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EL CONSTITUCIONAL RECHAZA EL RECURSO PRESENTADO POR LA GENERALIDAD

Forcadell se arruga: sería acusada de desacato si firma la Ley del referéndum

Forcadell se arruga: sería acusada de desacato si firma la Ley del referéndum
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(Foto: EFE/Andreu Dalmau)
miércoles 16 de agosto de 2017, 08:47h
Ha aplazado tratarla por la "judicialización de la política".

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles por unanimidad el recurso de súplica de la Generalidad de Cataluña y mantiene la suspensión cautelar de la reforma del Reglamento del Parlament que permitiría la tramitación exprés del referéndum del 1 de octubre (1-O). Ha tomado esta decisión tras analizar el recurso de súplica presentado por el Govern para que retirara la suspensión, ya que el Ejecutivo catalán entendía que se había producido un "abuso de derecho" en la impugnación que realizó el Gobierno central a esa reforma del Reglamento.

El TC recuerda en una nota que "la suspensión cautelar, acordada el 31 de julio, se dictó como consecuencia automática de la admisión a trámite de la impugnación de la citada reforma por el Gobierno y de la aplicación del art. 161.2 de la Constitución, invocado por el Ejecutivo en su recurso". Así, el Tribunal explica que, "según la doctrina constitucional, los recursos de súplica
presentados contra la admisión a trámite de recursos de inconstitucionalidad pueden versar sólo sobre aspectos de procedimiento, y no sobre cuestiones de fondo cuyo análisis únicamente puede llevarse a cabo en la sentencia".

El recurso de súplica contra providencias que admiten un recurso de inconstitucionalidad sólo puede sustentarse “en la carencia de alguna de las condiciones de procedibilidad de la acción”, señala textualmente el auto, pues solo estos aspectos son revisables por este Tribunal “en la fase de admisión del recurso de inconstitucionalidad”. No cabe fundar estos recursos en motivos de fondo, dado que éstos quedan excluidos de la valoración que este Tribunal puede realizar en el trámite de admisión a trámite de los procesos de inconstitucionalidad.

Respecto al recurso de la Generalitdad, el Pleno afirma que “no cuestiona la concurrencia de las necesarias condiciones de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad planteada por el Presidente del Gobierno sino que, entrando en un juicio de fondo cuya realización resulta prematura, aduce razones no susceptibles de ser valoradas aquí”. Como ya razonó el Tribunal en la STC 111/2014, de 26 de junio (FJ 1c), “pretender que dicho examen de fondo sea sustituido por una inadmisión que zanje sin más el debate y ponga fin al proceso equivale, pura y simplemente, a desconocer la naturaleza y el régimen jurídico propios del recurso de inconstitucionalidad, que –a diferencia de otros procesos constitucionales- no contempla la inadmisión basada en su carácter notoriamente infundado”.

En suma, el auto también recuerda que, "conforme a la doctrina jurisprudencial precedente (la contenida, entre otras muchas, en la STC 90/2017, de 5 de junio, FJ 2), el control ejercitable a través del recurso de inconstitucionalidad es abstracto, jurídico y objetivo, y de él queda excluido el examen de la intencionalidad, de la desviación de poder, abuso de derecho o actuación contraria a la buena fe procesal alegada por los recurrentes".

Por todo ello, concluye, "se desestima el recurso de súplica presentado por la Generalitat".

El caso es que el Parlamento catalán ha iniciado este miércoles su nuevo periodo de sesiones sin tratar la ley del referéndum que Junts pel Sí y la CUP registraron el pasado 31 de julio sobre la mesa y con la incógnita sobre cuándo y cómo pretenden dar amparo legal al 1-O.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha justificado la decisión por la "complejidad" de la norma pero, sobre todo, por la "judicialización" de la política y por la situación de querellados en la que se encuentran cinco miembros de este órgano. Ahora lo tiene más complicado. Tras ser rechazado por el TC el recurso de la Generalidad, Forcadell podría ser acusada de desacato.

La pregunta, en cualquier caso, es cuándo y cómo se dará curso a la ley del referéndum, ya que existen varias posibilidades: que la Mesa del Parlament admita a trámite la proposición de ley en una próxima reunión -hay previstas reuniones los días 22 y 29 de agosto-, antes del primer pleno del Parlamento de los días 6 y 7 de septiembre. También podría suceder que el Govern sea el que asuma la iniciativa, presentándola como proyecto de ley o, incluso, vía decreto, mecanismo este último con el que quedaría aprobada de forma inmediata.

El aplazamiento del inicio de la tramitación de la ley del referéndum ha generado desconcierto y críticas, a partes iguales, entre los partidos de la oposición, y también en las filas del Gobierno, que, a principios de agosto, ya anunció que recurriría al Tribunal Constitucional en cuanto la Mesa diese luz verde. Fuentes del Ejecutivo han indicado que el retraso en la tramitación de esta ley de desconexión es la prueba del "absoluto desconcierto" que se vive en el seno de los independentistas, debido a la pérdida de apoyos populares, la radicalización y la "purga de cualquier voz moderada", en alusión a los consellers cesados.

El dirigente del PP Pablo Casado ha advertido de que el Gobierno tiene muchos "resortes" para responder con "firmeza" y "proporcionalidad" a las ilegalidades del secesionismo catalán, unos "trileros", ha dicho, que esconden su hoja de ruta y que esperan "una respuesta pasada de vueltas" para presentarse como "víctimas".

La oposición en la cámara catalana ha recriminado a los independentistas que habilitasen el Parlament la segunda quincena de agosto para agilizar las leyes de desconexión, algo que hoy no ha sucedido: "episodio esperpéntico", "comedia de disparates", "no se atreven" o "cobardía" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, son algunos de los calificativos críticos que han vertido Ciudadanos, el PSC o el PPC.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha avanzado además que su partido ya tiene preparada la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias en cuanto se inicie la tramitación de la ley de referéndum, si al final los independentistas optan por esta vía, al considerar que "liquida" el Estatut y la Constitución.

También la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado que su partido apoyará el recurso del Gobierno contra la ley del referéndum.

Pero la ley del referéndum no ha sido el único tema que ha marcado el inicio del curso político del Parlamento catalán: la comisión de investigación sobre la llamada 'Operación Cataluña' y la recién aprobada reforma del reglamento catalán han copado también la actualidad informativa.

En la reunión de hoy, la Mesa ha acordado llevar a los tribunales a las personas que se negaron a comparecer ante la citada comisión, entre ellas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros; si bien todavía no se ha concretado qué mecanismo se utilizará.

Por otro lado, Forcadell y el resto de miembros de la Mesa han recibido hoy la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la suspensión de la reforma del reglamento de la cámara, en la que se les advierte sobre posibles responsabilidades, incluso penales, si se aplica el artículo 135.2 del mismo, el de lectura única, para aprobar de forma exprés las llamadas leyes de desconexión.


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