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TRIBUNA

El Senado y el artículo 155 de la Constitución

Juan José Laborda
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1718lamartingmailcom/12/12/18
jueves 28 de septiembre de 2017, 20:37h

Lo que hace un tiempo hubiera sido algo de ciencia ficción política, el comportamiento de la Generalidad de Cataluña y la mayoría del Parlamento Catalán lo están haciendo real: que el Gobierno y el Senado de España estén a punto de adoptar “las medidas necesarias para obligar” a la Comunidad Autónoma de Cataluña a modificar su comportamiento dañino con el Estado.

El artículo 155 de la Constitución, inspirado por otro parecido de la Constitución de la República Federal de Alemania, dice lo siguiente:

  1. “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

Miguel Satrústegui, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III (hijo del senador constituyente y miembro activísimo de la oposición monárquica a Franco, Joaquín Satrústegui, 1909-1992), ha escrito un artículo luminoso sobre dicho artículo 155, con menciones explícitas a la situación actual de Cataluña, en la obra colectiva de homenaje al profesor Tomás de la Cuadra Salcedo (que es otro especialista en el artículo 155).

En su estudio, Miguel Satrústegui, concluye:

Que ese artículo debe entenderse como uno de los instrumentos para la defensa del Estado, y no como instrumento de defensa de la Constitución, porque “no se trata de prevenir amenazas contra el ordenamiento constitucional sino de reaccionar ante un grave deterioro de la efectividad del ordenamiento estatal, reforzando con tal fin las atribuciones del Gobierno y del Senado.”

¿Quién aprueba que efectivamente existe ese grave deterioro? No el Gobierno, sino el Senado, que actúa como poder parlamentario, el primer poder del Estado.

Por eso, el profesor Satrústegui, indica, con acierto, que: “Las <medidas> del artículo 155 CE, aprobadas por el Senado, constituyen un único producto normativo con fuerza de ley, mientras que las <instrucciones> para la ejecución de esas medidas serán actos o disposiciones administrativas.”

Es evidente, como Satrústegui lo señala en su análisis, que la declaración de independencia de Cataluña entra en los supuestos de aplicación del artículo 155. Si como parece, el Gobierno de la Generalidad, o los diputados partidarios de la secesión, ante el fracaso del pretendido referéndum de autodeterminación del domingo día 1 de octubre, declara o declaran de facto la independencia de Cataluña, probablemente, el siguiente día 4, será necesario usar el artículo 155, un derecho de excepción, pero al fin y al cabo derecho constitucional.

Esto último, como lo pone de relieve el profesor Satrústegui, supone que la decisión del Gobierno está autorizada por el Senado, y esto implica, además, que está controlado por esa Cámara, y también por el Congreso de los Diputados. Como cualquier acto gubernamental, los tribunales de Justicia, y el mismo Tribunal Constitucional están facultados por la Constitución y las leyes para entrar a juzgar las mediadas excepcionales y su aplicación concreta.

Durante mi mandato como presidente del Senado aprobé su Reglamento con los votos de todos los grupos parlamentarios. Aunque tenía mayoría absoluta para aprobarlo en 1991, esperé a la siguiente legislatura, en 1994, para que el Partido Popular estuviese de acuerdo con la reforma reglamentaria, y con ella se creó la Comisión General de las Comunidades Autónomas, una especie de anticipación del Senado reformado como Cámara territorial. Esa Comisión es el único espacio institucional en el que están juntos, para debatir y dialogar, el Gobierno de la Nación, los Gobiernos autonómicos y los senadores elegidos por los parlamentos regionales y por los ciudadanos.

La aplicación del artículo 155 estará condicionada por esa Comisión. El artículo 189.2 del Reglamento senatorial establece: “La Mesa del Senado remitirá dicho escrito (del Gobierno señalando las “medidas” del 155 de la Constitución) y documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas…” Y en su apartado 4, se dice: “La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.”

Cuando reformamos en 1994 el Reglamento pensábamos que el debate sería muy bueno para el Estado autonómico. Sin embargo, la Comisión General permanece olvidada, y nunca se reunió para tratar los graves asuntos de Cataluña durante los pasados ocho años, aunque el Reglamento obliga a que esa Comisión deba reunirse todos los años para realizar el “balance de la situación del Estado de las Autonomías” (artículo 56, bis 7).

El profesor termina su estudio con este párrafo: “Y cabe la duda razonable de que la reforma de la LOTC (la reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional) tal vez haya pretendido -implícitamente- descargar al Gobierno de la responsabilidad de valorar esos riesgos y de adoptar una decisión al respecto, al plantear la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acuerde la suspensión de todos los miembros del Gobierno autónomo y que de este modo el artículo 155 CE resulte inviable, a falta de un destinatario para el Requerimiento con el que se debiera iniciar su aplicación”.

Sería la culminación de una errónea política de rehuir todo debate, con consecuencias incalculables para la salud de nuestra democracia.

Juan José Laborda

Consejero de Estado-Historiador.

JUAN JOSÉ LABORDA MARTIN es senador constituyente por Burgos y fue presidente del Senado.

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