La decisión se adopta a la vista del criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que pone de relieve que las irregularidades investigadas en la operación Lezo afectan a diferentes organismos de la Administración regional y que de ellas puede derivarse perjuicio patrimonial para la propia Comunidad.
La actuación, que se toma en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se une a la llevada a cabo el año pasado cuando la Comunidad de Madrid trasladó a la Fiscalía un "amplio" informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito, destacan desde el Ejecutivo autonómico.
Con anterioridad, el Gobierno regional se ha personado en la trama Púnica y Gürtel, "para defender los intereses de los madrileños". En la misma línea, han apuntado que "esta nueva iniciativa de carácter jurídico sigue el criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de 'tolerancia cero' con la corrupción”.
El pasado miércoles, tras la detención de González en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Cristina Cifuentes declaró en calidad de testigo. También lo hicieron su jefa de Gabinete, Marisa González, y el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, actual presidente del Canal de Isabel II.
El juez Eloy Velasco cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso del Canal de Isabel II ascendería a unos 23,3 millones de euros, tan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao, una de las que se investigan.
Si (
No(
