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TRIBUNA

Cataluña es España

Antonio Domínguez Rey
viernes 08 de septiembre de 2017, 21:09h

El 24 de febrero de 2012 alertábamos, en estas páginas, del peligro secesionista de Cataluña haciéndonos eco de la entrevista que el diario parisino Le Monde publicara con Artur Mas pocos días antes, el viernes 17. En ella exponía sus intenciones sectarias el entonces presidente de la Generalitat catalana.

Han pasado más de cinco años y medio. La amenaza de ruptura constitucional, el fin del Estado de las Autonomías, orgullo político de la Transición española de la dictadura a la democracia, y la proclamación de independencia de Cataluña son hoy más que una amenaza. En todos estos años se ha inducido una estrategia minuciosa del programa anunciado el 17 de febrero de 2012 e intensificado, día a día, con nuevos peldaños rupturistas en una escalada que tendría su remate los días 1 y 2 de octubre de 2017. El día domingo con la realización de un referéndum ilegal y, el lunes siguiente, proclamando la independencia y república de un nuevo Estado catalán. Nada menos. Y ante las barbas de la Historia, con mayúscula, de España y resto de Europa.

Tal intento sería locura política hace poco y sigue siéndolo hoy mismo. Resulta difícil darle crédito. Está ahí, sin embargo, y fuerza al Gobierno del país a desmantelarlo. Es la principal preocupación del Estado español en estos momentos, lo cual implica asimismo a su jefatura, el Rey. La respuesta oficial ante la amenaza pretende esgrimir la Constitución apelando al Tribunal que la ampara y ejerce, con su dictamen, las funciones previstas en tales supuestos. La iniciativa la llevan, no obstante, los sectarios. Quieren forzar una legitimidad comunitaria apelando al pueblo catalán con diferentes medios oportunistas que refrenden el proceso de sedición. Teniendo un parlamento autónomo, un Estatuto legal que ampara sus decisiones, y una voluntad popular, según ellos suficiente, agenciada por vía demagógica y endogámica, los hechos adquieren, sobre legítimos, carácter de Ley. El modo de actuación lo avalaría mediáticamente la magnitud histórica del acontecimiento. Por eso advierte el actual presidente comunitario, el señor Puigdemont, con ironía aviesa, y dándole la vuelta al argumento, que sería un golpe de Estado impedir por parte del Gobierno nacional el referéndum anunciado para el día 1 de octubre. Lo legítimo ya sería legal. Y con horas escasas de pronunciamiento para declarar adquirido un derecho así fabricado. Apelan a la dinámica del espíritu constituyente que subyace, raspando conceptos, en el Derecho que ampara a la misma Constitución española de 1978. La integridad de España expuesta al hilo de horas y a la bonhomía de quienes redactaron la Carta Magna y la subscribieron. Despachaban una urgencia y retaban al futuro inmediato.

No, ni mucho menos, dicen los constitucionalistas de pro. ¿Por?, cabe ya preguntar a esta altura de la remontada suicida. Porque, responden, se quiebra el modo de actuación convirtiendo a priori en soberana una asamblea delegada como parte constituyente del Estado español. La cadena de los ya famosos tercios de diputados, senadores, referéndum nacional que confirme la independencia, nuevos tercios respectivos, etcétera, para conseguir con legalidad nacional una independencia cantonada.

Con el aliento del pueblo en la boca, replican los estelados, el modo es cuestión menor. Prima la voluntad ciudadana. Dirigirse al parlamento español pidiendo lo que ya es soberanamente suyo –la legitimidad legalizada por un referéndum–, y sabiendo que resultaría inútil solicitarla a Madrid, ofendería a los principios del Derecho de gentes. Mejor adelantarse y esgrimir ante el mundo una farsa de soberanía constituyente aunque se encofre a la mayoría silenciosa de los catalanes hostigados por una propaganda política minuciosa y demagógica. Basta con ver el manual de Nueva Historia que esgrime en la red mediática un energúmeno a sueldo del gobierno catalán. Cervantes, Santa Teresa, Colón, América y otros símbolos culturales españoles, también internacionales, ya son catalanes por obra y gracia de una paranoia y maquillaje digno de los mejores divanes psiquiátricos.

Tal es el embrollo a que nos han conducido la dinámica y presupuesto constituyente de 1978, que abre la rendija sediciosa a quienes quieran ampliarla siguiendo el flujo del proceso histórico: regiones, autonomías, naciones, y cuando se tercie, estados. Contra el cerrojo de la Constitución actual se revela un número ya considerable de catalanes y otros están a la expectativa de resultados. Son muchos menos de lo que las encuestas interesadas dicen. Hinchan y hechizan el burro cuanto pueden para venderlo al mejor precio. Y ahí entra toda la carnaza política avizora de poder a costa de lo que sea. La cuestión es derribar al presidente y partido actuales de Gobierno. Y de paso, al sistema que representan, pues la situación, de seguir así, con recuperación económica ascendente, promete vida prolongada.Y menos mal que aún seguimos pegados a Europa, con o sin Unión. La Transición española se durmió en los laureles entregando a la especulación financiera y endogámica de bancos, empresas, instituciones, autonomías, universidades, y al arribismo político de los mediocres sonrientes las llaves del Reino.

Los dirigentes de este desaguisado no podrían actuar tan decididos sin las espaldas cubiertas. Hace tiempo que España es punto crucial de desestabilización de Europa. Lo fue ETA con pistolas hasta que cometió el error de matar a un gendarme francés el 16 de marzo de 2010. Ahí se le acabó el halo redentor de las balas ante la implacable contundencia de la República francesa en asuntos de Estado. Quienes apoyan, sin escrúpulos, estas iniciativas saben que somos políticamente débiles. Y no sería extraño que detrás de este reto estuviera algún país teóricamente opuesto a la secesión. E incluso alguno de los partidos internacionales. Convencidos de que no se producirá el desgaje, aunque haya revuelo, pero sabiendo indispensable su apoyo para que así sea. Lo fue también el 23 de febrero de 1981 al frustrar un golpe de Estado. La ayuda logística y diplomática prestada será, en un caso, hipoteca del despegue y prestigio económico de España en estos momentos. Otros recordarán a Europa que su Unión escuece en varias latitudes.

Al margen de esto, los catalanes separatistas saben también que el atrevimiento marcará un hito histórico. Las sanciones previstas son asumibles y cuentan con que el resto de España asumirá el precio económico de la aventura con nuevas ventajas estratégicas para seguir, en tiempo no lejano, con la provocación. Fue así en la República, y antes, y lo es ahora. Subestiman que la historia del país respondió siempre con contundencia a estas veleidades. Y la independencia de Cataluña –triste hasta pensarlo– trae resonancias funestas. Unamuno culpaba a los catalanes del fracaso de la segunda República e inicio de la Guerra civil.

El punto crucial de emergencia extemporánea de esta paranoia –hemos insistido en esto varias veces– es pura paradoja: la corrupción. Se arrastra desde los inicios democráticos –caso Banca Catalana con Puyol de presidente autonómico y antiguo dirigente de la entidad–, se incrementa con los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992 –negocios múltiples, entre ellos el consorcio del cemento–, la entrada del euro (1999), con mediación de grandes transacciones financieras, y posterior burbuja inmobiliaria (2008-2014), con negocio fraudulento de mano de obra emigrante en mercados, construcciones, servicios. La atracción emigrante fue indiscriminada y feudal, con servilismo creciente. A todo ello se une el mundo del hampa, droga, prostitución y blanqueo de capitales sumergidos. Por eso se incluye una amnistía general entre las medidas inmediatas que piensa dictar la presumida república catalana a partir del día 2 de octubre. Y todo ello bajo la atención ingenua de los presidentes de Gobierno. Pujol viajaba al extranjero con atributos de jefe de Estado en tiempos de Felipe González y recibía propuestas de ministro en los de José María Aznar, que nunca aceptó el honorable, por considerar a España, dijo en una ocasión, país de paletos.

Historiadores y sociólogos certificarán algún día cómo hemos llegado a este reverso de nosotros mismos. No hace falta mucho olfato para discernir las causas más visibles. España se vaciaba de contenido –sangrantes las reformas escolares, de bachillerato– al tiempo que tejía una maraña de formalismos auspiciados por el torrente de dinero que los países europeos y Norteamérica vertían en sus arcas. Los poderes constituidos, las agrupaciones políticas, sindicales, académicas, los bancos, los medios de comunicación gubernamentales, oficiales u oficiosos, las instituciones, adaptaron, y hasta amañaron, el Derecho, la Política y opinión pública con argucias jurídicas y aire engolado de estadistas sus representantes. La proliferación legislativa de boletines oficiales autonómicos requiere un estudio bien fundado. El amiguismo, enchufismo, conchabeo de partido, sindicato, funciones civiles, eran y son recurso de empleo, medro, enriquecimiento. Las líneas de los boletines ondulan según quienes ejercen el poder autonómico o, desde él, presionan a los gobiernos centrales de turno a cambio de votos, apoyos, sonrisas. Funcionó más o menos bien lo que supervisaban los inspectores de Bruselas y, en ocasiones, pagando multas. Y aún así –nueva paradoja– hay quienes aplauden convencidos esta transformación de la España democrática. No conocen otra.

Barcelona pretende avalar política y socialmente con un Estado propio, de tinte marcadamente mafioso, a la clase gobernante, empresarial y económica catalana y a la descendencia habida en estos cuarenta años de arribismo y corrupción sin precedentes. Sería un insulto para ellos ver entrar en la cárcel a sus honorables corruptos y que sean otros paletos españoles quienes los sentencien. Tradúzcase esta conclusión a sus términos reales y sabremos qué y cuál es la envergadura del proceso catalán y de la España que lo auspició con su molicie intelectual y pretensión política.

Antonio Domínguez Rey

Filósofo, Catedrático de Lingüística y escritor.

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