Así como la de altos cargos y empleados públicos que sean objeto de "querellas arbitrarias".
Los consejeros, altos cargos y empleados públicos de la Generalidad que se enfrenten a procedimientos judiciales derivados de la convocatoria y celebración del referéndum tendrán garantizada su defensa por parte del Gobierno catalán.
Así lo ha anunciado este martes Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz, quien ha dicho que el 'Govern' "no dejará solos" a sus empleados ante "querellas arbitrarias".
Tendrán garantizada su defensa aquellos que tengan que declarar ante tribunales o la policía "por cumplir acuerdos de gobierno, por obrar en el ejercicio legítimo de sus funciones y de acuerdo con el interés general de la Generalidad", aunque el acuerdo no contempla la protección en los casos de corrupción, entre otros.
El acuerdo establece que cada departamento podrá encargar a abogados externos la defensa de trabajadores públicos cuando estén afectados por estos supuestos, lo que puede acarrear un coste adicional que el Gobierno catalán no ha contabilizado.