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CATALUÑA · REFERÉNDUM 1-O

Las dudas legales sobre el referéndum las resuelve el Govern

Las dudas legales sobre el referéndum las resuelve el Govern
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Sara Cabrero
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saracabreroelimparciales/12/4/12/24
sábado 29 de julio de 2017, 13:28h
Actualizado el: 29 de julio de 2017, 13:37h
En la web para este fin aseguran que es un proceso electoral cualquiera. Por S.C.
Parecen más convencidos que nunca. El desafío secesionista no cesa en Cataluña. La Generalidad crea cada día una nueva ley que ampara el independentismo y, en su contra, desde el Gobierno central y otras instituciones, catalanas inclusive, intentan frenarlo. En esta semana, han sido muchos los altos cargos del Govern los que han sido interrogados por la Guardia Civil por su supuesta implicación en los preparativos del referéndum del 1-O.

Concretamente, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona está investigando a los responsables de la web sobre el referéndum unilateral. La página online garanties.cat, disponible -por el momento- solo en catalán, contempla un apartado específico para las dudas más frecuentes (FAQ). Sobre los funcionarios, advierte: “La ley electoral no prevé la utilización de trabajadores públicos en la organización de las jornadas electorales” pues en los últimos 30 años nunca han sido necesarios, aseguran. Simplemente, consideran “imprescindibles” a los representantes de la Administración o agentes electorales representantes de la Administración o agentes electorales, “que siempre han sido elegidos desde una bolsa de trabajadores públicos voluntarios”. En este sentido, la Generalidad abrirá una bolsa para que se inscriban “voluntariamente” todos los ciudadanos que quieran formar parte. En cuanto a la financiación pública, una de las grandes controversias que rodean a esta deriva independentista, defienden que no recurrirán a ella.

Epígrafe especial para la base legal del 1-O. La respuesta, clara: “La Ley del Referèndum que aprobará el Parlamento de Cataluña”, una normativa que ya ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Igualmente, habrá un organismo “independiente e imparcial” que se encargue de garantizar la “transparencia y objetividad” del proceso electoral. Como si de unas elecciones convencionales tratara, también acudirán medios internacionales para validar la “máxima calidad democrática” así como juristas y expertos de diferentes ámbitos.

“Como en todos los procesos electorales”, “como en todas las elecciones” o “los mismos que se utilizan siempre” son algunas de las expresiones que se pueden encontrar a lo largo de esta web para aclarar cualquier cuestión legal, de horario o de organización en torno al referéndum. De esta forma, y quizás con el objetivo de no levantar sospechas, el Govern promete que el día 1 de octubre el electorado contará con “todo lo necesario” para votar. Explica además que “no se hará nada excepcional que no se haya hecho hasta ahora”. Aunque notifica una “única diferencia”: “La voluntad del gobierno de aumentar al máximo las garantías democráticas y la amenaza y las presiones del gobierno español”.

Rigiéndose por organismos internacionales como la Comisión de Venecia, pero vulnerando lo que dictamina el reglamento español, la Generalidad no ha establecido un porcentaje mínimo de participación, pues “podría facilitar el boicot de una de las partes”. Concluye: “La opción que tenga más votos habrá ganado el Referéndum”. Con carácter vinculante, si ganara el ‘sí’, el Parlamento catalán proclamaría "al cabo de 48 horas" la independencia de Cataluña e iniciaría el proceso constituyente. En caso de que venciese el 'no', temdrían lugar elecciones autonómicas “inmediatamente”.

Diferencias con el 9-N


Aprendidos los errores del 9-N, la Generalidad ha dispuesto una tabla con las diferencias entre este referéndum y el celebrado el pasado 2014. Mientras que el anterior fue una consulta popular, sin resultado vinculante y con urnas de cartón, el que tendrá lugar previsiblemente dentro de tres meses contará con un censo y “urnas convencionales” y será vinculante y efectivo, ya que “cumplirá con las garantías democráticas asumidas por la comunidad internacional”. También cambia el marco legal, cuando en el 9-N fueron los voluntarios quienes asumieron la organización, aquí serán “solo” los políticos los responsables, incluso con su patrimonio personal -o eso es lo que se pretende al menos con la purga de Carles Puigdemont-.
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