El proyecto de la Generalidad de evaluar los juzgados con sede en Cataluña se ha topado este jueves con el Consejo General del Poder Judicial, que ha emitido un informe en el que señala que las Comunidades Autónomas "no pueden ejercer labores o cometidos que materialmente sean actos de inspección en órganos judiciales".
El 30 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya se pronunció al respecto al comunicar que si el CGPJ no lo autorizaba, no se iba a permitir el acceso a los sistemas de gestión procesal ni las actividades y visitas de inspección programadas en varios juzgados con sede en Cataluña.
El texto aprobado por el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces cita el artículo 122.2 de la Constitución relativo al Poder Judicial y señala que "no es posible que servicios, unidades o equipos dependientes del departamento de Justicia de la Generalidad lleven a cabo actuaciones que, más allá de su denominación, signifiquen el ejercicio material de una función inspectora de juzgados y tribunales”.
El documento dice que la Comunidad Autónoma sí puede ejercer labores de control y mejora del conjunto de medios personales y materiales que quedan dentro de su ámbito competencial, y que para ello será preciso arbitrar los mecanismos oportunos, desde el punto de vista de la colaboración institucional, que permitan que el Gobierno autonómico pueda conocer y obtener los datos precisos para el ejercicio de su competencia.
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