El Tribunal Constitucional ha anulado la amnistía fiscal que concedió el Gobierno en 2012. Así lo ha acordado el pleno del alto tribunal este jueves al considerar que es "inconstitucional". La decisión ha sido adoptada por unanimidad.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la medida adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que introducía medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y que estaba destinada a aquellas personas físicas y jurídicas que no habían declarado a Hacienda todos sus ingresos.
Según el TC, la disposición ha sido declarada "nula" por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución, según explica en un comunicado. Sin embargo, la decisión del alto tribunal no afecta a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma.
El pleno concluye que la medida ha tenido "tres importantes efectos": permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas "a un tipo reducido", eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de "la imposición de intereses, recargos y sanciones" y convirtió las cantidades por las que se tributó "en renta declarada a todos los efectos".
Así pues, afirma que el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización "es la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización".
El Constitucional cree que la amnistía fiscal "ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos al haber alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes". Además, el pleno considera que se ha legitimidad "como una opción válida" la conducta de quienes, "de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica".
La sentencia del tribunal advierte de que la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, "se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".
Montoro, en el punto de mira
Mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha solicitado comparecer a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar la decisión del Constitucional, los partidos de la oposición han solicitado responsabilides políticas.
"Montoro será recordado por el ministro que llevó a cabo una amnistía fiscal vergonzosa", ha dicho el PSOE, que ha solicitado la dimisión del ministro. En los mismos términos se ha pronunciado el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien también ha solicitado que Montoro abandone el ministerio mientras Podemos ha dicho a través de Pablo Echenique que la decisión adoptada por el alto tribunal "es de sentido común".
La amnistía fiscal de 2012 supuso unos ingresos de 1.192 millones de euros y permitió aflorar más de 40.000 millones en bienes y derechos que no estaban declarados.
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