Ante el golpe de Estado revolucionario…

El Rey Felipe VI ha confirmado, de manera clara y contundente –y en un discurso de Estado breve e impecablemente constitucional- que la Corona está con la Constitución democrática y con el Estado de Derecho, como hizo su padre ante el golpe de Tejero en 1981. En los gravísimos momentos en los que nos encontramos es esencial que los partidos constitucionalistas unan sus fuerzas y no muestren la menor fisura ante una Generalitat que se ha saltado todas las líneas rojas y que, arrastrada por los radicales de la CUP, en cuyas manos se ha entregado, ha atentado de manera intolerable contra la Constitución y el Estado de Derecho, y ha abierto una brecha difícil de restañar en la sociedad catalana. La votación del pasado domingo cayó de lleno en el más absoluto esperpento, y las imágenes que vimos eran propias de un país bananero. Pero ese referéndum ilegal, más bien “pucherazo” (con urnas llenas antes de comenzar la votación, doble y triple voto, sin interventores y con un recuento imposible) nunca debió celebrarse: la intervención de la Generalitat debió realizarse tras la patética sesión del Parlament, donde se violentaron tanto la Constitución como el Estatuto y las reglas del propio Parlamento. Pero el caótico plebiscito, y escenas de intervención policial, siempre lamentables (aunque mucho más comedida que lo que suele suceder en Francia, Inglaterra o los EE.UU. en parecidas circunstancias) ha dado más alas, si cabe, a los secesionistas que ayer se lanzaron a la calle en lo que se está convirtiendo en un proceso revolucionario; de hecho, un golpe de estado que está ganando la calle, jaleado, cuando no dirigido, por las propias autoridades del Govern.

La estrategia del Govern de llamar a los ciudadanos a ocupar las calles, aparte de crear un insoportable y peligrosísimo clima de tensión, obedece a un claro cálculo. Los secesionistas quieren que la calle sea suya cuando el Govern proclame de manera unilateral la secesión. Quizá Puigdemont lo haga el 6 de octubre para emular a Luis Companys, presidente de la Generalitat, que ese día de 1934 proclamó el “Estado catalán”, sin recordar que lo único que logró fue que el general Batet, cumpliendo órdenes del gobierno de la República, disolviera el Govern y detuviera a los sediciosos. Afortunadamente, son otros tiempos, pero no puede permitirse que siga el desbordamiento de los acontecimientos y las actuaciones de unas autoridades autonómicas que se han convertido en dirigentes de la revuelta. Y en esto desempeña un papel de primer orden la unidad de los demócratas.

Una unidad que ayer quedó rota tras la reprobación por parte del PSOE de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y tras la posición adoptada por Pedro Sánchez en la reunión con el presidente del Ejecutivo. El líder de los socialistas lejos de manifestar un claro y decidido apoyo a lo que no es ya sólo el Gobierno de Rajoy, sino la Constitución y el Estado de Derecho, se descolgó pidiendo que Rajoy tiene que dialogar y negociar con Puigdemont. ¿Qué diálogo puede establecerse con quien ha roto todas las reglas y está dispuesto a llegar hasta el final? ¿Qué diálogo se puede tener con quien se ha situado al margen de la ley? ¿Hay que dialogar con un golpista? ¿Dialogamos también con Tejero?

No puede tolerarse por más tiempo un Govern que está encabezando un golpe de estado. Hoy lo único que cabe es aplicar sin paños calientes ni medias tintas la ley, sin descartar el artículo 155, que no es el demonio, sino una herramienta legal contemplada en una Constitución que se dieron a sí mismos todos los españoles, incluidos naturalmente los catalanes. ¿Qué hará Pedro Sánchez cuándo Puigdemont proclame la secesión, (al amparo de una ley autoritaria que ofrece un estado independiente donde los jueces los designa el Govern)? ¿Seguirá pidiendo diálogo con los golpistas?