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CATALUÑA

Estos son los cinco delitos por los que la Generalidad ha denunciado a la Guardia Civil

Estos son los cinco delitos por los que la Generalidad ha denunciado a la Guardia Civil

EL IMPARCIAL
sábado 29 de julio de 2017, 15:14h
El desafío secesionista ha tomado un cariz serio este sábado.

La Generalidad de Cataluña dijo hace días que ya bastaba de presiones por parte del Estado y que denunciaría a jueces o a la Guardia Civil si consideraban un uso ilegal de su autoridad en la "represión" contra el proceso independentista y, en estos últimos tiempos, con respecto al refernéndum del 1 de octubre. Pues bien, el Govern secesionista ha hech efectiva la amenaza este sábado y ha interpuesto una denuncia contra la Benemérita por los interrogatorios realizados en los meses precedentes.

La denuncia, que ha sido publicada después por la Generalidad, está dirigida contra los guardias civiles que realizaron los interrogatorios, así como "contra cualquier otra persona que por su relación directa con los hechos que se denuncian hubiera colaborado de forma activa y consciente en la comisión del delito y fuera responsable penal de éste en los términos expresados en los artículos 27, 28 y 29 del Código Penal".

En el texto se aduce que a pesar de que las citaciones y documentos presentados por los agentes de la Guardia Civil durante su actuación "siempre" hacen referencia a que se actuaba en la investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según reza en una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 27 de julio de 2017 las diligencias son de la policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona.

Por todo esto, se denuncia que "no parece que haya ninguna relación, directa ni indirecta ni similitud de objeto entre las diligencias de investigación policiales y las Diligencias Previas 118/17 que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona".

El equipo jurídico del Ejecutivo que lidera Carles Puigdemont considera, por tanto, que los interrogatorios podrían ser constitutivos de cinco delitos, siendo el primero de ellos de "obstrucción a la Justicia" porque los agentes, según una nota del departamento de Presidencia, "habrían tratado de influir en la declaración de los testigos acusándoles insistentemente durante el interrogatorio de mentir y de los graves perjuicios que les podría comportar, al tiempo que habrían mantenido una actitud agresiva, contundente y de presión".

También se les relaciona con un delito de "usurpación de atribuciones", por considerar que los agentes se habrían "autoatribuido ante los declarantes la condición de comisionados del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando no estaban actuando a solicitud de éste". Precisamente de este punto se extrae la reclamación de la Generalidad, que apunta a la comisión, también, de un delito de "falsedad en documento oficial".

Además, otras de las acciones que se considera pudieran ser constitutivas de punición, según el Govern, es el de "violación de secretos", porque "a pesar de que las diligencias previas ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona han sido declaradas secretas, ciertos medios de comunicación han tenido conocimiento de la citación y el motivo por el que tenían que declarar los testigos, e incluso que habían sido declarados investigados".

Y, por último, el texto de la denuncia recoge su interpretación de comisión de un "delito cometido por funcionarios contra los derechos individuales", porque los agentes "habrían violado el derecho fundamental a la defensa al retrasar el otorgamiento de la condición de investigado e impedirles el pleno ejercicio del derecho de defensa desde un primer momento".

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