Comparezco hoy ante ustedes para exponer cuál es, a mi juicio, la actual situación económica española, las perspectivas para los próximos trimestres y qué medidas está tomando el Gobierno para paliar sus efectos en los ciudadanos y retomar lo antes posible la senda de crecimiento y de empleo.
Los datos más recientes de la economía internacional y de la economía española son bien elocuentes de la situación ciertamente difícil y complicada que estamos atravesando y que están sufriendo los ciudadanos, una parte importante de los ciudadanos. El Gobierno lo sabe, es consciente de ello y asume su responsabilidad. Asumimos la responsabilidad con nuestra plena confianza en las posibilidades de la economía española para superar estos tiempos difíciles y complicados.
Quiero decir a los ciudadanos y al conjunto de la Cámara que hemos sabido hacer crecer la economía, el empleo y las políticas sociales y que sabremos hacer recuperar la economía, el empleo y siempre manteniendo las políticas sociales, a pesar de que el momento sea más adverso.
Y voy con los datos a los que acabo de aludir. Ayer el barril de petróleo cotizó a 143 dólares y el Euríbor se situó en el 5,4 por 100; en ambos casos, las cifras más altas conocidas hasta ahora.
Como saben, el súbito encarecimiento del crudo y de otras materias primas está llevando la inflación en Estados Unidos y en Europa a dígitos históricamente altos. Y esta alta inflación, unida a la contracción del crédito en los mercados internacionales, ocasiona a su vez el alza en los tipos de interés que perjudica a empresas y a familias.
En España la afiliación a la Seguridad Social en junio ha caído por primera vez en términos interanuales, el paro ha aumentado en cerca de 37.000 personas, según el dato conocido esta misma mañana, y la inflación anticipada para el mes de junio ha situado el interanual en el 5,1 por 100. Son cifras, todas ellas, negativas, que nos ilustran acerca de una coyuntura económica claramente adversa.
A ella hemos llegado, además, en un plazo relativamente breve, lo que acentúa la sensación de deterioro, porque cabe recordar que sólo hace un año el barril de petróleo costaba 70,5 dólares, el Euríbor estaba en el 4,5 por 100, en España aún se creaba empleo con intensidad hasta 125.000 puestos de trabajo en el mes de junio de 2007 y la inflación era nada menos que 2,7 puntos porcentuales inferior a la actual.
En tan sólo seis meses la economía española ha pasado de crecer al 3,5 por 100 en el cuarto trimestre de 2007 a crecer el 2,7 por 100 en el primer trimestre y, actualmente, alrededor del 2 por 100. Esta brusca desaceleración es todavía más visible cuando se observan las tasas intertrimestrales: 0,8 por 100 en el cuarto trimestre de 2007, 0,3 por 100 en el primero de 2008 y, previsiblemente, algo más débil aún en el segundo trimestre que acaba de terminar.
Como saben, el contexto económico internacional empezó a deteriorarse en la segunda mitad de 2007, al coincidir la escalada de precios de algunas materias primas con los problemas financieros originados en el mercado hipotecario de Estados Unidos. Con el paso de los meses, la escalada de precios, lejos de detenerse, ha ido a más, al menos en lo que respecta al petróleo, y los desordenes financieros se han traducido en una disminución de la liquidez.
Nuestro país acusa como los demás la presión inflacionista y la contracción del crédito. Y, si bien en este último caso la vivimos con especial intensidad dadas nuestras necesidades de financiación exterior, nuestro diferencial de inflación se mantiene en torno al punto porcentual.
Asimismo, estamos viviendo un fuerte ajuste de nuestro sector de la construcción, más rápido e intenso también del que se había previsto, y con un alto coste en términos de empleo. Así, las afiliaciones a la Seguridad Social, que en el sector de la construcción alcanzaron un máximo en el segundo trimestre de 2007, han descendido desde entonces en 230.000 personas, siendo el descenso más acusado en los seis últimos meses.
El efecto del ajuste sobre el número de parados es también significativo, ya que desde el pasado mes de septiembre un tercio del incremento del total del paro registrado ha correspondido al sector de la construcción. Y las caídas del 33 por 100 en el inicio de viviendas y del 60 por 100 en el visado de las mismas en el primer trimestre de 2008 hacen prever que la destrucción de empleo continuará en este sector en los próximos meses.
Por tanto, Señorías, estamos ante un claro y rápido empeoramiento de la situación, consecuencia básicamente, como he mencionado, de la crisis del petróleo y otras materias primas y de la crisis financiera originada en los Estados Unidos.
Es un empeoramiento que padecen directamente muchos ciudadanos: muchos ciudadanos que tienen que pagar una cantidad mayor todos los meses por sus hipotecas y muchos ciudadanos a los que la subida de precios reduce su capacidad adquisitiva. Es un empeoramiento que padecen también las empresas que encuentran más dificultades de financiación o las que sufren con carácter inmediato las fuertes subidas del crudo.
El escenario que contemplamos para los próximos meses es, pues, de un crecimiento debilitado; pero no de un estancamiento duradero y, menos aún, de una etapa de recesión.
En todo caso, es evidente que muchos ciudadanos sufren la situación actual y complicada que vivimos en sus propias economías, en sus pautas de vida, y que sienten inquietud y preocupación por el futuro. Sé que es así.
El Gobierno, además, asume su responsabilidad: lo ha hecho desde el primer día, reaccionando frente a esta rápida evolución, a la baja, de la economía; lo hace con los medios que tiene a su alcance y que ahora explicaré; y lo hace siendo consciente de que este empeoramiento se debe, en buena medida, a factores que no están bajo su control, pero sabiendo también que cuenta con medios para paliar las consecuencias del frenazo económico y para preparar a nuestra economía para volver a crecer con fuerza. Por eso, insisto, asume su responsabilidad.
Reitero, entonces, lo que ya dije días atrás, la economía española está atravesando un período de serias dificultades, pero debo señalar a continuación, por puro sentido de la responsabilidad a la que acabo de aludir, que nunca la economía española había afrontado un período como éste en mejores condiciones de partida.
En los últimos años la economía española ha crecido mucho y ha empezado a crecer mejor, con un crecimiento más equilibrado, con una importante aportación de la inversión en bienes de equipo y una menor aportación negativa del sector exterior.
Este crecimiento ha permitido que, según los últimos datos publicados por Eurostat, la renta per capita de España sea hoy un por 7 por 100 superior a la media europea. El avance en el último año ha sido muy significativo, situándonos siete puntos por encima de Italia, a la que hemos superado en renta per cápita por primera vez, y recortando cinco puntos a Reino Unido y tres puntos a Alemania y Francia. Concretamente, la renta per capita en España en paridad de poder de compra aumentó en 2007 un total de 1.800 euros, mientras que en el conjunto de Europa, de la Unión Europea a 27, el aumento fue de 1.200 euros.
Para poner en valor aún más el avance económico de nuestro país, basta tener en cuenta que la convergencia en renta per capita se ha producido en un período donde la población española estaba creciendo a tasas muy elevadas gracias al fenómeno de la inmigración. Aún así, hace tan sólo cuatro años España estaba a dieciséis puntos de la renta per capita de Alemania y hoy está a seis. Y, si hace tan sólo cuatro años España estaba a once puntos de la renta per capita de Francia, hoy está a cuatro. Además, la creación de tres millones de empleos en cuatro años ha permitido que la tasa de empleo se sitúe por encima de la media de la Unión Europea a 27.
Nuestra economía presenta unas fortalezas con las que nunca antes habíamos contado, que hemos ido acumulando mediante el esfuerzo continuado de todos a lo largo de años.
Primero, la población española está creciendo en su tasa más alta de la historia. Somos ya más de 46 millones y, gracias al fenómeno de la inmigración, se ha rejuvenecido significativamente nuestra población y nos encontramos ante un escenario demográfico más favorable.
Segundo, nuestra fuerza de trabajo cuenta con más de veinte millones de trabajadores. El número de mujeres trabajadoras ha pasado en los últimos cuatro años de 6.800.000 a ocho millones y medio de mujeres trabajando. También han aumentado significativamente las tasas de empleo de los jóvenes y de los trabajadores mayores. El nivel de cualificación de nuestra fuerza de trabajo es mayor, con cerca de un tercio de los trabajadores con estudios superiores, y más del 40 por 100 si nos centramos en los trabajadores entre 30 y 45 años. Gracias a este aumento en dotación de capital humano y al fenómeno de la inmigración, nuestro mercado de trabajo ha alcanzado un mayor nivel de de movilidad y una tasa de paro de larga duración por debajo del promedio europeo.
Tercero, el tejido empresarial ha sabido adaptarse bien al reto de la globalización. Baste decir que tenemos empresas líderes en el mundo en ámbitos tan significativos como las comunicaciones, las obras públicas, las finanzas, los hidrocarburos, las energías renovables y el turismo.
Nuestras empresas han llevado a cabo un intenso proceso inversor en bienes de equipo. En los cuatro últimos años han invertido un promedio del 7,4 por 100 del Producto Interior Bruto al año en bienes de equipo, muy por encima de la media europea y que representa cerca del 92 por 100 de nuestro déficit por cuenta corriente. Es un endeudamiento productivo que nos ha permitido multiplicar por siete el crecimiento de la productividad, pasando de un crecimiento del 0,14 por 100 en el primer trimestre del año 2004 al 0,98 por 100 en el primer trimestre de 2008.
Por encima de todo, merece destacar que España, con una tasa de apertura del 60 por 100, es ya una de las economías más abiertas al mundo, por encima de Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. En este sentido, es importante señalar que nuestra economía, a pesar de la irrupción con fuerza de China e India en el comercio mundial, ha sido, junto a la alemana, la única de las grandes economías europeas que ha mantenido su cuota de mercado, un 1,8 por 100, en los últimos años.
En cuarto lugar, nuestro sector financiero presenta unas tasas de solvencia muy superiores al resto de los países más desarrollados. Así, a pesar del aumento en la tasa de morosidad esperable en una situación económica como la que estamos atravesando, nuestro nivel de provisionamiento, cuatro veces superior al de otros países desarrollados, permitiría cubrir hasta dos veces los fallidos sin efectos relevantes en los resultados de los bancos.
En quinto lugar, y desde luego no por ello menos importante, con nuestras cuentas públicas partimos claramente de una mejor situación que en el pasado, gracias a los superávits acumulados de los últimos cuatro años que nos han llevado a tener una deuda pública de las más bajas de la zona euro y muy inferior a la que teníamos en las anteriores fases bajas del ciclo.
Repárese por un momento en los datos de déficit presupuestario y deuda pública de algunos de los más importantes países europeos: Francia, déficit del 2,7 por 100 y deuda, 64 por 100 del PIB; Alemania, en equilibrio presupuestario, pero con una deuda del 65 por 100 del Producto Interior Bruto; Italia, déficit público del 1,9 por 100 y deuda, 104 por 100 del Producto Interior Bruto; y España, superávit del 2,2 por 100 y deuda del 36 por 100 del Producto Interior Bruto. Con estos datos cabe hacerse la pregunta: ¿qué harían y qué dirían algunos si tuviésemos que afrontar una fase baja del ciclo, como la actual, partiendo de un déficit de 3,4 puntos del PIB y de una deuda cercana al 50 por 100, como fue la media de la economía española hasta 2004?
Es cierto que la debilidad del crecimiento económico se está trasladando a la evolución de los ingresos públicos y que el funcionamiento de los llamados “estabilizadores automáticos” tira del gasto hacia arriba, especialmente en lo que afecta al desempleo. Pero esta minoración del superávit no nos debe llevar al dramatismo. Es lógico que se produzca.
Tener superávit no es un objetivo intemporal o incondicionado; lo es, y hemos sido y seremos coherentes con esta convicción, cuando la economía se encuentra en expansión. Cuando esto no ocurre, como ahora, hay que mantener en todo caso una actitud general de rigor, pero es bueno que la política fiscal contribuya a estabilizar la economía. Por eso, en la anterior Legislatura se cambió la antigua regla del déficit cero por un principio de estabilidad a lo largo del ciclo, que asegura el carácter contracíclico de la política fiscal.
Hemos ahorrado cuando debíamos y ahora tenemos margen para afrontar dificultades; pero, además, somos un país más fuerte porque en estos últimos años hemos enriquecido nuestra política social, que ahora adquiere un valor mayor, si cabe, cuando las cosas van peor.
Porque cuando las cosas no van bien, es importante saber que la tasa de cobertura del desempleo, que era del 64,2 por 100 en 1993 y del 59,9 por 100 en 2002, alcanza hoy el 83,9 por 100 de los desempleados; que las pensiones mínimas son, en media, un 90 por 100 más altas hoy que en 1993 y un 40 por 100 más altas hoy que en 2002; que el Salario Mínimo ha alcanzado los 600 euros y es hoy un 70 por 100 más alto que en 1993 y un 35 por 100 más alto que en 2002; que hemos puesto en marcha la Ley de Dependencia, invirtiendo más de 1.500 millones de euros, como una gran palanca de política social; que hemos conseguido la total cobertura pública en la educación de tres a seis años y ahora nos proponemos alcanzarlo de cero a tres años; o que hemos introducido el permiso de paternidad, del que se han beneficiado ya 311.000 personas, las ayudas por nacimiento o adopción de hijos, por un importe de 2.500 euros y que han percibido ya cuatrocientas mil personas, o las ayudas para alquiler de viviendas de las que se están beneficiando sesenta mil jóvenes en nuestro país.
Incluso en estos momentos de dificultad, la Seguridad Social seguirá aportando superávit, que continuará nutriendo el Fondo de Reserva para financiar las pensiones del futuro. Con la aportación de 4.700 millones aprobada en el último Consejo de Ministros, el Fondo de Reserva asciende a 56.000 millones de euros, el 5,32 por 100 del Producto Interior Bruto.
Señorías,
Es importante señalar, además, que, incluso en este difícil momento coyuntural, hay datos que presentan un signo positivo y son datos significativos: la inversión directa en España, que en los primeros cuatro meses de 2008 alcanza los 16.136 millones de euros, frente a los 7.444 millones en el mismo período de 2007, consolidando la tendencia positiva de los años previos y demostrando la confianza que los inversores extranjeros tienen en nuestra economía; el fuerte crecimiento de la llegada internacional de turistas en los cinco primeros meses del año, que implica que veintiún millones han visitado nuestro país, un 3,7 por 100 más que en el mismo período de 2007; el buen comportamiento de las exportaciones, que las ha llevado a crecer un 7,2 por 100 en los cuatro primeros meses del año, casi tres puntos más que el 4,6 por 100 del cuarto trimestre de 2007, o la inversión en bienes de equipo, aumentando con fuerza, registrando una tasa del 6,3 por 100 en el primer trimestre del año.
Y, a pesar de nuestra elevada dependencia de los hidrocarburos, en los últimos tres años la intensidad energética del petróleo ha caído un 10 por 100 en nuestro país.
Por último, si bien es cierto que las afiliaciones están decreciendo en tasas interanuales por primera vez en más de una década, es importante resaltar que, si descontamos las afiliaciones de la construcción, la creación de empleo se mantiene en tasas positivas, aunque de forma más debilitada. Concretamente, si descontamos la construcción, los afiliados a la Seguridad Social continúan creciendo a tasas del 1,3 por 100 interanual, siendo la rama de los servicios, con un crecimiento del 2 por 100, la que muestra un mayor dinamismo.
Señorías,
El Gobierno ha estado trabajando desde el primer día en una amplia batería de medidas económicas que cubren diferentes sectores de la actividad. Lo ha hecho con una triple finalidad: primera, para paliar las consecuencias en las familias de las subidas de los precios y de los tipos de interés de las hipotecas; segundo, para apoyar a las empresas, a los sectores productivos más afectados por el fuerte ajuste del crecimiento, y, tercero, para acelerar el cambio de nuestro patrón de crecimiento, mediante reformas que introduzcan mejoras de la competitividad en sectores claves para nuestro crecimiento.
Por tanto, en primer lugar, ¿cómo está haciendo frente el Gobierno a la subida de los precios de carburantes y alimentos que sufren las familias?
Es evidente, Señorías, que ni éste ni ningún Gobierno puede poner freno a la escalada en el precio de los carburantes y de los alimentos que hemos vivido en el último año; tampoco a las subidas de los tipos de interés producidas como consecuencia de la crisis financiera internacional y que tanto afectan a la renta disponible de la familias españolas.
Por ello, nuestra primera prioridad ha sido reducir el impacto de estas dificultades en las familias. Así, más de dieciséis millones de ciudadanos, entre asalariados, pensionistas y autónomos, ya han empezado a notar en su nómina del mismo mes de junio los efectos de la rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de cuatrocientos euros. Esta rebaja de impuestos, junto con la eliminación del Impuesto de Patrimonio, aprobada para el próximo ejercicio, y la deflactación de la tarifa y actualización de mínimos del IRPF, que supone cerca de mil millones de euros, representa una transferencia de renta que el Gobierno ha aprobado a los ciudadanos por valor de nueve mil millones de euros, es decir, un billón y medio de las antiguas pesetas, y que se une a las reducciones en el IRPF que ya aplicamos en la anterior Legislatura.
Es una medida que, como saben, aprobamos en el primer Consejo de Ministros de esta Legislatura: seis mil millones de devolución del IRPF, con la medida de los cuatrocientos euros; la aprobación de la supresión del Impuesto del Patrimonio de 1.800 millones de euros, a lo que se han sumado los mil millones de euros de la deflactación de la tarifa y de la actualización de mínimos.
El Gobierno trata, además, de evitar, con los medios a su alcance, que el alza de los alimentos siga dañando la renta de las familias. Por esta razón, se promueven plataformas informativas sobre precios de bienes básicos y la Comisión Nacional de la Competencia ha iniciado expedientes sancionadores por la posible concertación de precios entre algunas empresas de alimentación. También, y dentro de la Unión Europea, se han tomado medidas para aumentar la oferta de cereales, que es la causante básica de la subida del precio de los alimentos.
Para reducir el efecto negativo que la subida de tipos de interés está produciendo de manera específica, además de la devolución del Impuesto de la Renta y de lo que va a suponer la supresión del Impuesto del Patrimonio, desde mayo es posible ampliar el plazo de amortización del crédito hipotecario, para reducir la cuota de pago mensual, a coste cero y se han eliminado los costes financieros, los gastos fiscales, los registrales y los notariales, lo que supone un ahorro medio de trescientos euros.
El segundo grupo de medidas tiene por objeto el apoyo a los sectores productivos más perjudicados por la situación para compensar las dificultades de financiación, la subida del precio del petróleo y la caída de la construcción.
El Gobierno apoya a las empresas en un momento en el que muchas padecen el endurecimiento de las condiciones crediticias. Lo hace, en primer lugar, con la reducción del Impuesto de Sociedades acordada en la Legislatura anterior y cuya segunda fase entra en vigor este año. En segundo lugar, y para mejorar el acceso a la financiación, hemos aumentado en 2008 hasta tres mil millones de euros la línea de avales del Tesoro para la titulización de créditos a las PYMEs. De forma complementaria, en 2009 y 2010 se ampliarán las actuales líneas de apoyo a la financiación de las PYMEs y se introducirá una nueva línea de financiación para empresas medianas, movilizando un conjunto de 25.000 millones de euros.
Asimismo, se han acelerado las devoluciones del IVA para el conjunto de las empresas, de modo que también puedan pedir mensualmente la devolución. Esta medida tendrá un impacto importante sobre la actividad de nuestro tejido empresarial, que recibirá seis mil millones de euros de manera anticipada en 2009.
En este capítulo de apoyo a sectores productivos estamos tomando medidas para paliar la situación de colectivos cuya actividad económica se ve especialmente afectada por la subida de carburantes, como es el caso del transporte por carretera. El pasado 11 de junio el Ministerio de Fomento y el Comité Nacional del Transporte por Carretera alcanzaron un acuerdo por el que el Gobierno se comprometió a ejecutar 54 medidas con el objetivo de superar las dificultades generadas en el sector por la escalada del precio del gasóleo y la caída de la actividad, de tal forma que las empresas españolas puedan mantener su competitividad.
Entre las medidas se encuentran una reducción en las cargas fiscales, mediante una bonificación para 2008 de las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas, una reducción para 2008 y 2009 del Impuesto sobre primas de seguros, la agilización de la devolución del IVA y la modificación del tratamiento de las dietas en el IRPF.
En el sector de la pesca hemos buscado respuestas coordinadas dentro de la Unión Europea. Como ya informé a Sus Señorías en mi comparecencia del pasado 25 de junio, España ha propiciado una iniciativa conjunta con los países mediterráneos de la Unión que propone, entre otras medidas, el aumento del límite existente de ayudas de mínimis al sector y el uso de fondos comunitarios para poner en marcha medidas, tanto de urgencia, como estructurales, para un sector en el que el carburante puede suponer una tercera parte de sus costes totales.
Por último, también el sector agrario mantiene conversaciones con el Gobierno para tratar de acordar medidas que apoyen paliar este aumento desproporcionado de los carburantes.
Pero hay que reconocer que la subida de los carburantes supone un empobrecimiento del conjunto de la sociedad.
Señorías,
Lo que ha representado el aumento del precio del petróleo en el último año supone una factura de incremento que España tiene que pagar de diecinueve mil millones de euros; eso es lo que ha representado el aumento del precio del petróleo en el último año. Por ello uno de los principales ejes de respuesta debe basarse en reducir nuestro consumo energético con carácter general.
En el Consejo de Ministros del pasado viernes hemos aprobado el Plan VIVE, que entrará en funcionamiento este mismo mes y que ofrecerá financiación a los cuatro millones de conductores con vehículos de más de quince años, con un alto consumo de carburante, para que los sustituyan por un coche nuevo más eficiente y con bajas emisiones. Se espera reducir el consumo de petróleo en setecientos mil barriles anuales, evitando la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero en cerca de doscientas mil toneladas anuales.
Además, estamos poniendo en marcha las primeras medidas del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, que supondrá reducir un 10 por 100 de nuestro consumo energético actual. Es el caso del Plan para cambiar el 25 por 100 de semáforos convencionales por ópticas eficientes, ahorrando un 80 por 100 de consumo eléctrico; o de un programa para financiar proyectos de inversión en ahorro y eficiencia energética ligados a sectores intensivos en energía, dotado con sesenta millones de euros. Y en los próximos meses estará en vigor el Programa de Promoción de Lámparas de Alta Eficiencia Energética, que supondrá un ahorro anual equivalente al consumo de sesenta mil hogares.
También hay que consolidar nuestra posición de liderazgo en renovables y para ello presentaremos antes de fin de año una nueva Ley de la Eficiencia Energética y Energías Renovables.
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que el consumo de carburantes para el transporte supone cerca del 40 por 100 del consumo final de energía en España y por ello es necesario incentivar el uso de biocombustibles. Para avanzar en esta dirección el Gobierno ya ha establecido mínimos del 3,4 por 100 en 2009 y del 5,8 por 100 en 2010 para la participación de los biocombustibles en los carburantes de automoción, y fijará las normas para asegurar que se produce la diversificación tecnológica entre biodiesel y bioetanol.
Por último, para garantizar la seguridad de suministro, en la Cumbre Bilateral con Francia del pasado 27 de junio se firmó un acuerdo para la construcción de una nueva línea de transmisión que doblará nuestra capacidad de interconexión con este país. Se trata de un hito importante en la mejora de nuestra seguridad de suministro, ya que no se construía una línea nueva con Francia desde hace más de veinticinco años.
Apoyo, pues, a las empresas para favorecer su financiación, para aminorar el brusco impacto del incremento del precio del petróleo y para compensar también la crisis del sector inmobiliario.
Señorías,
En este último ámbito, en el sector inmobiliario, el sector de la construcción, se está acelerando la licitación de obra pública, habiendo alcanzado ya los nueve mil millones de euros en el primer semestre de este año, para compensar en alguna medida la reducción tan fuerte de inversión en el sector residencial.
Paralelamente, hemos adoptado medidas para el impulso a la construcción de Viviendas de Protección Oficial, un bien básico que el Estado debe facilitar. Hemos dotado a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad para acordar con el sector privado la transformación de vivienda libre en vivienda protegida y en octubre se concretarán con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos los compromisos financieros del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012. Y, para facilitar la financiación por parte de bancos y cajas de Viviendas de Protección Oficial, hemos dotado con cinco mil millones de euros un nuevo aval del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, para titulizaciones, comprometiéndonos a que esta línea se mantenga en 2009 y 2010; todo ello con el objetivo de construir a lo largo de la Legislatura seiscientas mil Viviendas de Protección Oficial.
Adicionalmente, el 1 de enero de 2009 se pondrá en marcha un plan de estímulo a la rehabilitación de viviendas e instalaciones turísticas, el plan Renove, dotado con 2.500 millones de euros anuales en 2009 y 2010. Además del importante impacto sobre el empleo que va a tener, el plan Renove servirá para reducir nuestras emisiones y nuestra dependencia energética e impulsar un turismo de mayor calidad en un sector tan determinante para la economía de nuestro país. De forma complementaria, antes de fin de año presentaremos un nuevo marco normativo más flexible y sencillo para impulsar las actividades de renovación y rehabilitación, refundiendo y simplificando la amplia normativa existente que afecta a estas actividades.
Por último, para responder a la pérdida de empleo en el sector de la construcción, el próximo septiembre estarán disponibles en los Servicios Públicos de Empleo itinerarios personalizados para los trabajadores afectados, con ayudas especiales para la búsqueda de empleo de desocupados con especiales dificultades de inserción laboral o cuya contratación implique movilidad geográfica.
En total, las medidas para el estimulo del sector de la construcción suponen una inyección adicional de quince mil millones de euros en 2009 y 2010.
Finalmente, Señorías, paso revista al tercer bloque de medidas, el que está llamado a tener más alcance en el tiempo, el que mira al inmediato presente pero, sobre todo, al futuro: es el bloque de las reformas para acelerar el cambio de modelo productivo.
Este rumbo lo iniciamos en la pasada Legislatura y ha empezado a dar sus frutos, pero éstos son aún insuficientes. Es imperativo avanzar más y más rápidamente. En pocas palabras, se trata de aumentar nuestra dotación de capital físico, humano y tecnológico, avanzar en la modernización de la Administración y mejorar el funcionamiento de los mercados para lograr un incremento sostenido de la productividad.
En el ámbito de las infraestructuras seguiremos desarrollando el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, el programa de inversión en infraestructuras de transporte, con igual o superior intensidad que hasta ahora. Por ello, el Gobierno tiene el compromiso de que la inversión en infraestructuras crezca en los Presupuestos de 2009 por encima del promedio del gasto público.
Singularmente, vamos a impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril con el objetivo de acercarnos a la media europea y vamos a introducir la participación privada en las actividades de gestión de aeropuertos de AENA para mejorar la eficiencia de nuestros aeropuertos. Lo haremos, tal y como nos hemos comprometido, incorporando a las Comunidades Autónomas a su gestión.
Asimismo, antes de 2009 presentaremos un Anteproyecto de Ley de Puertos para introducir mayor competencia entre puertos y en la provisión de servicios dentro de los mismos.
En materia de telecomunicaciones, vamos a seguir reduciendo las barreras que limitan un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, a la par que reforzando la protección de los consumidores.
En educación, en los últimos años hemos sentado las bases para mejorar la calidad de nuestro capital humano, abordando una reforma profunda del sistema educativo con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación y la reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Para los próximos años debemos atajar una de las principales debilidades crónicas que viene mostrando nuestro sistema educativo: el abandono escolar prematuro.
Otra de nuestras prioridades va a ser la cobertura en la educación infantil de cero a tres años. El Gobierno tiene el compromiso de crear trescientos mil puestos adicionales en los próximos cuatro años para generalizar así la oferta educativa. Este compromiso es especialmente importante por su efecto dinamizador sobre el mercado de trabajo al permitir que cerca de setenta mil ciudadanos más, singularmente mujeres, se incorporen al mercado de trabajo.
Vamos a revisar el actual modelo de Formación Profesional, lo que consideramos prioritario para impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico. Este mismo mes el Gobierno aprobará una línea de reformas que nos llevará hacia un nuevo sistema de Formación Profesional más flexible y más ágil en su adaptación a las necesidades de la sociedad, con mayor reconocimiento social y más visible.
También daremos un impulso definitivo a la Universidad, modernizándola a través de la Estrategia Universidad 2015, para mejorar la excelencia, la competitividad, la internacionalización del sistema universitario y la calidad de las instalaciones y laboratorios universitarios. Una pieza fundamental de esta Estrategia, que desarrollaremos en cooperación con las Comunidades Autónomas, es la reforma del sistema de financiación universitaria para orientarlo más hacia la calidad y vinculándolo a resultados verificables.
En lo que concierne a otra de nuestras líneas de atención estratégica, la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación, durante la anterior Legislatura sentamos las bases de un nuevo sistema de Ciencia y Tecnología que nos permitiera aspirar a situarnos a medio plazo entre las potencias tecnológicas del mundo. A las nuevas políticas, que han supuesto un empuje sin precedentes para la ciencia y la innovación bajo el paraguas de Ingenio 2010, se ha unido el esfuerzo inversor que supone casi triplicar los recursos entre 2004 y 2008, orientando estos recursos en programas específicos para aumentar la excelencia, la transferencia tecnológica y la inversión privada en Investigación, Desarrollo e Innovación.
En esta Legislatura vamos a mantener el importante esfuerzo presupuestario en esta materia y con el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, que aúna por vez primera en España el conjunto de instituciones públicas dedicadas a la I+D+i civil, pretendemos mejorar la gestión y la coordinación dentro de la propia Administración General del Estado y de ésta con las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea.
La actuación del Gobierno en este área vendrá marcada por el desarrollo del nuevo Plan Nacional de I+D+i para el período 2008-2011. Este Plan, que simplifica considerablemente el complejo mapa instrumental existente, concentra los esfuerzos en cinco áreas tecnológicas de futuro: la Salud; la Biotecnología; la Energía y el Cambio Climático; las Tecnologías de la Información y la Comunicación; y la Nanotecnología y los Nuevos Materiales.
Por tanto, Señorías, mayor y mejor inversión en capital físico, humano y tecnológico como pieza esencial en la aceleración del nuevo modelo de crecimiento económico; pero también reformas en distintos mercados y en la Administración.
El sector servicios es un importante motor de crecimiento y creación de empleo: representa dos terceras partes de nuestra actividad. Sin embargo, no está sujeto aún todo lo que debería a las reglas de la competencia y es, en buena medida, responsable de nuestro diferencial de inflación.
Reitero el anuncio realizado sólo hace unos días: antes de que concluya este mes se elevará a la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos un borrador de Anteproyecto de Ley para una transposición de la Directiva de Servicios, que reduzca de forma efectiva las trabas a la actividad en el sector, incentive la productividad, incremente la variedad y calidad de los servicios, y reduzca los precios que deben pagar consumidores y empresas en actividades como la distribución comercial, los colegios privados, la hostelería o las gasolineras.
El pasado 4 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción de reducción de Cargas Administrativas para aligerar las actuales cargas burocráticas mediante diversas actuaciones que afectarán en una primera fase a 58 procedimientos administrativos que afectan a la actividad empresarial.
Dentro de este capítulo de reformas quiero incluir también, Señorías, una referencia a las medidas de apoyo al mercado de las viviendas en alquiler, pues, a juicio del Gobierno, poseen igualmente un significado estructural.
En nuestro país el acceso a la vivienda en alquiler es aún una tarea pendiente y tenemos una tasa de viviendas vacías superior a la de nuestros homólogos europeos. Junto a las ayudas al alquiler para jóvenes, hemos tomado medidas fiscales tanto para arrendatarios como para inquilinos, que ya han podido hacer valer en sus declaraciones de impuestos de este año. Ahora es momento de mejorar el marco jurídico que afecta a las decisiones de los propietarios de alquilar o no una vivienda. Una mejora de este marco debería dar lugar al aumento en la oferta de alquiler y a una reducción en los precios. Con esa finalidad, y de nuevo antes de que concluya el presente mes, el Consejo de Ministros enviará para informe al Consejo General del Poder Judicial un Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El núcleo de estas reformas lo abordaremos buscando el consenso de la Cámara. Merecerá la pena todo el esfuerzo por conseguirlo.
Por tanto, Señorías, reformas para aumentar e incrementar nuestro capital humano, físico y tecnológico, que afectan desde al sector del transporte a la Formación Profesional, pasando por mantener el impulso en Investigación; reformas en el mercado de servicios y en la vivienda de alquiler, reformas administrativas… Todas ellas reformas concretas, cuantificables y periodificadas en cuanto a su entrada en vigor.
No dudo de que se pueden echar de menos algunas otras y el Gobierno está abierto a tomarlas en consideración; pero creo, sinceramente, que este bloque de medidas, y me refiero ahora sólo al tercero del que me he ocupado en esta exposición, es un bloque ambicioso con un plazo de ejecución corto y destinado a mejorar nuestro modelo productivo.
Señorías,
Como ya he indicado anteriormente, la situación económica está afectando a la mayoría de los países europeos. Es verdad que nosotros tenemos algunos problemas específicos o que padecemos con mayor intensidad, como la crisis del sector de la construcción o la especial necesidad de financiación exterior; pero, sustancialmente, las distorsiones del sistema financiero y la escalada de los precios del petróleo y otras materias primas nos afectan a todos de una manera semejante.
No evoco esta circunstancia para buscar ninguna complacencia de los problemas compartidos: la responsabilidad del Gobierno, del Gobierno de España, se mide por los problemas que padecen nuestros conciudadanos. Éste es un parámetro ineludible para nosotros. Hago, pues, la referencia, Señorías, con otro sentido: el Gobierno sigue con especial interés las medidas que están adoptando otros países, en especial los europeos, para analizar su eventual utilidad para nosotros.
Pues bien, de esa evaluación se desprende que en ningún país europeo se ha aprobado un plan específico tan ambicioso como el que ha aprobado nuestro país, que incluye, al día de hoy, 47 medidas ya adoptadas o de inminente adopción y la movilización de más de 65.000 millones de euros para apoyar a las familias en sus rentas, a las rentas, al sector de las infraestructuras y a las reformas en diversos ámbitos, como acabo de referir.
Señorías,
Dejo para el final dos consideraciones de primer orden sobre el camino elegido para afrontar y superar este período de dificultades.
En primer término, reitero hoy aquí, una vez más, nuestra concepción del diálogo social, con los representantes de trabajadores y empresarios, como un verdadero elemento estratégico de nuestra política económica y social. Ya fuimos consecuentes con esta concepción en la pasada Legislatura y con mayor razón lo vamos a ser en la actual.
Como saben, se ha producido una primera reunión al más alto nivel con los interlocutores sociales y antes de que termine julio fijaremos conjuntamente una agenda de trabajo ambiciosa y realista que dé respuesta a la actual situación económica y a los efectos en el ámbito social.
A lo largo de esta intervención he realizado una síntesis de las iniciativas del Gobierno tomadas hasta el momento y de las previstas para llevar a la práctica a corto plazo, pero la estrategia política de respuesta quedaría incompleta si no indicáramos, además, lo que no vamos a hacer. Ésta es la segunda consideración de alcance que quiero formular para concluir.
El Gobierno no va a incumplir o dejar en suspenso ninguno de sus compromisos de política social contraídos con los ciudadanos. Dada la situación de serias dificultades que vivimos, considero pertinente hacer este pronunciamiento delante de toda la Cámara.
Vamos a actuar así por dos motivos: porque el Gobierno cree que posee margen para ello, incluso en la hipótesis más pesimista de la evolución de la situación, y porque lo concibe como un imperativo de equidad social, porque nos parece inaceptable que puedan pagar más las dificultades que atravesamos los más vulnerables a ellas.
Es decir, a las medidas anteriormente citadas habría que añadir las siguientes: vamos a seguir mejorando las pensiones mínimas y vamos a seguir mejorando el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar en ambos casos los compromisos para el conjunto de la Legislatura; en concreto, la subida para 2009 se presentará y dialogará, como siempre, a los interlocutores sociales; vamos a seguir desarrollando y aplicando la Ley de Dependencia en los términos previstos; vamos a mejorar las prestaciones no contributivas; vamos a completar la cobertura publica en la educación de cero a tres años, conforme al compromiso establecido; vamos a mejorar el programa de becas; vamos a mantener la alta cobertura del subsidio de desempleo y vamos a consolidar todos los avances sociales de la pasada Legislatura, como las ayudas por nacimiento o al alquiler de vivienda para jóvenes, que se instauraron por primera vez en nuestro país.
El Gobierno va a hacer el mayor esfuerzo posible para reducir los gastos corrientes, pero no va a congelar, ni mucho menos a reducir, ni el gasto social ni el gasto productivo con un efecto anticíclico. Toda la austeridad posible, pues, pero no a costa de los compromisos sociales ni de las inversiones que tenemos que seguir haciendo, y a mayor ritmo si cabe, en infraestructuras, en educación y en innovación.
Lo diré en otros términos: cuando las cosas han ido bien o muy bien durante la Legislatura pasada, el Gobierno aplicó una gestión socialdemócrata del crecimiento económico, haciendo esfuerzo por redistribuirlo y por extender el bienestar social; ahora, que las cosas van claramente menos bien, también aplicaremos una política socialdemócrata a las dificultades, utilizando el margen adquirido para proteger a los que se encuentran en una peor situación. En el período anterior, con el viento a favor, cumplimos el mandato electoral y ahora, en condiciones adversas, también lo haremos.
Termino ya, Señorías, y lo hago con una expresión de confianza, de clara confianza en nuestras posibilidades de superar esta situación y de clara confianza en nuestro país, en España. Es verdad que no dependen de nosotros una parte de los factores que determinan la evolución de la situación, pero sí depende de nosotros, y del Gobierno en primer lugar, amortiguar sus efectos más negativos y hacer valer nuestras ventajas comparativas en cuanto el contexto internacional cambie. Lo haremos, no tengo ninguna duda. Va a exigir mucho esfuerzo de todos, en primer lugar del Gobierno, pero lo haremos. Superaremos las dificultades y velaremos, ahora más que nunca, por una política de fuerte compromiso social con trabajadores, desempleados, pensionistas, jóvenes y autónomos, con aquellos que tienen que hacer normalmente más esfuerzo.
Muchas gracias.
Si (
No(
