La última encuesta de la Generalidad, pese al cocinado de Puigdemont, indica que cada día aumenta el número de catalanes que rechaza la independencia (49,4 por ciento) mientras se reduce el de los que quiere separarse de España (41,1 por ciento). No es una sorpresa, pese a las apariencias.
Ocurre que en Cataluña impera la dictadura del miedo. Los niños no pueden hablar en castellano ni en los recreos del colegio, los comerciantes son multados por rotular en español (no en inglés o en chino), los funcionarios sufren el acoso de los comisarios políticos…El comentario en público de cualquier ciudadano que delate su rechazo a la independencia resulta una temeridad.
Los secesionistas, sin embargo, toman las calles, los medios de comunicación, los cargos políticos y hasta se cuelan en las grandes empresas. Y esa inmensa mayoría de catalanes que se siente español se esconde y se calla so pena de ser discriminado o insultado. Por poner dos ejemplos: nadie puede entrar en el Camp Nou con una bandera bicolor y salir indemne. Y los padres que reivindican el derecho de sus hijos a estudiar en castellano son vejados y hostigados.
Los millones de catalanes que forman esa inmensa mayoría silenciosa se sienten españoles, rechazan la independencia, repudian a los dirigentes de la Generalidad que les aboca a la secesión. Pero están atrapados por la dictadura del miedo a ser repudiados, insultados, marginados, incluso a perder su trabajo. Les falta libertad.
Cada día parece más evidente que si se celebrara un referéndum con todas las de la ley, los independentistas catalanes sufrirían una abultada derrota. Pero no es el caso. Si el 1 de octubre se instalaran las urnas y se celebrara la consulta ilegal, solo irían a votar los secesionistas. Y esa mayoría silenciosa de ciudadanos que se siente español ni se acercaría a los colegios electorales por considerar que se trata de un fraude, por no querer participar en una votación ilegal. Por eso, Puigdemont y sus corifeos están empeñados en organizar la burda parafernalia.
Con urnas o sin ellas, los partidos constitucionalistas tienen la obligación, a partir del 1 de octubre, de sacar de las catacumbas a esos millones de catalanes que quiere seguir siendo españoles. Y solo pueden lograrlo con un pacto político que les permita ganar las inminentes elecciones autonómicas. Ya ocurrió en el País Vasco, cuando la generosidad e inteligencia política del PP, con Mayor Oreja a la cabeza, apoyó al PSOE para que Patxi López fuera nombrado lendakari, aunque nunca lo agradeció y ahora parece haberlo olvidado. Aquel acuerdo regeneró la política vasca y puso a los nacionalistas en su sitio.
Ahora, según las encuestas, un acuerdo entre el PP, el PSOE y Ciudadanos podría gobernar en Cataluña, la mejor fórmula para espantar el fantasma de la independencia. El gran escollo se llama Pedro Sánchez, con su fobia al PP y su ridícula plurinacionalidad.
Conviene, en cualquier caso, pensar ya en el 2 de octubre. El día 1 puede ocurrir de todo. Los secesionistas tomarán las calles para celebrar la “victoria” o para denunciar la “represión”. El forcejeo entre el Estado y la Generalidad con la instalación de las urnas puede provocar un enfrentamiento violento. Los tribunales preparan querellas e inhabilitaciones con los dirigentes que incumplan la ley. Está por ver quién gana el pulso.
Pero después del día 1 solo queda enderezar el rumbo de Cataluña. Y el pacto entre los partidos constitucionalistas, antes y después de las inevitables elecciones autonómicas, sería el mejor camino para dar voz a esa inmensa mayoría silenciosa. La única salida al siniestro laberinto que se han inventado Mas, Puigdemon y los locos de la CUP. Ahora parece una utopía. El sueño de una noche de verano.
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