Democracia y cultura política II

Una lectura de la historia enderezada hacia una mejor explicación política no es suficiente por sí sola si no es seguida por lectura de la sociedad, como se entrevió en el recorrido precedente. De lo que sucede a la sociedad y no sólo lo que sucede en la Casa Rosada, en los ámbitos públicos y privatizados del poder. ¿Qué había sido de las coaliciones sociales de base de los partidos políticos, profundamente cambiadas si se comparan las reconocibles en los años 40 y las “boyantes”, por decirlo así, en los años 70 y sucesivos?

Una sociedad envilecida en parte por el miedo, era por entonces una sociedad progresivamente ganada por el escepticismo hacia las mediaciones entre ella y el poder -como lo demostraría en dramáticas recaídas posteriores. En ese punto conviene introducir un tercer nivel en la secuencia que integran la historia y la sociedad: la lectura de las instituciones. Éstas expresan las mediaciones entre la sociedad y la autoridad, entre la sociedad y el estado. Si carecen de arraigo, el poder queda desnudo, poseído por la tendencia de reducción a la unidad que lo caracteriza como parte fundamental del fenómeno político, y por lo tanto cada vez más lejano de una legalidad que lo contenga.

Un esquema de análisis útil y accesible, al mismo tiempo que expresivo del desarrollo de las teorías y comportamientos de lo político, es describir la sucesión de percepciones del poder y del estado en la historia del pensamiento y la experiencia. La primera percepción fue la del poder como fuerza. El guerrero, el rey guerrero, el jefe consagrado para mandar, pero también los agentes “policiales” del poder durante siglos de historia, fueron expresiones de aquella percepción. El “valor” que privilegiaban era la eficacia. Por generaciones fue así, hasta que esa forma de “realismo” político fue objeto de crítica filosófica y religiosa: ¿cualquier fuerza? La respuesta de nuevos teóricos de la política fue la fuerza aplicada a la política debía ser una fuerza “calificada”. La calificación de la fuerza fue la ley. Y el valor privilegiado sería desde entonces y para esa escuela, la legalidad. Es la prédica fundamental del liberalismo político. De los Montesquieu, de Locke, por ejemplo, a quienes preocupa contener al fenómeno del poder en su tendencia a la reducción total a la unidad. La fórmula de la república se aplica a eso. No es la fórmula democrática que atiende al gobierno del pueblo, sino la idea de que quienquiera gobierne debe tener límites. Límites que se terminarían traduciendo en cartas constitucionales, que procurarían desde entonces que el fenómeno del poder se “resignase” a la reducción parcial a la unidad. La democracia contemporánea en el sentido que califica a los regímenes menos imperfectos sugiere una fórmula condensada de lo que en expresión completa es “democracia republicana constitucional”. Y si estas aclaraciones se hacen necesarias es en buena medida porque el ejercicio del poder y el estilo de ciertos líderes regresan a formas de reducción progresiva a la unidad en envolturas engañosas que evocan, en verdad, democracias autoritarias o repúblicas corporativas, según los casos.

El esquema de las percepciones no termina en la fuerza calificada por la ley, sino que se extiende en una suerte de óptimo político que se da cuando la fuerza calificada por la ley -la legalidad- arraiga en la sociedad y se convierte en creencia colectiva, en la admisión y la vivencia de un principio de legitimidad, sus reglas del juego y sus valores.

El esquema propuesto es útil, creo, para orientar la conversación acerca del bien común político. Una advertencia necesaria y desagradable es que en política nada es definitivo, por lo que la secuencia progresiva eficacia –legalidad-legitimidad se transforma en secuencia regresiva cuando la legitimidad democrática no es alcanzada y entra en crisis, la legalidad precedente no es sostenida y se decae en la fuerza autoritaria, dictatorial o totalitaria. Cuando se entra en la preocupación por lo que hoy suele llamarse calidad institucional se está expresando un dilema: ¿dónde estamos? ¿En cuál de los niveles de análisis, por decirlo así, debe detenerse nuestra reflexión acerca del estado de nuestra cultura política?

Una explicación política respetada en todo su recorrido secuencial me lleva a una primera comprobación: la historia que he vivido no contiene la experiencia de un régimen político legítimo que tradujese los principios propios de una democracia republicana constitucional. La declinación argentina deriva, pues, de un fenómeno de incultura e incivilidad políticas puesto que la democracia no es un “hecho de la naturaleza”: coexiste con su propia cultura política, es un “hecho cultural”, si se prefiere decirlo así. Alcanzar y permanecer en la legalidad constitucional republicana y democrática nos ha resultado un ejercicio difícil con resultados hasta el presente precarios, y por lo tanto insuficientes para convertir aquel principio de legitimidad en parte de nuestras creencias colectivas, que no sólo se tienen -como advirtió décadas atrás Ortega y Gasset- sino en las que se está. La democratización de la república es un objetivo interior que deberá tener una política exterior correlativa y consistente en el cultivo de consenso en torno de valores básicos, de reglas del juego y en políticas de largo plazo fundamentales viables éstas en el cuadro de los dos consensos precedentes. Una de las claves para esos procesos es la reconstrucción de la autoridad, en el sentido clásico del “auctor” instigador de acciones libres y factor de certidumbre y confianza. En ausencia de la autoridad así entendida los cambios progresivos terminan siendo reaccionarios, y al cabo se cultivará una “política literaria” (Aron) o el ritual de las “revoluciones gráficas” (Alberdi).

Es preciso, en fin, atender a la dimensión ética de la vida personal y colectiva. Los argentinos necesitamos reconstruir la sociedad civil, el capital social, lo que implica la existencia cabal no sólo de ciertas instituciones sino de disposiciones de la gente. Con lo que quiero decir, siguiendo las ideas de
Víctor Pérez Díaz en 'España, una nación puesta a prueba', un título que conviene totalmente a la Argentina actual que también lo está: no devaluar la palabra, buscar y respetar la verdad y la veracidad, respetar el argumento racional, aceptar la prueba de la experiencia, respetar la autonomía moral de la persona, comprender la importancia de la sociedad como comunidad moral, reclamar de la dirigencia política y social cierta pedagogía cívica y ejemplaridad apropiadas a la cultura política devastada por experiencias públicas de cinismo, resignación, psicología de la decadencia y cultivo de los entornos disponibles para el autoengaño, experiencias procedentes de un extenso pasado que fue dejando de lado el cultivo de las “pequeñas virtudes: la amistad civil, el sentido positivo de la tolerancia y la solidaridad, degradadas por comportamientos dirigentes que en su tiempo Aristóteles reprendía: “quien rehúsa reconocer lo que es manifiesto o miente, o manipula la ley, desprecia a quienes se dirige, porque sólo delante de aquellos a quienes despreciamos no expresamos vergüenza (por una conducta vergonzosa...).