El Ejecutivo tomó la decisión en Consejo de Ministros el pasado viernes para evitar que se dedique dinero público al referéndum.
"Ellos dicen que usarán nuestro dinero para pagar ellos (los gastos), pero como no tienen el control efectivo necesitan que les pasemos una por una todas las facturas. Provocarán el colapso administrativo a todo el mundo", ha asegurado el vicepresidente de la Generalidad, en declaraciones a Rac1 esta mañana. El Ejecutivo catalán trata de evitar a toda costa la aplicación de las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda, que se dispone a tomar el control financiero de las cuentas catalanas. Además, el Govern ha presentado esta mañana un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo para impedir que el Gobierno central intervenga.
Las nuevas medidas de control financiero
1.- El acuerdo de la CDGAE requiere al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas desde la publicación del acuerdo en el BOE, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) un acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Esto supone que la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales. Excepcionalmente, el MINHAFP, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de dicho Acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.
2.- La Comunidad Autónoma deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal. Una vez recibida la información, el Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar esos servicios, sino que abonará directamente tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.
3.- El Acuerdo de la Comisión Delegada se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal.
4.- A partir de la publicación en el BOE de este Acuerdo de la CDGAE, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero.
5.- Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.
El plazo de 48 horas que el Gobierno dio el viernes a la Generalidad se agota. El Ministerio de Hacienda está a punto de intervenir las cuentas de la comunidad autónoma, en una medida adoptada en Consejo de Ministros el pasado viernes para evitar el referéndum ilegal.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) aprobó el viernes nuevas medidas de control sobre las finanzas de la Generalidad para garantizar la estabilidad presupuestaria y la prestación de los servicios públicos fundamentales, y proteger el interés general, mientras impide que se destine dinero público a sufragar el referéndum, declarado ilegal.
Estas nuevas medidas suponen fortalecer el control del Estado sobre los pagos de la Generalidad, después de que el gobierno catalán haya decidido vulnerar las condiciones que la propia Comisión Delegada estableció en el pasado mes de julio con la misma finalidad. La decisión del Govern de desobedecer las condiciones del acuerdo del mes de julio ha sido comunicada esta misma semana por la interventora general de la Comunidad Autónoma y por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Hasta ahora, la Generalidad había enviado semanalmente todas las comunicaciones a las que estaba obligada pese a haber presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la CDGAE. Además, esta actitud se produce en un contexto político y jurídico de enorme gravedad, cuando las instituciones catalanas han decidido vulnerar el ordenamiento constitucional con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación y el desarrollo de los reglamentos para la convocatoria de la consulta de independencia el 1 de octubre. Toda esta situación puede perjudicar la recuperación económica en España.
Distintos organismos, entidades y agencias de calificación insisten estos días en que la crisis política provocada por el conflicto creado por la Generalidad supone un factor negativo para la recuperación económica y para la prima de riesgo, lo que introduce factores de incertidumbre que pueden desacelerar la economía y repercutir negativamente en la creación de empleo y en la reducción del déficit público. Para hacer frente a este riesgo, la obligación del Gobierno es seguir actuando, como hasta ahora, con medidas proporcionales a la situación creada, que garanticen la prestación de los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria, y protejan el interés general. Así pues, el Consejo de Ministros ha sido informado de las medidas que posteriormente han sido aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y que entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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