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COMUNICADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA

La policía detiene a uno de los nuevos jueces del Supremo venezolano

Vista general de la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela celebrada el viernes 21, de julio de 2017, en Caracas (Venezuela). El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, eligió a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión no reconocida por el Gobierno y por los jueces en ejercicio de esta alta corte cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara.
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Vista general de la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela celebrada el viernes 21, de julio de 2017, en Caracas (Venezuela). El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, eligió a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión no reconocida por el Gobierno y por los jueces en ejercicio de esta alta corte cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara. (Foto: EFE/Miguel Gutiérrez)
domingo 23 de julio de 2017, 18:37h
Amenaza con seguir arrestando al resto de magistrados designados el viernes.

Este sábado noche, el SEBIN detuvo al Dr. Ángel Zerpa, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia designado el 21 de julio de 2017, lo cual representa una grave violación de la Constitución y pone en serio riesgo los derechos del Dr. Zerpa. El Dr. Zerpa fue designado Magistrado por el órgano competente para hacerlo, después de seguir el procedimiento constitucional y legal, con base en las postulaciones recibidas en el Comité de Postulaciones Judiciales y en el baremo que éste aplicó. Además, sobre los restantes Magistrados designados el 21 de julio pende la amenaza de sufrir sendas privaciones ilegítimas de la libertad. Tanto el Dr. Zerpa como los demás Magistrados que fueron elegidos por la Asamblea Nacional el 21 de julio son ilustres venezolanos cuyas credenciales profesionales y académicas les hicieron merecedores de tal designación, los cuales están contribuyendo con la construcción de la institucionalidad democrática y la superación de los vicios que la han menoscabado.

Esta actuación del SEBIN, avalada por anticipado y a ciegas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es una continuación del golpe contra la Asamblea Nacional y la Constitución que ha perpetrado Nicolás Maduro y los órganos que le están servilmente subordinados. Forma parte de la agresión contra los derechos de los venezolanos que implica la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, que pretende ser impuesta con el respaldo del uso de las armas, de la jurisdicción militar y de la negación de todas las expresiones genuinas de la soberanía popular.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, agente fundamental de la destrucción del orden constitucional en Venezuela, dictó el 20 de julio de 2017 la sentencia Nº 545 mediante la cual declaró la nulidad del correspondiente procedimiento de designación y advirtió sobre las posibles responsabilidades penales relacionadas con la asunción de las respectivas funciones. Más aún, en rueda de prensa el Presidente de la Sala Constitucional señaló que quienes fueran juramentados como Magistrados incurrirían en delito flagrante y deberían ser detenidos.

No obstante, dicha sentencia de la Sala Constitucional es nula por haber sido suscrita mayoritariamente por Magistrados cuya designación fue anulada por la Asamblea Nacional en julio de 2016 y que, adicionalmente, no podían pronunciarse en una causa en la que tienen evidente interés, al estar en entredicho su permanencia en el cargo y al ventilarse irregularidades de las que fueron cómplices durante el procedimiento fraudulentamente desarrollado en diciembre de 2015.

Por otra parte, se ha violado abiertamente el debido proceso y la independencia judicial, pues el Dr. Zerpa y demás Magistrados designados el 21 de julio de 2017 han sido condenados de antemano por el Presidente de la Sala Constitucional, desfigurando las garantías fundamentales del proceso penal, hasta tal punto que la Sala Constitucional llegó a adelantar la posibilidad de que los Magistrados juramentados sean juzgados por tribunales militares.

Como Junta Directiva de la Asamblea Nacional exigimos que los órganos del Estado se abstengan de llevar a cabo otras acciones contrarias a los derechos humanos, que generan responsabilidad personal incluso cuando median órdenes superiores (artículo 25 de la Constitución). Asimismo, exigimos la actuación de la comunidad internacional frente a esta escalada represiva que desconoce completamente los derechos humanos y el Estado de Derecho. Requerimos igualmente que cese de inmediato la detención del Dr. Ángel Zerpa.

La Asamblea Nacional seguirá avanzando firmemente en la renovación institucional y en el cumplimiento de los compromisos asumidos, de acuerdo con la Constitución.

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