Si seguimos empleando los mismos conceptos para referirnos a la situación política presente, seguiremos cometiendo los mismos errores y España no tendrá solución. Es hora de precisar con todo rigor el lenguaje que se emplea, de lo contrario es muy difícil escapar de lo irracional. Tan es así que podemos decir que el problema que aqueja a España es, entre otros, un problema de lógica del lenguaje político que se refleja en la realidad. ¿No es contradictorio que el art.2 de la Constitución española hable de la unidad indisoluble de la nación española y a la vez se admita que partidos cuyo programa es romper esa unidad se puedan presentar a las elecciones, y si lo aplican de hecho son juzgados de acuerdo a artículos que emanan de aquel artículo de la Constitución? Hay quienes dicen que hay que distinguir las ideas de los hechos. O sea, las ideas se permiten, pero su aplicación práctica no. Total absurdo. “Juntos por el sí” se presentó a las elecciones con la idea de la independencia, porque ¿qué era el “sí” sino eso? Y luego no admitimos que cumplan su programa. Entonces se repiten bobadas, como que en democracia todas las ideas están permitidas. Pero un político no es un filósofo que sólo tiene las ideas en la cabeza, sino que tiene un programa para ponerlo en práctica. Eso es lo que ha ocurrido ahora con los separatistas. Y es lo que ocurrirá cuantas veces se presenten a las elecciones. Lo ha dicho Oriol Junqueras al New York Times: nos presentamos a las próximas elecciones “como medio para validar y consolidar la República”. O sea, las próximas elecciones sólo autonómicas son vistas por el independentismo de nuevo como un sucedáneo del prohibido referéndum. Así lo ha visto también Puigdemont desde Bruselas. Y así será interpretado si la voz del constitucionalismo es “les vamos a ganar en las urnas”. Hemos caído en la trampa, porque no se dirime un pleito entre unionistas y separatistas. Pero ¿cómo aclarar el asunto? Hay quien dice que la Constitución permitiría un referéndum pactado, pero yo no veo el fundamento jurídico de tal opinión. Creo que el Tribunal Constitucional, para resolver el problema crucial, que es el fondo del asunto de que trato, ha empleado una conocida expresión: España no es “una democracia militante”. Ignoro en qué texto legal se funda esa idea. O sea, que se pueden presentar a las elecciones partidos no democráticos y partidos que quieren la destrucción de España. Eso es grave y parece introducirnos en un bucle insoluble, si estas aporías no se resuelven. Y no veo otra solución que por la ley de Partidos o aún más fácilmente, al parecer, por la ley de Asociaciones se prohíban aquellos partidos que contradicen el art. 2 y pretenden la destrucción de España. Algunos se amparan en que el separatismo tiene que poder reformar la Constitución. Pero, aparte de que tal pretensión no exime de acatar la Constitución vigente, por mucho que se reforme no es posible que una Constitución admita la destrucción posible de la propia nación y los partidos que lo pretendan. Y lo mismo cabe decir de los partidos antidemocráticos, porque creo que la mayoría de los españoles quieren una “democracia militante”. Relacionado con ello, hay que resolver urgentemente otros absurdos, por ejemplo, el permitido por una legislación mostrenca que permite que pueda haber un presidente de Cataluña en la cárcel o fuera de España, si los separatistas ganan las elecciones. Sin ser jurista, no creo que sea tan difícil proponer entre las medidas cautelares judiciales la inhabilitación provisional, reformando lo que haga falta.
¿El Gobierno no ha pensado en estas contradicciones antes de convocar elecciones autonómicas tan inmediatas, que los separatistas ya se han encargado de interpretar como un plebiscito para su proyecto ilegal que están dispuestos a repetir? Si ganan, ¿alguien duda de que su idea obsesiva es lograr la independencia para la que simplemente alegan que aún no estaban preparados o que carecían de un apoyo social suficiente? ¿Entonces, cuando lo intenten de nuevo, momento que llegará más pronto que tarde, volverá a aplicarse el art. 155? ¿Cuánto tiempo soportará España estas contradicciones, cuyo daño económico ya es evidente? ¿España se puede permitir el lujo de hablar de constitucionalistas y de los que no lo son, o sea delincuentes, como se ha demostrado, que alegremente pueden presentarse a las elecciones? ¿Y todo lo que se le ocurre decir al Gobierno y a los constitucionalistas es “a ver si por casualidad ganamos en las urnas”, sin recuperar medios de comunicación ni educación, en un clima antidemocrático y violento, como el que hay en Cataluña? ¿Se podrá convencer a los votantes de que unas simples elecciones autonómicas no tratan de resolver ningún problema de identidad, puramente sentimental, sino los problemas sociales que tienen que ver con la práctica racional?
Por eso, puesto que no veo al Parlamento ni al Gobierno capaces de prohibir nada, al menos, para evitar que volvamos a enfrentarnos con la disyuntiva independentismo-unionismo, ya que teoría y práctica programática son indisociables, como dije, habrá que exigir a los separatistas que en su programa no hagan referencia alguna a la independencia e incluso que juren o prometan respetar la Constitución, y no con triquiñuelas como “por imperativo legal” o algo parecido.
Gabriel Albendea es escritor y catedrático de filosofía.
Su último libro: ¿Por qué Marx se equivocó?
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