A horas de decidirse la votación en Cataluña y ante el escenario complicado dibujado por encuestas, el gran tema no radica en saber si ganan los constitucionalistas o los independentistas, sino qué respuestas políticas ofrecerá el régimen a la fractura de la sociedad. El saldo electoral cualquiera que sea, abrirá otra puerta a la incertidumbre política.
No haber sido más oportuna la aparición del libro Transición. Historia de una política española (1937-2017), del historiador político santos Juliá (Galaxia Gutenberg). El título mismo es una definición y una provocación: “una política española”, porque si hay una, entonces deben existir más. La crisis de régimen que representa el expediente Cataluña puede leerse en función del proceso institucional y de Estado de España desde el arribo al gobierno de Adolfo Suárez.
La transición fue un proceso que culminó institucionalmente con el plebiscito a favor de la Constitución. Y su culminación política ocurrió en 1996 con el arribo a la presidencia del gobierno del Partido Popular. Luego de la guerra civil y del franquismo 1936-1975, el eje dialéctico monarquía-república se arregló con el proceso institucional que permitió el gobierno de la izquierda (PSOE) y de la derecha (PP), sin “praderas quemadas”, frase atribuida al rey Juan Carlos al referirse a que la izquierda debía entrar al gobierno, estar y salir y no dejar colapsos detrás.
Pero si las transiciones son procesos de tránsito de un régimen a otro, en España pareció servir como definición de un modelo permanente de gobierno. La transición terminó cuando la democracia se institucionalizó por la vía electoral y se consolidó saltando el obstáculo del 23-F. Como todo proceso social, los regímenes de gobierno carecen de permanencia: la crisis económica del 2008-2009, que colapsó a democracias en todo el mundo y también en Europa, llevó a la crisis de los indignados y sus secuelas en la desorganización de los equilibrios de la transición. La aparición de Podemos y el fortalecimiento de Ciudadanos representó un reacomodo en los acuerdos bipartidistas del 78. Y sin resolver los desafíos, la reactivación de las autonomías se convirtió en otro reto para la democracia. La respuesta institucional creyó tener en el régimen del 78 las soluciones.
Después de la caída del muro de Berlín y del colapso del régimen soviético y el fracaso de su transición --contada meticulosamente por Gorbachov en sus Memorias que deben releerse para entender por qué fallan las transiciones--, las viejas categorías ideológicas heredadas del marxismo quedaron sin reflexionarse. Las nuevas ideas irrumpieron como movimientos sociales: autonomías, nacionalidades, ecologismo, consumo legal de drogas, feminismo, lucha de géneros, sexualidades, minorías, populismos, nacionalismos y reivindicación de pasados históricos. En el México del PRI, por ejemplo, en 1994 saltó a la lucha el movimiento indigenista del EZLN para regresar al México originario anterior a la dominación española 1525-1821, pero en la realidad actual de menor de 15% de población indígena y menos de 8% con prácticas tradicionalistas.
La nueva correlación de fuerzas ideológicas trasladó el motor de la historia de la lucha de clases a las luchas sociales parcializadas. Por tanto, los enfoques de sistema político, régimen de gobierno y Estado son diferentes a las que conocíamos antes de 1989. El socialismo y el capitalismo carecen de respuestas a las nuevas ideas. Juliá, por ejemplo, resume el conflicto presente en la ruptura nacionalismos-populismos. Pero los sistemas democrático institucionales no saben cómo lidiar con las expresiones individualistas de movimientos sociales y sus formas de eludir los mecanismos procedimentales de toda democracia. Y su capacidad de legitimación filosófica choca de frente con radicalismos autoritarios.
Lo que está en medio de todas las crisis es la política económica como lastre al desarrollo. Los indignados españoles surgieron desde el desempleo, la crisis de expectativas y una juventud sin destino histórico. Los nacionalismos reivindican autonomías absolutas en sistemas federados que prorratean las restricciones y los ajustes macroeconómicos con altos costos sociales. Las zonas ricas no quieren seguir cargando con el reparto de escasos recursos con zonas sin capacidad de desarrollo. El populismo se quiere dedicar a programas improductivos con cargo al gasto para tranquilizar rebeliones de marginados.
Enfrente, las políticas de desarrollo coartadas por equilibrios presupuestales no saben cómo explicarles a los marginados que su sacrificio es inevitable, si en el fondo la distribución de la riqueza se ha convertido en un detonador social. En México el 70% de las familias tiene el 36% del ingreso, en tanto que el 10% de los más ricos acaparan otro 36%: muchos con poco, pocos con mucho. Y sin respuestas presupuestales, cómo no quieren que los populismos (la “sociedad de beneficencia” que hablaba Marx de los bonapartistas en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte) no quieran exigir lo que le corresponde.
Las elecciones en Cataluña no darán la respuesta esperada, sino que complicarán más las cosas con cualquier resultado, Las encuestas revelan una sociedad polarizada casi 50-50. La crisis que llevó a las elecciones se puede repetir una vez y otra vez, porque la salida está en una nueva transición hacia un régimen que encuentre la forma de canalizar los nacionalismos, igual que los populismos sólo se pueden encarar con un nuevo paradigma del desarrollo que no esté atado al déficit presupuestal como tótem inconmovible.
Siguiendo a Leonardo Morlino, el régimen del 78 entró en crisis y necesita transitar a una nueva forma de convivencia social (marginación) y nacional (autonomías). En 78 fue la democracia y salió muy bien. Hoy es la reorganización comunitaria y puede salir bien o terminar mal, y dejar el régimen democrático con praderas quemadas.
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