La marcha de gigantes financieros de territorio catalán ha hecho saltar las alarmas en el Govern.
La temperatura de la presión que soporta el Gobierno secesionista liderado por Carles Puigdemont se ha disparado este jueves. Tras su desafío del 1 de octubre y el intento por contaminar con su relato la imagen internacional sobre lo ocurrido en el concflicto entre la Generalidad y el Estado, la fuga de empresas hacia el resto del territorio español ha tocado techo en esta jornada con la marcha del Banco Sabadell y el rumor de la huida, también, de otros colosos financieros trascendentales.
Por eso el Govern ha entrado en crisis y ha tratado de responder con una acusación a su némesis, el Ejecutivo liderado por Rajoy, como culpable de la fuga de imputs económicos inestimables. Sin tener en cuenta la inestabilidad que ha generado su salto al vacío en los mercados y las pérdidas bursátiles que han arrastrado algunas de las entidades que se han trasladado a otros puntos de la península desde el domingo, con la intención de esquivar los fantasmas de incertidumbre.
Así, la cúpula separatista en el poder ha denunciado que el Gobierno "quiere castigar a la economía catalana" con el decreto que prevé aprobar mañana el Consejo de Ministros para facilitar a las empresas la salida rápida de Cataluña. Pere Aragonès, secretario de Economía del Govern, ha sido el encargado de aportar esta postura oficial ante el movimiento de Moncloa. Lo ha hecho a través de Twitter, desde donde ha manifestado que el Ejecutivo español "ve la independencia de Cataluña cerca" y que la directriz tomada es de una "irresponsabilidad total".
No obstante, a pesar del riesgo de contagio, fuentes del Govern ha asegurado que consideran la salida del Sabadell y la amenaza de salida de otra entidad gigantesca de territorio catalán son eventos que contienen un "impacto económico mínimo". Asimismo, han querido aclarar que seguirán "trabajando con los bancos, tengan donde tengan la sede social".
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