El Grupo Ávila llama la atención de la comunidad internacional sobre el nuevo mecanismo de control político y exclusión que ha implantado el régimen de Venezuela a través del llamado “carnet de la patria”.
Se trata de un medio de identificación que pretende sustituir la cédula de identidad, y que es exigido a los ciudadanos por parte de las autoridades para poder tramitar las pensiones, acceder a los programas de alimentación, a la distribución de medicinas, servicios públicos de salud y cualquier otro programa o servicio público.
Durante la jornada electoral del domingo 10 de diciembre, los voceros del gobierno exhortaron a los ciudadanos a presentar el referido carnet para ejercer su derecho al voto, en contravención de toda la normativa electoral y como medio de control de los votantes. En realidad lo que se observó fue el abuso del poder del Estado para someter la voluntad de un pueblo en situación de extrema necesidad.
Este nuevo sistema de identificación es un mecanismo de discriminación y exclusión contra aquellos ciudadanos que no lo posean. Constituye una violación más de los derechos humanos de los venezolanos, que se ejecuta de manera generalizada y sistemática, contra la población y que podría constituir un crimen de lesa humanidad a la luz de lo establecido el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.
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