Durante la época en la que fue concejal de Ana Botella.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella, según informa 'El País'. El motivo, ha adelantado el diario, es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%, con "responsabilidades políticas por mala gestión".
No obstante, la denuncia se amplía a todos los integrantes (16) del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013. En la misma, se pide al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio".
El Consistorio madrileño llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año. En su denuncia, la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A. No obstante, en 2003, Konin 22 cedió los dos derechos a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, que comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie, según el relato de la Fiscalía. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa, reclamando el dinero adeudado.
Por su parte, Merca Ocio Hoteles 22 formuló una demanda a la que Mercamadrid se opuso, pero el 16 de octubre de 2013 el Consejo de Administración de esta entidad pública adoptó, por 18 votos a favor y ninguno en contra, un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial al litigio. Este acuerdo otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Merca Ocio 22 y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, para negociar el texto del acuerdo. El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta segunda de Mercamadrid, María Dolores Flores Cerdán, quien un mes más tarde suscribió los acuerdos que pusieron fin a la vía judicial.
La Fiscalía recuerda que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Mercaocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".
Otros doce altos cargos de los consejos de administración de Mercamadrid y Mercasa serán investigados, entre ellos, el exprimer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella, José Enrique Núñez; la jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa, Silvia Llerena Muñoz, y el promotor inmobiliario José Domingo Rodríguez Losada.
Dancausa lo niega y se ofrece a colaborar con la Justicia
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha negado estar "en ningún caso" encausada por fraude por una operación de Mercamadrid, y ha dicho que está a "total disposición" de la Justicia para esclarecer el asunto.
En un comunicado, Dancausa niega estar encausada y recalca que la Fiscalía se ha limitado a trasladar la información "para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid".
"Respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid, pero no la comparto en absoluto. No obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor", afirma Dancausa. Defiende que el origen de la operación "se remonta a 2001", y que las actuaciones a las que se refiere "contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables, y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración".
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