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AL PASO

Historia y audacia en el momento catalán

Juan José Solozábal
martes 31 de octubre de 2017, 20:04h

Estos días, reflexionando sobre los acontecimientos que estamos viviendo, he recordado la insistencia de García Pelayo subrayando la historicidad de lo político, quiere decirse, la capacidad del escenario público, para la innovación y la sorpresa, y la necesidad de que el observador acomode su óptica continuamente si quiere entender la verdadera naturaleza de las cambiantes circunstancias. García Pelayo aludía a nuestra condición histórica porque las explicaciones de lo que nos pasa necesariamente han de proceder de Clío, que es la que primero da razón de lo que acontece. Este recurso a la historia tiene un significado existencial, especialmente en las coyunturas de crisis como en la que nos hallamos. Somos históricos, en segundo lugar, porque nada, ninguna forma política, es definitiva o permanente. Antes bien estas son temporales, y ello de modo esencial al no poder dejar de ser transitorias, pues nunca alcanzan una plenitud definitiva. Una tercera acepción de la historicidad, según García Pelayo, tiene que ver con la apertura e innovación de la vida política, consecuencia de la libertad de los hombres. La naturaleza es obra de Dios y se comporta recurrentemente. “La historia en cambio la hacen los hombres y en la misma, sin ignorar que puede haber repeticiones, hay un espacio para la innovación y el despliegue de la libertad de sus protagonistas”.

Efectivamente también en nuestro actual momento histórico, esto es, en la crisis catalana, hay espacio para la innovación y la sorpresa. Eso convierte en fascinante el espectáculo de la política, un thriller sin tregua que no podemos abandonar, pues no decae ni defrauda, y que, antes bien, renueva su atracción de continuo. La semana pasada, después de la declaración de la independencia, estábamos perplejos, preocupados por una situación de empate que parecía sin salida. ¿Qué haría el Estado? De acuerdo, pondría en marcha el mecanismo del artículo155 de la Constitución, respondiendo con firmeza y proporcionalidad. ¿Pero qué medidas adoptaría? Trataría de restaurar la legalidad constitucional, pero sin que su reacción supusiese un golpe al propio orden constitucional. La interpretación del artículo 155 CE, como cláusula de plenos poderes(era mucho más fácil entender ese precepto en su literalidad si se trataba de hacer frente a un simple incumplimiento por una Comunidad Autónoma de sus obligaciones constitucionales ordinarias) podía pecar de incongruencia, si se abusaba en la afectación a los rasgos esenciales del sistema, entre ellos la autonomía política, y conllevaba graves riesgos políticos con efectos deslegitimadores si la intervención se prolongaba en el tiempo. Estos inconvenientes no los salvaba una intervención suave, que era la que, llevados de la mejor intención, muchos imaginábamos o preconizábamos.

Aquí es donde se mostró el talento político de Rajoy, que ha sabido esperar: se ha cargado de razones, antes de recurrir al artículo citado. Un principio a observar en el tiempo de la crisis es el principio de la oportunidad, esto es, la reacción del Estado ha de acertar con el momento de la adopción de las medidas: adelantarse al peligro es actuar prematuramente, operando sobre intenciones que pueden no corresponderse a la realidad; retrasar la intervención puede suponer una demora que reste eficacia a la respuesta, cuando ya se han producido hechos consumados que tienen una difícil marcha atrás.

La interpretación del artículo 155 de la Constitución no era fácil y su juego como cláusula de plenos poderes, que es, en realidad, el entendimiento que ha prevalecido, solo estaba justificado ante una situación de extremo peligro para la misma supervivencia de Estado, como ha ocurrido cuando se ha procedido a declarar la independencia de Cataluña en el Parlament. Los rasgos vodevilescos de la ejecución de la declaración de independencia en una sesión, inconstitucionalmente convocada y plagada de irregularidades, no pueden ocultar su gravedad extrema, que nadie se llame a engaño. El Estado constitucional no es una organización inerme, que pueda asistir impávida a su destrucción. El Estado cuya justificación es la protección de los derechos de los ciudadanos, su libertad y derecho de participación entre otros, no está indefenso ante las amenazas de su liquidación. El primer derecho del Estado es justamente el de su propia autodefensa. Sin Estado volvemos a la situación hobbesiana del imperio del más fuerte, esto es, a la pura anarquía.

Las decisiones del Gobierno, han sido adoptadas en virtud de la autorización del Senado como exige la Constitución. Por cierto, un mentís a quienes abusivamente han insistido, opportune et inopportune, en la superfluidad e inutilidad de nuestra cámara territorial, que dada su condición inequívocamente parlamentaria ofrece un respaldo legitimador evidente. Las medidas adoptadas por el Gobierno, amparadas por la autorización referida, respetan el principio de proporcionalidad especialmente en su momento de adecuación. Suponen una intervención limitada, aunque suficiente para conseguir la finalidad buscada, que no es otra que, como corresponde a una democracia, dejar que sea el cuerpo electoral el que establezca las bases para afrontar la situación política que se ha seguido del comportamiento anticonstitucional de la Generalitat. Las medidas que toma el Gobierno tienen vigencia temporal acotada; son controlables jurisdiccionalmente, como lo es asimismo la autorización del Senado en que aquellas se basan como Acto del Estado con fuerza de ley; y están sujetas a seguimiento parlamentario.

Son medidas además audaces, que han sorprendido por suponer una réplica a la actuación que el ex-President se resistió a llevar a cabo, y que no resultan fácilmente oponibles por quienes han defendido que lo primero es votar, aunque sea irregularmente. Ahora sí, votación regular, y limpia, con garantías democráticas plenas. Este golpe de timón, que responde adecuadamente a lo que se espera en una circunstancia excepcional, a saber, que aparezca el que manda, ha dado un vuelco a la situación y ha dejado, como se ha dicho, al independentismo en la lona. La política necesita de la sabiduría o virtú, pero también del valor y la resolución. Quizás sea cierto, como pensaba Maquiavelo, que la fortuna está con los audaces.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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