Castigo para los golpistas

La propuesta de Podemos bordea los límites de la ley. Si se llevara a cabo una asamblea de partidos y alcaldes al margen del Parlamento de España para pactar un referéndum secesionista, estarían matando definitivamente lo que nos queda de democracia. Por lo tanto, seamos claros y distintos: quienes colaboran con los golpistas de Cataluña, tienen que ser tratados como tales. La convocatoria que ha hecho el partido-ameba se sitúa al margen de la principal institución de la democracia. La convocatoria Iglesias pone, definitivamente, en cuestión el eje político y moral del sistema democrático: la representación política. Iglesias traiciona a sus representados y propone tomar decisiones políticas al margen del Parlamento. ¡Es otra manera de acabar con el sistema democrático! Ante este tipo de propuestas, hay que ser contundentes. Sí, hay que perseguir a los golpistas y todos sus colaboracionistas. Exijamos que no les salga gratis a los golpistas de Cataluña el crimen perpetrado contra todos los españoles, naturalmente, incluidos los propios catalanes. Provocar la ruptura de un Estado en periodo de paz es el crimen más grave que pueden llevar a cabo los políticos en un sistema democrático. Por eso, sencillamente, tendrán que pagar los culpables de ese flagrante delito contra la unidad de España. Unos entrarán en prisión, otros deberán pagar multas millonarias para vivir en libertad y muchos funcionarios, más de lo que imaginamos, serán sancionados con expedientes administrativos.

Quiero creer que se equivocan gravemente quienes consideran que los golpistas, una vez resuelta esta terrible crisis nacional, seguirán viviendo tranquilamente. Eso no cabe en una cabeza sensata. Nadie puede mantener con cierta coherencia que se irán de rositas quienes han atentado de modo reiterado contra la Constitución. Bastaría mirar la situación de gente como Artur Mas u Homs para saber que el Estado de Derecho, por fortuna, castiga a los políticos que se saltan la ley. Las multas a las que tendrán que responder esos políticos, junto a la condena de inhabilitación para ejercer cargo público, por las fechorías cometidas por la organización de un supuesto referéndum de independencia el 9-N de 2014, son pruebas de que el Estado de Derecho no se olvida de las penas de los culpables. De ahí que halle muy aventurada la tesis de algunos articulistas que mantienen que, después del 1-O, la gente del PDeCAT, que lidera el proceso golpista, “continuará cómodamente instalada en sus panaceas administrativas.” No concibo esta afirmación ni siquiera como hipótesis digna de discutirse. Va contra toda lógica democrática y, sobre todo, pone en cuestión la capacidad del Estado de Derecho para enfrentarse al mayor crimen que se conoce contra el sistema democrático. Si los jueces y fiscales no actuasen ante un delito tan flagrante, entonces estarían renunciando a su oficio, a su profesión. Cae, pues fuera de toda lógica jurídica, creer que un fiscal renunciara a procesar a 700 alcaldes o a 100 policías autonómicos. Ya lo están haciendo, sencillamente, porque es su trabajo. Esto ha pasado de ser un asunto político. Se ha convertido en una causa criminal.

Sin embargo, hay mucho “analista político” que no se entera, o peor, trabaja a favor de los secesionistas. Si los culpables del 1-O no fueran castigados, entonces tendríamos que considerar que ha desaparecido el Estado de Derecho. Hoy por hoy, mantener esta suerte de afirmaciones me parece una frivolidad, que hace un flaco favor al propio Estado de Derecho. Por fortuna, la mayoría de los medios de comunicación y las agencias de socialización política han asumido con gran naturalidad que la normalización de la vida democrática pasa por la aplicación de la ley a todos los criminales. Sí, sí, criminales son todos los que atentan contra la vida cotidiana de un país que le paga a unos políticos para que al menos cumplan con la ley de leyes, la Constitución. O sea, si los secesionistas han violado la Constitución, y esto es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, tendrán que ser castigados con la aplicación normal del Código Penal a sus criminales conductas.

Por fortuna, salvo los nacionalistas fanatizados de Cataluña y una coalición de partidos, que ha convertido la destrucción del sistema democrático en la pieza esencial de su programa político, ningún demócrata ha dejado de contemplar que los castigos y las penas constituyen el paso obligado para el restablecimiento de la normalidad democrática. Cuestiono, pues, por atrabiliaria la afirmación de que los líderes del PDeCAT, antigua Convergencia de Cataluña, no serán castigados por liderar el proceso secesionista. Esa “tesis” es, en el mejor de los casos, fruto de un afán desmesurado de originalidad que, en circunstancias normales podría pasarse por alto, pero en la trágica coyuntura, muchísimo peor que la del 98, tiene que ser criticada por frívola e inmoral.