Denuncia por primera vez la situación de los derechos humanos en el país.
China sería uno de los países susceptibles de ser sancionados por no hacer lo suficiente con respecto al tráfico de seres humanos. Esta ha sido la primera gran crítica que el Gobierno de Donald Trump ha realizado contra el concepto que el país asiático tiene de los derechos humanos. Este anuncio ha llegado este martes, después de la publicación del informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el tráfico de personas en el mundo.
En el documento se degrada a China, uno de los gigantes comerciales con los que el país norteamericano le interesa guardar buenas relaciones, a la categoría más baja. Es decir, se le incluye en la lista negra como compañía de Corea del Norte, Irán, Rusia o Venzuela.
"China ha sido degradada de categoría en parte porque no ha tomado medidas serias para acabar con su complicidad con el tráfico de personas, incluido con trabajadores forzados de Corea del Norte que están en China", declaró el secretario de Estado Rex Tillerson durante el acto que mostró al mundo las conclusiones del estudio. "Las autoridades chinas siguieron repatriando forzosamente a norcoreanos" a lo largo de 2016 y sin corroborar que no se trataba de víctimas de explotación laboral enviadas a China. Además, el dirigente explicó que en al región de Xinjiang se han "coaccionado a hombres y mujeres uigures" para realizar trabajos forzados.
Hasta ese final de junio el equipo de Donald Trump no había manifestado su postura con respecto al respeto que el coloso asiático guarda sobre los derechos humanos en su territorio. Es más, había nutrido una posición de perfil que le condujo a eludir cualquier aseveración crítica. Su rol de cooperación en el asunto de Corea del Norte prevalecía sobre cualquier otro epígrafe. Hasta ahora. La precepción de un descenso de la colaboración china en ese tema por parte del magnate estadounidense ha detonado esta denuncia pública.
Eso sí, la decisión de incluir a un país en la mencionada lista negra resulta ciertamente objetiva, ya que examina a los países según unos "estándares mínimos" pautados sobre la lucha contra el tráfico de personas. Esos requisitos figuran en una ley estadounidense del 2000. Y tras el anuncio, Susan Coppedge - encargada de EE.UU. para combatir el tráfico de personas en el mundo-, quiso relativizar la profundidad del ataque asumiendo que la "incomodidad inicial" que pudiera sumir al gobierno chino no inferirá en la voluntad de "continuar su buena relación de trabajo diplomático".
Finalmente, el informe incluyó a República Democrática del Congo, Mali, Guinea y República del Congo en una lista de la que salió Haití -incluido en 2016 pero cuyo Gobierno "está haciendo esfuerzos significativos"-. Se mantuvieron Siria, Sudán, Sudán del Sur, Mauritania, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Bielorrusia. Además, Venezuela repitió -pertenece a esa relación desde 2014- por la "ausencia de datos fiables sobre los esfuerzos contra el tráfico". Y Argelia, Birmania, Yibuti, Gambia, las islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Surinam y Zimbabue también mejoraron sus estatus al respecto saliendo de la lista.
El estudio guarda un espacio para aquellos países que están considerados por encima de la peor categoría. El estatus, denominado de "observación especial", afecta a Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Cuba. La isla diriga por Raúl Castro fue sacada de la lista en 2015 por el equipo de Obama, pero Trump ha decidido recuperarla en el rango de sospechosa.
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