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PUIGDEMONT ACUSA AL GOBIERNO DE FOMENTAR EL MIEDO

El Tribunal de Cuentas exige a Mas una fianza de 5 millones por los gastos del 9N

El Tribunal de Cuentas exige a Mas una fianza de 5 millones por los gastos del 9N
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martes 05 de septiembre de 2017, 19:41h
Cita el próximo 25 de septiembre a una decena de ex altos cargos del Govern.

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo día 25 en Madrid a once ex altos cargos del Gobierno catalán, entre ellos el expresidente Artur Mas, para comunicarles la fianza que deberán abonar para hacer frente al gasto público destinado a la consulta del 9N, estimado en 5,12 millones de euros. Entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados, al igual que Mas, por la consulta del 9N.

También se incorpora ahora a otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalidad. En el listado se incluyen el ex secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, así como Lluís Bertran, Josefina Valls, mujer del exconseller Jordi Baiget, que abandonó el Govern precisamente por miedo a perder su patrimonio; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra.

El 25 de septiembre se les comunicará la cuantía de la fianza y cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable. Diversas organizaciones soberanistas ya han dicho que organizarán colectas para hacer frente a esa fianza, por lo que creen que no tendrán que hacer frente a embargos ni hacer frente a la cuantía con su patrimonio personal.

El origen de esta citación del Tribunal de Cuentas es un escrito de diversas entidades que solicitaron la incoación de esa investigación por el uso de dinero público en el proceso de consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014. En concreto, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución impulsaron una acción ante el uso de fondos públicos (5.129.833 euros) para una consulta ciudadana "carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria".

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, consideró que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de gastos destinados "a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación". Es decir, "numerosos pagos" con cargo al erario cuyo fin era desarrollar un acto contrario al ordenamiento jurídico.

La ley del Tribunal de Cuentas determina que quien por acción u omisión contraria a la ley origine "el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados". La ley determina que es "alcance" el saldo deudor injustificado de una cuenta o la ausencia de justificación en las cuentas que deban rendir quienes tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

De acuerdo con el escrito de las entidades denunciantes, los pagos injustificados habrían sido 14.837,60 euros para la página web, 70.532,08 euros para la fabricación y transporte del material usado en la votación y 2.800.735,13 para la compra de ordenadores. También contempla 828.171,42 euros para la campaña de publicidad institucional, 1.409,26 euros para pólizas aseguradoras para los voluntarios, 1.106.185,88 euros para labores de apoyo informático a la consulta y 307.962,71 euros para el envío de información.

Fomenta el "miedo"

El presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, han convocado de urgencia una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat para dar respuesta a los eventuales embargos a cargos implicados en la consulta del 9N.

En ella, Puigdemont ha acusado al Gobierno de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada" por fomentar el "miedo" para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras "saltarse el Estado de derecho" con la última decisión del Tribunal de Cuentas. Ha ligado este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

"Si los tocan a ellos, los tocan a todos", ha afirmado Puigdemont, que ha recalcado que al organizar la consulta soberanista del 9N de 2014 "actuaron en nombre del gobierno de Cataluña", por lo que "no es un ataque a personas en concreto, es un ataque a todos aquellos demócratas que quieren votar" el 1-O.

Para Puigdemont, "la única respuesta que podemos dar a estos excesos del Estado es una respuesta democrática, cívica, serena, masiva" el 1 de octubre. "Como Govern estamos preparados para firmar la convocatoria del referéndum cuando tengamos el texto legal que nos permita convocarlo. Llevamos seis años de suspensiones. Por 25 días no vamos a frenar el 1-O, al contrario, lo vamos a reforzar".

"Están intentando meter el miedo en el cuerpo de la gente para que el 1 de octubre no vayamos a votar", ha denunciado Mas, que ha afirmado que se está librando un "pulso entre una gran parte del pueblo de Cataluña" y "algunas instituciones del Estado que intentan evitar que la gente vote".

Y ha argumentado que la decisión del Tribunal de Cuentas, que ha calificado como uno más de los "órganos politizados" del Estado, "vulnera los procedimientos" previstos, al interpretar de manera "torticera" la normativa de las instituciones y saltarse "garantías fundamentales del derecho de defensa", sin esperar a "leerse" los expedientes que habían pedido a los afectados, ha dicho. Por ello, el Tribunal de Cuentas se sitúa "en el terreno contrario al Estado de derecho" al llevar a cabo una "represalia económica ante el éxito democrático del 9N".

Antes de la comparecencia Puigdemont y Junqueras han participado en una reunión en la que también estaban el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, así como diversos miembros del Govern.

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