Ayer viernes el Consejo de Ministros aprobaba finalmente el decreto que reforma el monopolio de los estibadores portuarios. Da cumplimiento así a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- que liberalizaba un sector trufado de prácticas monopolísticas y cuya reforma era insoslayable. Nepotismo -únicamente se contrata a familiares y amigos, y las mujeres tienen el acceso vedado-, condiciones laborales impensables en cualquier otro ámbito y unos salarios muy por encima de la realidad del mercado son argumentos lo bastante sólidos como para que haya un consenso político inexistente en este momento.
No hacerlo habría supuesto que el gobierno de un estado miembro ignora una resolución del TJUE, la más alta instancia judicial europea, exponiéndose además a multas millonarias. Es más, pues, un acto de justicia que político stricto sensu, cuestión ésta que los sindicatos se empeñan en obviar. En este sentido, los sindicatos han quedado retratados al apoyar los paros y actos de sabotaje de los estibadores, manifestando además su voluntad de incumplir una sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Este último aspecto viene a recordar una carencia que dura ya demasiado: la urgente regulación del derecho de huelga. Ninguno de los gobiernos que ha habido a lo largo de la democracia ha tenido la voluntad política necesaria para abordar un problema que se pone de relieve cada vez que hay una huelga y los sindicatos “actúan”. El enorme daño económico y de imagen que las acciones de los estibadores van ha causar -y han causado ya- contrasta con la impunidad en que quedarán, a tenor del actual marco legislativo.
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