Ignacio González da su versión de Lezo sin pedir su libertad

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que pidió comparecer este miércoles por el caso Lezo, se limitó a dar su versión sobre los hechos que se le imputan y de los que ya se les ha levantado el secreto de sumario. Su defensa no pidió en ese momento su libertad sino que lo hará más adelante, tras haber afirmado que no existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas ni "mucho menos" reiteración delictiva.

Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso Efe, González comapreció con un aspecto desmejorado. La declaración duró poco menos de dos horas, desde las 11:15 hasta las 13:00 horas y fue solicitada por su defensa tras un levantamiento parcial del secreto de sumario. El expresidente de la CAM lleva en prisión provisional desde el pasado 21 de abril, cuando fue detenido en medio la investigación del caso Lezo.

Ahora, y con el levantamiento parcial de ese secreto, González ha querido explicar su relación con las operaciones irregulares de las que se le acusa, principalmente las relacionadas con el Canal de Isabel II, entre ellas la compra de la brasileña Emissao con un sobreprecio de 20 millones de euros de capital público de la Comunidad de Madrid.

Durante la declaración solo ha preguntado la fiscal del caso, Carmen García, que ha precisado que, si bien una parte del sumario ya no es secreta, otra parte lo sigue siendo y hay una serie de sociedades que se siguen investigando.

A la declaración han asistido solo la fiscal y su defensa, que ha estado representada por una letrada del despacho de Mestre, y el juez, quien, según las fuentes, no ha hecho ninguna pregunta.

Por ello en los próximo días pedirán por escrito al juez García Castellón que le ponga en libertad con la adopción de las medidas cautelares que considere oportunas, y poder así regresar "a casa con su familia".

González pidió declarar a petición propia después de que la semana pasada lo hiciera Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado su hombre fuerte en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, y que al igual que el expresidente madrileño tampoco reclamó en esa comparecencia su puesta en libertad.

La comparecencia de Ignacio González por el caso Lezo ha coincidido en la Audiencia Nacional con la de su hermano Pablo -en prisión bajo fianza de 4 millones de euros por el caso Lezo- al haber sido citado por el juez José de la Mata en relación con la empresa pública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento), de la que fue directivo y que está siendo investigada en el marco del caso Defex, una empresa semipública.

La primera en declarar a petición propia ante el nuevo magistrado de Lezo, que ha sustituido al juez Eloy Velasco, fue la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Antonia Richmond, que un día después consiguió que se le rebajara la fianza de 4 millones que le impuso Velasco a 100.000 euros, por lo que pudo salir de prisión.

Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, los imputados en la causa que se encuentran en prisión han solicitado todos volver a declarar. Tras la excarcelación de Richmond son tres los que permanecen en prisión: Ignacio González, su hermano Pablo González y Rodríguez Sobrino.

El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó mantener en prisión a González por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al observar que aún podría tener patrimonio "oculto" y recordaba que en una conversación entre dos investigados se hablaba de que tenía "dinerillo B".

Según el auto de la Sala, el expresidente madrileño podría estar implicado "en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero" (Madrid), así como en la operativa fraudulenta del Canal de Isabel II y en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).

González está imputado por delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.