Estiba: lo difícil empieza ahora

El gobierno ha encontrado en el Parlamento el apoyo necesario para sacar adelante el decreto de liberalización de la estiba, que naufragó hace más de tres meses. Es, sin duda, una buena noticia. Por un lado, porque España cumple, aunque con un notable retraso, con la legislación europea. Y, en segundo lugar, porque deja de pagar, de este modo, con la onerosa multa diaria a la que el tesoro del reino ha tenido que hacer frente por no cumplir con la directiva europea a tiempo.

Según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el cambio de voto en el Parlamento, que ha sido posible gracias al sí de los herederos de Convergencia, se debe a que se ha ganado el debate en la calle: “Ganamos la credibilidad de la sociedad, que de forma unánime nos trasladó al Gobierno que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer”.

Lo que tenía que hacer el Gobierno de Mariano Rajoy es lo que tenía que haber hecho antes el gobierno de Rodríguez Zapatero, y antes el de Aznar y antes el de Felipe González: Acabar con una situación de privilegio, con el poder de un gremio que actuaba al margen del mercado, que pudo cristalizar en la realidad española merced a una institución tan antigua, en su concepción, como la de un sindicato vertical, que a su vez sólo fue posible en plena dictadura. La organización actual de la estiba, que el decreto del gobierno empieza a cambiar, es un anacronismo, y responde a las antípodas no ya de los principios de competencia que inspiran la legislación europea, sino de la misma realidad de la economía actual.

Con todo, esto es sólo el principio. El gobierno tendrá que hacer cumplir el decreto, contra los intereses creados durante décadas. Los privilegiados tienen la fuerza de que tienen la capacidad de paralizar nada menos que el comercio portuario, en un país como España. Pero esa fuerza sólo se la otorga su capacidad para imponerse contra el gobierno, y contra el interés general de nuestro país. La prueba de fuego del Ejecutivo viene ahora, cuando demuestre que está dispuesto a ejercitar todos los poderes que legalmente tiene en sus manos para hacer cumplir la ley y para someter los intereses particulares a los generales.