Para muchos, el 2 de octubre las aguas volverán a su cauce en Cataluña. Los políticos ya diseñan sus estrategias para plantear soluciones. Como si algo fuera a cambiar. Como si Puigdemont, la CUP y demás secesionistas estuvieran dispuestos a olvidar, a pasar página, a “dialogar”. Por desgracia, si algo cambia será a peor.
En principio, el 1 de octubre no se va a celebrar un referéndum. No hay censo, ni papeletas, los presidentes y vocales de las mesas electorales no ocuparán sus puestos al no haber recibido las notificaciones, la Junta (o Sindicatura) electoral se ha disuelto y se supone que las fuerzas de seguridad precintarán y custodiarán los colegios para que nadie pueda entrar a votar. Si acaso se instalará alguna urna en la playa para que los más entusiastas queden satisfechos. Será un fracaso.
Pero esa frustración, esa rabia de los secesionistas se convertirá en la dinamita que harán estallar en los días siguientes. Puigdemont se inventará una treta para dar validez a los votos playeros. Y el día 3 de octubre proclamará la declaración unilateral de independencia. Y si no lo hiciera, o aunque lo haga, la CUP pondrá en marcha una huelga general que incendiará las calles de Cataluña.
El Gobierno tendrá que tomar drásticas medidas y poner a Puigdemont y compañía a buen recaudo; léase detenerles. Y, entonces, arderá Troya. Pablo Iglesias y Otegui echarán gasolina al incendio y Pedro Sánchez, a lo Papa Francisco, pedirá diálogo y “obligará” a Rajoy a cerrar algún tipo de pacto. Ese pacto que desde hace tanto resulta imposible. Pero al secretario general del PSOE le da igual, o peor, es tan iluso que cree en él.
De momento, durante esta semana que resta para el 1-O, seguirá el pulso a cara de perro entre la Generalidad y el Gobierno y los radicales incrementarán las algaradas en las calles. Pero el mismo domingo por la noche, Puigdemont, a lo Companys, anunciará desde el Palacio de San Jaime que Cataluña ya es “libre y soberana”. Y, entonces, empezará la fiesta de verdad.
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