El expresidente catalán Artur Mas invoca los derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en el anuncio del recurso que presentará ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por la consulta del 9-N.
Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau (condenadas a un año y nueve y meses, y a uno y medio, respectivamente, por la consulta independentista) han anunciado formalmente ante el Tribunal Supremo que recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se les absuelva de un delito de desobediencia al Constitucional.
Los recursos de los encausados se suman al que la Fiscalía Superior de Cataluña anunció el pasado viernes que presentaría para que el Supremo condene a Mas, Ortega y Rigau también por el delito de prevaricación del que fueron absueltos, por el que el ministerio público les solicitaba hasta ocho años de inhabilitación.
En sus escritos, a los que ha tenido acceso Efe, los encausados alegan que en sus condenas por el 9-N se han vulnerado hasta cinco preceptos constitucionales, entre ellos los de libertad ideológica y de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Otros derechos de la Constitución que las defensas de los condenados creen infringidos por la sentencia del 9-N son los de igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, motivación y congruencia de las sentencias, presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías y legalidad.
De la misma forma, el anuncio de los recursos (que las defensas desarrollarán en posteriores escritos ante el Supremo) aduce que la sentencia del TSJC vulneró preceptos similares del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Entre otras circunstancias, el abogado de Mas esgrime un error en la apreciación de las pruebas por parte de la sala del TSJC que juzgó el caso del 9-N y, concretamente, en la valoración del informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional que fue aportado a la causa.
Por su parte, el recurso de Ortega también alerta de un "error grave en la apreciación de la prueba" por parte del TSJC, según se desprende de varios documentos de la causa que a su parecer "demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios de igual o superior valor".
Mientras, la defensa de Rigau alerta asimismo de un "error en la valoración" de varias de las pruebas documentales presentadas, entre ellos, las facturas sobre la compra de los portátiles usados en el 9-N, el certificado aportado por la defensa sobre el número de institutos catalanes propiedad de la Generalidad y los informes de fiscalización elaborados por la Intervención Delegada del Departamento de Enseñanza unos días antes de la consulta.
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