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TRIBUNA

Vigilar y castigar

El caso Lezo alerta de un nuevo supuesto de corrupción que pone en tela de juicio la decencia de los políticos en nuestro país. Efectivamente, no pueden pagar justos por pecadores pero lo que está claro es que no son pocos los casos de corrupción que han aparecido en los últimos años dentro de los principales partidos políticos. Ello creo que, cuanto menos, hace pensar en que algo falla cuando se prodigan los comportamientos éticos y jurídicamente inaceptables de los que nos gobiernan.

En este nuevo caso lo que se cuestiona es si Ignacio González, ex Presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y mano derecha de Esperanza Aguirre, pudo llevar a efecto acciones delictivas tan graves como las de malversación de fondos públicos, prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación y corrupción en los negocios. Dicho de otra manera: se trata de dilucidar si dirigió una trama delictiva desviando fondos del Canal de Isabel II, que era la empresa pública madrileña que presidía en los años 2003-2012. Por poner solo un ejemplo, para que se entienda mejor el alcance de esta presunta trama, el Canal de Isabel II habría podido comprar una empresa brasileña pagando 21 millones de euros cuando solo un año después se valoraría en una cuarta parte el precio de la misma. Del pago tan elevado de la compra se habrían derivado comisiones elevadas para los interesados a título personal en esta fraudulenta operación.

Como es de imaginar, la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en una situación doblemente incómoda cuando en el mismo día que tiene que ir a declarar a la Audiencia por el Caso Gürtel (durante los años 1999 a 2005), se ve expuesta a severas acusaciones por las declaraciones en las que aseguraba que de todos los altos cargos nombrados por ella, solo le habían salido dos “rana”, refiriéndose implícitamente a Granados y a López Viejo. Las ranas parecen haberse multiplicado con este nuevo caso de corrupción puesto que solo en esta trama se cuentan ya más de doce personas implicadas.

Entre los detenidos figuran personas del entorno familiar y profesional de Ignacio González. Uno de ellos es su hermano Pablo González, al que se le vincula con las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid que se levantó en unos terrenos del Canal de Isabel II cuando Ignacio González era vicepresidente en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pero presidente de esta compañía pública.

Otro de los arrestados es su antiguo hombre de confianza en la empresa de aguas, Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón. En realidad, Rodríguez Sobrino era considerado el hombre más importante de Ignacio González en territorio latinoamericano ya que presidía Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), empresa que desde Colombia se ocupaba de la gestión del resto de las compañías del Canal en el continente americano.

No podemos pasar por alto que la operación Lezo nace de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que se abrió en octubre de 2015 ante la sospecha de irregularidades en la gestión de Canal de Isabel II. Al frente de las mismas están los fiscales Carmen García Cerdá - quien también trabaja en el caso Púnica - y Carlos Yáñez. A estas diligencias de investigación se uniría más tarde la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid tras detectar en una auditoría encargada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes numerosas irregularidades en la operación para adquirir la empresa brasileña. En el mes de julio de 2016, Anticorrupción judicializó su investigación, cayendo en manos del juez Velasco. En realidad, la operación Lezo son dos operaciones coordinadas y conjuntas del juez Eloy Velasco y su homólogo del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, de tal manera que los dos juzgados se coordinan para la investigación de supuestos delitos económicos.

El problema de la corrupción es que tiene un efecto corrosivo a corto y a largo plazo muy profundo, que termina por afectar a todos los ámbitos sociales. No me cabe duda de que vamos a pagar muy caro los españoles cada uno de los casos de corrupción que han ido apareciendo en los últimos tiempos. Da miedo preguntarse si Ignacio González conoce otras tramas de corrupción que todavía no han salido a la luz y que podrían ser todavía más graves.

Resulta inadmisible el saqueo de las arcas públicas por parte de los que ocupan altos cargos en nuestro país y la corrupción, venga de donde venga, no puede quedar impune.

Quiero pensar que mientras antes era muy barato robar, ahora, y lo hemos visto ya por otros casos que han salido a la palestra, quien roba y se enriquece personalmente a costa de los fondos públicos tiene que devolver con intereses lo robado independientemente de que sufra otras consecuencias penales a título personal.

Este caso también lo que plantea es el tema de la culpa y responsabilidad in vigilando.

Es cierto que en 2013 ya no estaba Esperanza Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid sino Cristina Cifuentes, pero habrá que ver quién es la verdaderamente responsable in vigilando. Aunque Cristina Cifuentes ha animado siempre a la lucha contra la corrupción con no poca valentía, lo que no puede negar es que formaba parte del Consejo de Administración de Canal II antes de ejercer como Presidenta de la Comunidad de Madrid. Ello no deja de ser una llamada de atención al hecho de que quien ocupa un cargo público debería tomarse muy en serio las tareas que asume, respondiendo, como es lógico, no solo de las cuentas sino del comportamiento de los miembros que están bajo su supuesto control y mandato.

En todo caso, de todo lo sucedido deberían derivarse responsabilidades políticas y judiciales. Habrá que estar atentos no solo a la reacción de la cúpula política del Partido Popular sino también a la de los jueces encargados de desenmarañar esta trama y que esperemos lo hagan con cordura, imparcialidad, guardando el secreto profesional exigido, y ateniéndose siempre a Derecho. Quizás también no fuera descabellado animar entre todos a que el sistema judicial gozara de los mismos medios que la agencia tributaria en aras de agilizar los procedimientos judiciales, que muchas veces se eternizan, brindando con ello mayor seguridad jurídica a la ciudadanía. En suma, no vendría mal volver la mirada a Michel Focault y a su libro Vigilar y Castigar (1975) cuando instaba, con acierto, a que los castigos fueran una escuela y no una fiesta.

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