Escribo esta columna el 6 de septiembre por la tarde. Lo que está pasando en Cataluña hace que este día señale un antes y un después. No creo que los acontecimientos evolucionen hacia la violencia, revolucionaria o insurreccional, como sucedió en 1934, cuando los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana proclamaron la independencia, y se enfrentaron con las armas al Gobierno de la República Española.
Afortunadamente, España no está aislada en Europa como entonces, sino que forma parte de todas las alianzas políticas, económicas y de seguridad de la Europa democrática de nuestros días; el Estado español está inserto en las grandes redes de la globalización. Además, aunque vivimos una cierta inseguridad internacional, nadie, excepto los grupos terroristas, defiende abiertamente el empleo de la violencia para lograr objetivos e ideales políticos, como en los años treinta del pasado siglo.
El riesgo de que estalle la violencia es pequeño. Sin embargo, me temo que la democracia española saldrá deteriorada de este episodio, y no fortalecida como sucedió cuando el teniente coronel Tejero intentó por la fuerza cambiar la legalidad democrática y constitucional en febrero de 1981.
En efecto, la calidad democrática retrocederá. No existe hoy la voluntad compartida de defender la Constitución que fue la causa principal de que España lograse un salto adelante en la senda que condujo hacia una democracia avanzada. El famoso consenso se hizo realidad después del 23 de febrero de 1981, y gracias a él se aprobaron leyes avanzadas, aquéllas contra las cuáles se revolvió Tejero y sus cómplices, como la ley del divorcio de julio de 1981 (hubo grupos que pidieron la excomunión para los parlamentarios que la votamos) o los Estatutos de Autonomía que completaron el actual mapa político de España.
Algunos hechos grotescos que hemos visto en las imágenes de hoy del Parlament de Catalunya me han recordado la brutalidad cuartelera de los golpistas de entonces, que a su vez fueron los modos propios del franquismo más recalcitrante. Como sucedió con la barbarie de ETA y la torpeza del gobierno vasco de Juan José Ibarretxe, los independentistas catalanes aparecen como vestigios de la España castiza, violenta, cerril y visceral del pasado, aquélla que creíamos superada -y Cataluña era la imagen perfecta de la modernidad- después del tejerazo.
La vicepresidenta Saénz de Santamaría, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos (y no los diversos portavoces del PSOE, ¿significativo?), ambos, han coincido, acertadísimamente, en describir la actuación de los independentistas en el Parlament como impropia de una democracia europea, con su inconfundible actitud de menosprecio de las formas y la aceptación de la fuerza como única regla valida en el parlamento. La fuerza de los votos, es fuerza bruta, cuando, como en este caso, sirve para privar de los derechos legales a todos los que piensan de manera diferente. ¡Nacional-falangismo!
La portavoz del Gobierno y el representante del PSOE han manifestado la misma valoración política en este grave momento. Esa coincidencia, ¿no es la manifestación de que ambos partidos forman parte del mismo sistema político, en otras palabras, de la misma legalidad constitucional y del necesario e imprescindible consenso político para su funcionamiento y su modificación? Entonces, en estas circunstancias parecidas a las de 1981, de asalto a la legalidad constitucional (habría que recordar que Tejero mantuvo a los diputados detenidos en el parlamento a la espera del jefe militar que iba a proponerles cambios constitucionales), ¿no es claramente necesario que las mentes políticas de este país se pregunten, sincera y honradamente, cómo restablecer el consenso roto desde hace veinte años? ¿Por qué el PSOE se ofreció al nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, para integrar un gobierno de coalición en 1981, y el PSOE de 2017, según lo que manifiesta su dirigente actual, Pedro Sánchez, prefiere entenderse con formaciones contrarias a la Constitución, como Podemos? ¿Puede ser tan ingenuo Pedro Sánchez cuando avala a Podemos como parte del sistema constitucional o está preparando una fórmula más ambiciosa de entendimiento entre los dos partidos?
Y en cuanto al PP, ¿hay alguien que pueda manifestar que ese partido necesita una credibilidad y una legitimación democrática que hasta ahora no la ha tenido precisamente porque entendió el consenso como un mero expediente para conservar su poder?
Hoy es un antes y un después. Soy pesimista no por Cataluña, sino porque las consecuencias del desafío serán malas, incluso nefastas. El Gobierno de Mariano Rajoy hará cumplir la legalidad. Pero a continuación, negociará con las fuerzas políticas catalanas, incluyendo a las nacionalistas-secesionistas. El Gobierno de Rajoy y el PP harán solos la operación de dialogar y pactar un nuevo marco de relaciones. En esto, serán absolutamente cumplidores de las recomendaciones de Pedro Sánchez:¡hay que dialogar con los catalanes!
El PP defiende la unidad de España, cierto, pero Pedro Sánchez ¿recuerda que fue otro gobierno del PP, en el que Rajoy ostentó los ministerios clave, quien cedió a los nacionalistas la sanidad, los puertos, los gobernadores civiles, el servicio militar, y tantas otras materias que habían sido esenciales para los programas electorales de ese partido? El paso de lo sagrado de las convicciones, a lo profano de la conservación del poder, es muy veloz en el PP. Se mide por el tiempo que ha tardado en asimilar y usar las denostadas leyes socialistas del divorcio, del aborto y de los matrimonios homosexuales. El PP negociando solo con los catalanes de “España nos roba”, no correrá peligro la unidad del Estado, pero ¿estará segura la unidad del Estado del Bienestar?
Creo que necesitan acuerdos los desfavorecidos y los desprotegidos de esta sociedad. Por defenderlos a ellos, negociando un nuevo consenso con el Gobierno, tendrá sentido el lema de que los socialistas somos la izquierda.
Si (
No(
