: el sistema judicial no es una defensa frente al poder, sino que es la garantía de su impunidad y su permanencia. La ley se concibe más como un instrumento al servicio de la revolución chavista -por respeto a Bolívar no diré “bolivariana” - y no como una norma que da seguridad jurídica y reconoce derechos.
A Leopoldo López lo han condenado por "instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio". Se trata de responsabilizar al líder opositor de los delitos cometidos por los propios chavistas al final de una marcha pacífica que él y otros opositores habían convocado para el 12 de febrero de 2014. Cuando la marcha terminó, la policía y las bandas chavistas sembraron el caos del que ahora pretenden culpar a López. Franklin Nieves, uno de los fiscales que acusaron al opositor, huyó del país y reconoció que lo habían presionado para presentar acusaciones falsas contra él. El desafuero es tan evidente que desde Felipe González hasta José María Aznar han pedido la libertad del condenado. Ahora, a Leopoldo López sólo le quedan las instancias internacionales.
En realidad, el sistema judicial de la Venezuela chavista y madurista es la forma más elaborada de afianzar la inseguridad jurídica para todos: especialmente para los opositores. Con ella, se cierra el ciclo que comienza con el señalamiento a través de los medios de comunicación, las amenazas, los seguimientos, las denuncias, la violencia verbal, los robos sospechosos, los allanamientos de morada, las detenciones, las torturas… Los métodos que el castrismo viene empleando durante seis décadas en Cuba han tenido en Venezuela una siniestra reproducción adaptada por asesores extranjeros; entre ellos, había algunos españoles.
Por supuesto, este sistema no lo inventaron los cubanos ni los venezolanos. Nació con la revolución cuyo centenario se cumple este año. Parte de la persecución comunista a los opositores consistía, precisamente, en revestirla de una apariencia de legalidad que jamás daba defensa alguna al perseguido. La finalidad no era la tutela judicial efectiva ni el juicio justo, sino la destrucción moral del acusado, que solía presentar las marcas de la destrucción física que ya había padecido para arrancarle una confesión.
Tomemos el caso, por ejemplo, de Vsevolod Meyerhold, el celebérrimo dramaturgo ruso. Amigo de Ana Ájmatova y protector de Shostakovich, se unió en 1918 al partido bolchevique y abrió su propio teatro. Todo parecía irle bien hasta que Stalin desencadenó la Gran Purga entre 1936 y 1938. Su oposición al realismo socialista como tendencia artística le granjeó la animadversión del Gran Líder. Fue detenido. Torturado hasta que confesó su “desviación política”. El 2 de febrero de 1940 lo fusilaron. Su juicio fue una farsa que no sirvió para valorar si era inocente o culpable, sino para revestir de una aparente legalidad lo que era, a todas luces, un crimen.
Arthur London, que padeció los Procesos de Praga, dejó testimonio de cómo todo el procedimiento, desde los días previos a la detención hasta el momento del juicio, son parte de un castigo inevitable y despiadado. No hay nada que “juzgar” sino solo un castigo -no se lo puede llamar justicia- que el régimen aplica a sus enemigos. Nadie debe esperar independencia ni imparcialidad. Nadie debe esperar garantías procesales ni derechos fundamentales. Solo cabe confiar en que la voluntad política limite, de algún modo, el propio poder que el Estado tiene. Por supuesto, esa remota posibilidad pasa por la confesión pública de los pretendidos “crímenes” de los que uno viene acusado: tener relación con algún extranjero, desviarse de la línea política, conspirar contra el Estado opinando en libertad.
He aquí la tragedia de Venezuela: un país maravilloso en manos de una tiranía que condena a su propio pueblo al hambre, a la injusticia y a la violencia. Mientras los privilegiados del régimen se enriquecen, los pobres pasan hambre y a los opositores los hostigan, los detienen y los encarcelan.
En Venezuela hay 130 presos políticos. No se debe restar importancia al apoyo que desde el exterior se brinda a los opositores. La experiencia de los disidentes soviéticos es, a este respecto, muy ilustrativa. Natan Sharanski fue encarcelado en 1977 so pretexto de la falsa acusación de ser espía. Su esposa recorrió el mundo pidiendo la liberación de su marido y denunciando el encarcelamiento. En 1985, Ronald Reagan le dijo a Mijail Gorbachov mientras la señalaba a ella: “usted puede seguir diciendo que Sharanski es un espía, pero mi pueblo cree a esa mujer. Y mientras usted lo mantenga a él y a otros prisioneros políticos encerrados, no podremos establecer una relación de confianza”. Es difícil hacer desaparecer o fingir la muerte de alguien por quien millones de personas se interesan. Es imposible confiar en un régimen que detiene sin motivo, juzga sin garantías y encierra sin fundamento. Ahora bien, Leopoldo López sigue vivo y no se ha rendido. Mientras esté encarcelado, será evidente que Maduro tiene miedo, que el régimen tiene miedo y que el miedo es lo único que mantiene en pie la tiranía que Hugo Chávez edificó y que sus sucesores tratan de apuntalar.
Esta columna pide hoy, una vez más, justicia y libertad para Leopoldo López.
Si (
No(
