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Maduro a la desesperada

Maduro a la desesperada
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(Foto: Efe)
lunes 15 de mayo de 2017, 14:47h
Análisis de la situación de crispación en Venezuela. Por Rubén Pérez.

El pasado día 1 de mayo el cuestionado Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hacía pública su decisión de convocar una asamblea constituyente. Según explicó el mandatario la nueva cámara tendría por objeto la reforma del Estado y la promulgación de una nueva constitución para el país. La sorprendente medida fue justificada por la necesidad de representar directamente a los obreros, campesinos, jubilados, mujeres y jóvenes. Cabe destacar que de confirmarse la medida estaríamos ante la liquidación de la actual Carta Magna que fue adoptada en tiempos de Chávez. Dicha ley establece en la actualidad un mandato presidencial de 6 años sin limitaciones en las reelecciones, y un poder legislativo residenciado en una asamblea unicameral formada por 165 miembros.

Cuestión aparte es cómo pretende el Gobierno de Caracas llevar a cabo está insólita decisión en medio de las más graves protestas acaecidas en el país en los últimos años. Esta situación que se está deteriorando por días se refleja en unas durísimas actuaciones policiales contra los manifestantes. La prestigiosa organización Human Rights Watch en su informe del año pasado subrayaba que miembros de las fuerzas de seguridad “recurrieron asiduamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra transeúntes desarmados”, y que “toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a los manifestantes”.

Además, señalaba la constatación de numerosas deportaciones arbitrarias, ataques a la independencia del poder judicial, el encarcelamiento irregular e ilegítimo de opositores, y el acoso a los medios de comunicación y defensores de los DD.HH. Frente a estas palabras, el jefe del Estado respondía acusando a los grupos opositores de fomentar la violencia, optar por el terrorismo y preparar el terreno para una intervención extranjera.

¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí?

El actual punto de máxima crispación se ha producido tras el fallido auto golpe de Estado que el Alto Tribunal trató de realizar el pasado 30 de marzo. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia se auto asignó las prerrogativas propias del parlamento por considerar que éste último estaba en desacato. Dicha decisión que en la práctica pulverizaba la ya precaria independencia de la Justicia recibió una contestación tan fuerte, tanto a nivel nacional como internacional, que fue finalmente retirada. No obstante quizás esa gota haya sido la que haya colmado la paciencia de la Comunidad Internacional.

En particular, la Organización de Estados Americanos (OEA), que se está erigiendo como uno de los actores internacionales más comprometidos con la defensa de la democracia venezolana, volvió a manifestar sus preocupaciones. La OEA presidida por el uruguayo Luis Almagro acusaba al gobierno caraqueño de violar la separación de poderes, las libertades fundamentales y los derechos sociales del pueblo de Venezuela provocando una gravísima escasez de alimentos y un pésimo acceso a la sanidad. Para la organización con sede en Washington D.C. el objetivo buscado por parte del Ejecutivo sería el de consolidar la construcción de un régimen autoritario: “Los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo e intentan intimidar con la violencia y el fraude a un pueblo que sabe de libertad y que lucha por volver a tenerla”.

Teniendo en cuenta la dureza de dichas posiciones las relaciones entre el organismo y el gobierno bolivariano se habían venido deteriorando en los últimos años hasta el punto final. El pasado 27 de abril la canciller del país, Delcy Rodríguez, anunciaba la retirada de Venezuela de la OEA. Este hecho, sin precedentes desde la creación de ésta última en 1948, supondrá un mayor aislamiento para Maduro, pues no olvidemos que la OEA es el mayor foro internacional del continente.

Sanciones

Mientras tanto en EEUU un grupo de senadores bipartidista ha presentado un proyecto de ley para imponer nuevas sanciones contra el gobierno venezolano y pedir al Departamento de Estado que coordine mayores esfuerzos internacionales. Estos parlamentarios también han reclamado a la Casa Blanca que evite que la petrolera rusa Rosfnet obtenga infraestructuras petrolíferas estadounidenses mediante la financiación de la compañía petrolifera Citgo. La anterior es una filial de PDVSA, la matriz venezolana, que empleó a su compañía americana como garantía de pago para recibir créditos de Rosneft por valor de entre 4000 y 5000 millones de dólares. Esta operación podría desembocar en que Citgo acabase en manos rusas.

El proyecto de ley también proporcionaría 10 millones de dólares para que las agencias de ayuda exterior alivien las necesidades de la población, y otros 9,5 para organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el país. Por su parte la congresista por Florida Ros Lehtinen pidió que se extendieran las sanciones contra más cargos del gobierno chavista sobre los que se podrían congelar activos financieros en EEUU. Hasta el momento, el Presidente Donald Trump se ha centrado en otros frentes internacionales como Siria o Corea del Norte, si bien es cierto que el pasado 15 de febrero ya recibió en el Despacho Oval a Lilian Tintori y exigió públicamente la liberación de su esposo, el opositor Leopoldo López.

A la presión de EEUU se le ha de sumar la estratégica pérdida de apoyos en la región: Argentina y Brasil. Estas dos naciones ya no están lideradas por Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, ex presidentas de Argentina y Brasil, sino por Mauricio Macri y Michel Temer, quienes han dado un giro copernicano a las posiciones favorables de sus predecesores sobre esta materia. En el otro lado de la balanza están Bolivia, Nicaragua y Ecuador en el marco del ALBA y Cuba, Irán, China y Rusia. Con éstos, la relación ha venido siendo privilegiada en tanto que se ha producido una confluencia de intereses frente a las posiciones de EEUU. Sin embargo, el deterioro actual es lo suficientemente grave como para que no sea posible afirmar que esos apoyos puedan deteriorarse en el futuro.

Y pese a esta respuesta internacional, el Palacio de Miraflores continúa con su postura de polarización. Tras la negativa a convocar el referéndum revocatorio que la propia legislación bolivariana contempla para estos casos, el Gobierno opta por una bomba de humo que evita unas imprescindibles elecciones presidenciales y legislativas bajo supervisión internacional que permitan a los venezolanos decidir libremente. Recordemos que los comicios regionales estaban originalmente previstos para el año pasado y unas municipales para este.

Problemas humanitarios

Por otro lado hay también que subrayar que los problemas de tipo humanitario son acuciantes, y que desde luego esta maniobra de distracción no va a lograr que la descontenta población se olvide ni siquiera por un momento del desabastecimiento de alimentos y medicinas. El miércoles 3 de mayo, la Ministra de Exteriores colombiana anunció que su Gobierno emitió un decreto por medio del cual el Ministerio de Salud va a destinar recursos a los hospitales públicos para atender a venezolanos en urgencias, especialmente en la zona de frontera.

Igualmente dijo que se autorizó que los niños venezolanos se puedan matricular en las escuelas colombianas sin presentar ningún tipo de documento.

Teniendo en cuenta todo lo anterior cabría pensar que la estabilidad del ejecutivo populista pende de un hilo. Los procesos negociadores auspiciados por UNASUR y llevados a cabo por los ex presidentes de España, República Dominicana y Panamá José Luis Rodriguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, se han convertido en un fracaso sin paliativos. Las constantes vitales del régimen dependen ahora de unas Fuerzas Armadas que nadie sabe a ciencia cierta si ante un desenlace trágico defenderían al gobierno del que dependen jerárquicamente. Y no habría que descartar tampoco que en el seno del propio chavismo se decida un relevo interno ante el temor a perder todo el poder, pues si bien es cierto que la popularidad del líder está por los suelos la mayoría social sí que podría seguir compartiendo la doctrina del fallecido Hugo Chávez. De momento son ya 31 los muertos en esta crisis.

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