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TRIBUNA

Jaque al Rey

Antonio Domínguez Rey
sábado 30 de septiembre de 2017, 19:53h

El desafío catalán a la democracia española adquiere dimensiones desproporcionadas. Querer convertir en peligro de estabilidad de la Unión europea el capricho de saltar por encima de la Constitución con un referéndum separatista, bajo todos los aspectos ilegal e ilegítimo, es conceder categoría internacional a un revuelo muy localizado. En primer lugar, lo que se dice Cataluña se reduce a parte de Barcelona, un cacho de Gerona, algún otro de Lérida y sectores de Tarragona. Ni siquiera consta que, en una hipotética proclama independentista, la aceptaran en pleno estas regiones. Barcelona se beneficia del tumulto mediático que ha creado con fondos del Estado y del aura histórica de lucha contra el franquismo. Un recuerdo que los hispanistas, especialmente franceses, airean siempre que pueden. Y Barcelona aplaudió a rabiar la entrada y paseo de Franco por sus calles al concluir la Guerra civil. Una guerra a la que precisamente habían contribuido los catalanes derrumbando la República de 1936.

Y ahora sucede algo semejante. Quieren instaurar una República cuyo eco se extienda al resto de España y quiebre el sistema monárquico parlamentario o ponga tantas puntas a la Corona como cachos queden de su ruina. Para ello intentan crear con artes mafiosas un respaldo civil que legitime y permita obtener lo que las urnas democráticas no alcanzan. Tumbar el régimen constitucional de 1978 con el apoyo de otras comunidades, la del País Vasco, y grupúsculos de partidos radicales, de izquierda, extrema izquierda, y otros desangelados como ciertas bases del socialismo oficial. Esta aureola atrae a nostálgicos republicanos de antes y de ahora, dentro y fuera de España. Su horizonte esboza una federación republicana que, con toda probabilidad, tendría a Barcelona como centro de atención mundial en el sur de Europa y gonce de una España disminuida.

Esa Barcelona sería también –ya lo es en gran parte– eje de lavado internacional de capitales, asiento mundial de corrupción política legalizada y faro de rufianes pulidos. Sus precedentes son la escalada nacionalista de Pujol en sucesivas legislaturas, su habilidad para introducir albaceas en el parlamento o gobierno autonómico, con Artur Mas como pantalla de negocios políticos, y éste, ahora, con Carles Puigdemont como guinda de alzamiento a Estado del fraude y robo constituido. Y el embaucamiento de los demás políticos españoles.

A los grupos radicales de izquierda, de halo leninista esmerilado con reflexiones de Gramsci, les huele todo esto a pera en almíbar. La burguesía catalana ya ha recibido un mazazo enorme que ella misma se ha procurado con la corrupción, por lo menos, desde 1978. Está minada y sin capacidad de reacción. Cayó en manos de aquéllos y disimula con bravatas como la del referéndum creyendo que administrará ella su resultado. Ilusiones. Al radicalismo le interesa mucho la plaza de Barcelona como punto de atracción mediática y trampolín de una revolución que cree inevitable en puro análisis leninista. Y a Barcelona le seguirá Madrid, la otra plaza mítica del imaginario revolucionario. Por eso yerguen la memoria de Franco, para avivar el recuerdo histórico de un pasado irredento. Necesitan al dictador como referente de un desahogo político e imagen invertida de la dictadura que sueñan: un Franco de izquierdas. Y calculan que la burguesía catalana hoy y la madrileña, valenciana, bilbaína y algún recuncho de la gallega mañana sientan las condiciones objetivas del, por fin, revolcón de España.

Y ante esta coyuntura se impone agudeza y fuerza política. Frente a malicia, milicia, dice Gracián, desplazado, con otros clásicos, de los estudios de bachillerato. Los gobernantes de turno parecen acomplejados ante el contexto descrito, como si arrastraran una culpa histórica. Son ellos quienes realmente contribuyen a la parálisis de la sociedad. Se convierten en víctimas del formalismo constitucional inventado en 1978 sin dominar técnicas de lógica discursiva y semántica. Los fundamentos ideológicos de la Constitución tienen brechas que, con el tiempo y la remoción de corrientes, se han ido agrandando. Y las principales son el descalabro de la cultura, de la educación en aras de un progresismo ya a todas luces idiota, y del concepto de propiedad asociado al de libertad auténtica, siempre responsable. Coincidió además con la aureola de los nuevos cargos y funciones derivadas de la entrada de España en la Unión europea. Cada cambio de legislatura remueve un hormiguero de candidatos a puestos políticos, culturales, diplomáticos, administrativos, otorgados prácticamente a dedo o con técnicas de endogamia refinada. Sus beneficiarios se creyeron y creen estadistas. Y solo eran, son, sirvientes de los grandes intereses internacionales, o de coyunturas domésticas, sin capacidad de alzar la mirada más allá del reflejo que el nuevo traje les procura.

Y así nos va. Nostálgicos de una revolución cada equis tiempo. Para gozo de los hispanistas volcados en el siempre ser irredento y controvertido de los españoles.

Concluyamos con Ortega, avizor de los males profundos que nos minan social y políticamente: “Desde hace tiempo, mucho, siglos, pretende el Poder público que los españoles existamos no más que para que él se dé el gusto de existir. Como el pretexto es excesivamente menguado, España se va deshaciendo, deshaciendo…” (España Invertebrada). Una polvareda de su propia historia, concluye. Y han pasado casi cien años desde que escribió este libro. En los institutos de Enseñanza Media y Bachillerato solíamos comentar este texto. El progresismo ha conseguido eliminarlo prácticamente de las aulas. Y quien desconoce a sus clásicos, está condenado a repetir lo que ellos criticaban por nocivo para la convivencia y desarrollo del ser humano.

Antonio Domínguez Rey

Filósofo, Catedrático de Lingüística y escritor.

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