Amnistía Internacional: Maduro ha diseñado una "política premeditada de violencia" para acallar a la disidencia

Cuando se ha atravesado ha la frontera de los 100 días de protestas antigubernamentales en Venezuela, con una nueva huelga beligerante en las calles y un saldo de 91 muertes y cerca de 1.500 heridos, Amnistía Internacional ha hecho balance de situación este lunes y ha denunciado, conrotundidad, una maniobra planificada desde el Gobierno de Maduro para reprimir, con violencia, las mannifestaciones y posturas críticas.

Lo que aparentemente eran "reacciones aisladas" por parte de las autoridades "en realidad son una estrategia planificada por parte del Gobierno del presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica", sentencia un comunicado emitido por la institución a través de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Según el informe, que destaca el carácter de "política premeditada" de las actuaciones gubernamentales, en los últimos meses las fuerzas de seguridad "han empleado fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes". Su propósito, reflexiona el organismo, es "silenciar" a la disidencia, porque las manifestaciones de apoyo al Gobierno se han desarrollado con normalidad y han sido garantizadas por las autoridades.

Ahora que Venzuela se encuentra entre la excarcerlación de Leopoldo López y las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente -se celebrarán el 30 de julio, con un enfrentaiento directo y palmario entre el chavismo y la oposición-, "se han documentado ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas". Todo ello, según se describe, "con la aquiescencia de las autoridades". Como ejemplo de esto último se glosa lo ocurrido en la Asamblea Nacional el pasado 5 de julio.

Según Amnistía Internacional, Maduro ha desarrollado directrices destinadas, en exclusividad, "a la persecución de manifestantes y presuntos disidentes", como el llamado "Comando antiterrorista", aumentando, con ello, la cantidad de integrantes y armas de la milicia bolivariana. Lo expuesto denotaría, a ojos del organismo, "una preparación calculada para la implementación de una política de represión violenta".

Por último, el texto alude al "discurso de incitación a la violencia que ha sido promovido y utilizado por el Gobierno venezolano", en el que se identifica a los disidentes como "terroristas, enemigos y traidores a la patria". "Es fundamental que el Gobierno atienda de manera prioritaria esta dramática situación que enfrentan diariamente miles de personas en el país, en lugar de instaurar un régimen de represión y violencia", zanjó el comunicado.