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Más Guardia Civil al Prat

lunes 14 de agosto de 2017, 08:55h
Pese a que hasta el último momento se mantuvo cierta esperanza de que podría terminar la huelga en el Prat no ha sido así. Las apelaciones a la sensatez de los empleados en la nueva votación, intentando que no se repitiera lo mismo que en la anterior, fueron infructuosas. En la asamblea celebrada ayer, en la que participaron 187 de los 350 trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto, se impuso el rechazo del acuerdo -150 “no” frente a 36 “sí” y un voto nulo-, cifrado en un complemento de hasta 200 euros al mes en 12 pagas. El resultado de la votación implica que a partir de hoy la situación empeorará, pues ya no se trata de paros parciales sino de la convocatoria de una huelga indefinida para la que no se vislumbra pronta solución.

Desde el 24 de julio, los viajeros se han visto sometidos a interminables colas, con el consiguiente malestar de verse obligados, según muchos han señalado, a llegar al Prat con una antelación muy superior, de hasta seis horas, a la habitual y preceptiva. Ahora se encuentran con una huelga sine die en uno de los momentos de más tráfico aéreo, que, además, en el Prat ha aumentado en un 8,5 por ciento. Y para más inri, la huelga se une a la campaña contra el turismo que llevan a cabo grupos de radicales cercanos a la CUP. Con todo ello es seguro que el sector turístico, base vital de nuestra economía, se va a resentir considerablemente.

El ministerio de Fomento advirtió de que la asamblea celebrada ayer era la última oportunidad para solucionar el conflicto antes de que se pusiera en marcha un laudo arbitral que obligaría a los trabajadores a ocupar sus puestos. Como esa oportunidad se ha echado por tierra, Fomento ha anunciado que ya han comenzado los trámites para ello. Es imprescindible que se haga con la mayor celeridad y que, en cualquier caso, se incremente de forma inmediata la presencia de la Guardia Civil en el Prat. En una situación como esta, en la que el Gobierno no actuó con la rapidez debida, tiene la obligación de garantizar la seguridad y el orden público y no permitir bajo ninguna circunstancia que el aeropuerto barcelonés se convierta en un caos y un territorio sin ley.
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