Sánchez pretende un plebiscito en el 39 Congreso del PSOE sobre plurinacionalidad

Las enmiendas que ha presentado el equipo de Pedro Sánchez a la ponencia marco del 39 Congreso socialista con respecto al modelo territorial de España han delatado la intención del Secretario General electo. El dirigente va la lanzar un órgado a la otra trinchera derivada de las abrasivas primarias que vivió su partido y pondrá sobre la mesa una votación sobre la plurinacionalidad de España. Así, el mandatario pretende dar un golpe en la mesa y alimentar el crecimiento de su fuerza política endógena, más allá de la militancia.

Los mil delegados que participarán en la cumbre, que se celbrará entre el 17 y el 18 de junio, serán sometidos a alinearse o no con la idea de Sánchez de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado". A pesar de que el concepto de plurinacionalidad de España no figura en la ponencia política diseñada por la gestora y encargada a Eduardo Madina, el proyecto de Sánchez sí lo tiene en su hoja de ruta y lo dispondrá para el "mantenimiento de la soberanía en el conjunto del pueblo español". No en vano, en el proyecto presentado por el mandatario cuando era aspirante a las primarias -presentado en febrero- siempre ha prevalecido la importancia del reconocimiento de esa idea.

Aseguran en el equipo del vencendor en al batalla socialista intestina que ese epígrafe ha sido desarrollado por el debate de más de 300 expertos y unos 9.000 militantes. Además, se ha filtrado que en su intención también está presente que el documento aprobado en el congreso venidero se supriman las referencias a sus derrotas electorales históricas de 2015 y 2016, situando el declive electoral de la formación en 2011. Es más, quiere que en el texto se remarque que en los últimos comicios se evitó el sorpasso de Podemos. De este modo busca suprimir de la ponencia propuesta por la gestora el extracto que argumenta que "tras abandonar el gobierno a finales de 2011 el PSOE ha encadenado los dos peores resultados de su historia en las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016".

"Intentamos poner los puntos sobre las íes sobre la evolución electoral del partido", ha especificado al respecto Manuel Escudero, el economista de cabecera dentro del equipod e trabajo y colaboración del nuevo secretario general. Lo ha hecho en la presentación de las 84 enmiendas con que los sanchistas también quieren reforzar su cesura a la abstención con la que los socialistas favorecieron la investidura de Mariano Rajoy. Se trata, por tanto, de un golpe de efecto. "Se limitó a dejar el camino expedito al PP en unos momentos en que los españoles están especialmente sensibilizados ante las agresiones sociales y laborales, y los escándalos de corrupción que azotan al PP, sin olvidar la crisis territorial que se sufre en Catalunya", se refiere en su documento a una gestora a la que no menciona.

Tampoco escapa del escrutinio de Sánchez la "visión economicista" de la cultura que, a su juicio, sostiene la ponencia elaborada por Madina y el economista José Carlos Díez. En la opinión del nuevo jefe de la manada socialista, esa variante social ha de ser reconocida como un "derecho" y un "recurso". La laicidad, supresión de lo religioso en la educación (denunciando los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede), la ortodoxa defensa del estado de bienesar, la derogación de la reforma laboral, reestablecer una "alinaza fuerte" con los sindicatos y el aumento del salario mínimo hasta los 1.000 euros son otros parámetros que defenderá como masivos en el critero de su partido.

En su idea está, por último, alinearse con las "nuevas izquierdas, en la medida en que maduren", conformando una "alianza progresista" que sustituya la "fracasada gran coalición" entre conservadores y socialdemócratas. Y, con respecto al modelo de partido, entre las enmiendas efectuadas a la propuesta de la gestora se subrayan la "obligatoriedad" de consultar a la militancia los acuerdos de gobierno, que la revocación o censura de un secretario general sea motivada y acordada por un mínimo del 51 % de votos del Comité Federal y fijar un plazo máximo de 90 días para los mandatos de las gestoras (desprovistas de poder político). Sánchez ha vuelto y parece no querer hacer prisioneros.